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Desmantelado grupo criminal que ejecutaba secuestros express en el Meta

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La Policía Meta logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los Falsos’, señalados de cometer secuestros extorsivos a través de falsas promesas de trabajo y de contratación.

Este grupo criminal, desarrollaba su accionar delictivo en los municipios de San Martín y Guamal, cuya finalidad era ofrecer servicios de contratación para cometer el hurto a las pertenencias de sus víctimas, a su vez, durante la retención, realizan exigencias de altas sumas de dinero que oscilaban entre los 15 y 25 millones de pesos; actividad de la cual se deriva su sustento y apoyo económico para el reclutamiento de más personas, la compra de armas y equipos logísticos.

Relacionados con varios casos 

Las unidades de Policía Judicial, dan cuenta de la participación de estos criminales en siete hechos relacionados con la misma modalidad en año 2021, donde sumado a ello, intimidaban a sus víctimas aduciendo pertenecer a las disidencias de las FARC o como integrantes del ‘Clan del Golfo’. Así mismo, se conoció que esta organización se disputa la injerencia delictiva en el departamento del Meta con otras estructuras por el control territorial, realizando exigencias indiscriminadas de dinero a gremios de comerciantes, ganaderos, agricultores y empresarios de la región.

Dos de los criminales, conocidos con los alias de ‘El Soldado’ y ‘El Indio’, fueron capturados el pasado 28 de enero del presente año, en zona rural del municipio de Guamal, actualmente se encuentran en las cárceles de Villavicencio y Granada, respectivamente. El último de integrante de este grupo ilegal, alias ‘El Burro’, cayó durante el operativo policial desarrollado en el municipio de San Martín, el cual permitió materializar su captura por orden del Juzgado Segundo Promiscuo de ese municipio, por los delitos de hurto calificado agravado y secuestro extorsivo.

Perfiles criminales 

Gracias a las labores investigativas de campo, interceptación de llamadas, entrevistas, estudios y análisis de material de inteligencias, se logró presentar suficiente material probatorio, que permitió a la Fiscalía General de la Nación, realizar la imputación de estos mismos delitos a ‘El Soldado’ y ‘El Indio’; al mismo tiempo, establecer la participación de cada uno de estos sujetos dentro del grupo criminal, así:

‘El Soldado’ de 40 años de edad el líder de la estructura, sería la persona encargada de tomar contacto con sus víctimas mediante las falsas promesas. Luego de ganarse su confianza, los citaba en parajes rurales y de difícil acceso, en estos lugares los despojaba de sus pertenencias, los retenía para realizar las exacciones de dinero a sus familiares.

‘El Indio’ de 30 años de edad, era el encargado de coordinar medios logísticos, la movilidad y la obtención de armas de fuego con las cuales realizaban sus intimidaciones para cometer los delitos; de igual manera, se estableció que esta persona perteneció por espacio de 10 años al grupo paramilitar ERPAC.

Por último, ‘El Burro’ de 30 años de edad, sería el encargado de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas criminales, así como la venta de los bienes hurtados a sus víctimas. Un Juez de la República confirió medida de aseguramiento en la cárcel de Granada.

Fuente: Policía Meta

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Gobernadora del Meta denunció incursión de grupos armados en zona rural de Puerto Rico

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, denunció la situación presentada en la inspección de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico, en donde hombres, identificados como de la Nueva Marquetalia reunieron a la comunidad diciéndoles que tenían el control de la zona.

La mandataria señaló que una vez salieron, llegaron integrantes de las Farc (Estado Mayor Conjunto) manifestando que serían ellos quienes tendrían el control de la zona, y no la Nueva Marquetalia, situación que por poco deriva en un enfrentamiento.

Ante dicha situación, se realizó Consejo extraordinario de Seguridad en Puerto Rico, en donde se tomaron de inmediato acciones como el desplazamiento a la zona de tropas del Ejército Nacional, las cuales ya se encuentran en la zona.

