META
Desmantelado grupo criminal que ejecutaba secuestros express en el Meta
La Policía Meta logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado denominado ‘Los Falsos’, señalados de cometer secuestros extorsivos a través de falsas promesas de trabajo y de contratación.
Este grupo criminal, desarrollaba su accionar delictivo en los municipios de San Martín y Guamal, cuya finalidad era ofrecer servicios de contratación para cometer el hurto a las pertenencias de sus víctimas, a su vez, durante la retención, realizan exigencias de altas sumas de dinero que oscilaban entre los 15 y 25 millones de pesos; actividad de la cual se deriva su sustento y apoyo económico para el reclutamiento de más personas, la compra de armas y equipos logísticos.
Relacionados con varios casos
Las unidades de Policía Judicial, dan cuenta de la participación de estos criminales en siete hechos relacionados con la misma modalidad en año 2021, donde sumado a ello, intimidaban a sus víctimas aduciendo pertenecer a las disidencias de las FARC o como integrantes del ‘Clan del Golfo’. Así mismo, se conoció que esta organización se disputa la injerencia delictiva en el departamento del Meta con otras estructuras por el control territorial, realizando exigencias indiscriminadas de dinero a gremios de comerciantes, ganaderos, agricultores y empresarios de la región.
Dos de los criminales, conocidos con los alias de ‘El Soldado’ y ‘El Indio’, fueron capturados el pasado 28 de enero del presente año, en zona rural del municipio de Guamal, actualmente se encuentran en las cárceles de Villavicencio y Granada, respectivamente. El último de integrante de este grupo ilegal, alias ‘El Burro’, cayó durante el operativo policial desarrollado en el municipio de San Martín, el cual permitió materializar su captura por orden del Juzgado Segundo Promiscuo de ese municipio, por los delitos de hurto calificado agravado y secuestro extorsivo.
Perfiles criminales
Gracias a las labores investigativas de campo, interceptación de llamadas, entrevistas, estudios y análisis de material de inteligencias, se logró presentar suficiente material probatorio, que permitió a la Fiscalía General de la Nación, realizar la imputación de estos mismos delitos a ‘El Soldado’ y ‘El Indio’; al mismo tiempo, establecer la participación de cada uno de estos sujetos dentro del grupo criminal, así:
‘El Soldado’ de 40 años de edad el líder de la estructura, sería la persona encargada de tomar contacto con sus víctimas mediante las falsas promesas. Luego de ganarse su confianza, los citaba en parajes rurales y de difícil acceso, en estos lugares los despojaba de sus pertenencias, los retenía para realizar las exacciones de dinero a sus familiares.
‘El Indio’ de 30 años de edad, era el encargado de coordinar medios logísticos, la movilidad y la obtención de armas de fuego con las cuales realizaban sus intimidaciones para cometer los delitos; de igual manera, se estableció que esta persona perteneció por espacio de 10 años al grupo paramilitar ERPAC.
Por último, ‘El Burro’ de 30 años de edad, sería el encargado de recolectar y administrar el dinero producto de las rentas criminales, así como la venta de los bienes hurtados a sus víctimas. Un Juez de la República confirió medida de aseguramiento en la cárcel de Granada.
Fuente: Policía Meta
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