“Hoy le quiero pedir a la Fiscalía General de la Nación que inicie las investigaciones pertinentes y al gobierno Nacional que aumente el pie de fuerza para que podamos proteger a la población civil departamento, hoy les quiero reiterar mi compromiso de proteger todo el departamento del Meta”, fue el mensaje de la gobernadora a la comunidad.

También, solicitó al Ministerio de Defensa y a la Defensoría del Pueblo, para que se investiguen de manera urgente estos hechos y se atienda la situación en esta zona. Igualmente, la mandataria, dará a conocer esta situación ante la Misión de Verificación de la ONU, con el fin de que la población civil sea sacada del conflicto y evite el reclutamiento de jóvenes.

Fuente: Gobernación del Meta

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Judicializado investigador del CTI que estaría extorsionando al propietario de una finca en el Meta

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Tras valorar los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, un juez le dictó medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria a Dagoberto Henao Ospina, funcionario activo del CTI en la Seccional Meta.

El investigador sería el presunto responsable de exigir dinero a un habitante de la vereda Rancho del Guadual de Puerto Lleras (Meta).

Los hechos que lo involucran ocurrieron en noviembre de 2023, fecha en la que, al parecer, Henao Ospina, junto con otras dos personas, llegó  hasta la finca de la víctima  y con un arma de fuego le habría exigido el pago de 2 millones de pesos por una supuesta deuda.

Su captura se llevó a cabo mediante orden judicial este 20 de febrero en vía pública de Granada (Meta), por investigadores del CTI de la Fiscalía y militares del grupo Gaula Ariari.

Ante un juez de garantías la Fiscalía le imputó cargos por el delito de extorsión agravada tentada, el cual no fue aceptado.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Juez ordena restituir tierras a familia desterrada por las Farc en el Meta

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Una familia del Meta, integrada por una viuda y sus tres hijos, serán compensados con un nuevo predio a cambio del que debieron abandonar por cuenta de la presión generada por extinta la guerrilla de las FARC-EP en la inspección de La Julia, en Uribe, según una sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.

En el año 2004, la mujer y su esposo (Q.E.P.D) adquirieron una casa lote de 441 metros cuadrados en la cual construyeron dos habitaciones, sala comedor y cocina, donde habitaban con sus hijos. Además, habilitaron un espacio para el funcionamiento de una peluquería y una tienda de abarrotes, y tenían cultivos de plátano, yuca, limón, aguacate y chontaduro.

La tranquilidad para esta familia terminó en 2006, cuando miembros de Ejército Nacional llegaron al caserío para ubicarse justo en un predio contiguo a su vivienda, y allí, los uniformados pernoctaban, cocinaban y lavaban su ropa. Ante el inminente riesgo que esto les representaba, los integrantes de la familia decidieron trasladarse hacia una finca de su propiedad y dejaron el inmueble solo.

A mediados de ese año, el jefe del hogar se enfermó de gravedad y fue remitido a Villavicencio y después a Bogotá. Lamentablemente, meses después ocurrió su deceso, por lo que la familia permaneció en la capital del país hasta enero de 2007.

Tras el retorno de los familiares a La Julia, guerrilleros del Frente 40 de las FARC les informaron que no podían vivir en la zona. La viuda pudo vender la finca, pero no pudo ofrecer la casa lote, por lo que debieron dejarla abandonada y desplazarse a otra ciudad para salvaguardar sus vidas. Años después, se supo que la Junta de Acción Comunal fraccionó el predio y lo vendió a una mujer cabeza de hogar.

César Santoyo, director territorial de la URT en Meta, explicó que la entidad llevó este caso ante la justicia y, como resultado del acompañamiento de la Unidad, se logró la restitución mediante compensación. De tal manera, a la familia

beneficiaria se le comprará un nuevo predio de similares características en el sitio de su elección.

Además de la compensación, esta familia tendrá derecho a la oferta institucional de Estado como garantía para su reparación integral y para garantizar su sostenibilidad. Asimismo, el juez decretó la calidad de segundo ocupante a una mujer anciana cabeza de hogar que en la actualidad habita en el predio y quien continuará residiendo allí.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

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