META
Desmantelada red de trata de mujeres que operaba desde Villavicencio
Tras 11 meses de labores de investigación autoridades de Colombia y España lograron la desarticulación de una estructura de crimen organizado, dedicada al reclutamiento de mujeres de escasos recursos económicos, a quienes convencían con falsas promesas de trabajo.
En el Viejo Continente eran víctimas de explotación sexual.
En total, fueron capturadas 24 personas, cuatro de ellas en Bogotá, una en Villavicencio y 19 en España. En total 23 eran de nacionalidad colombiana y una nacida en ese país. Dentro de las personas puestas a disposición de la justicia en la capital colombiana figura el cabecilla, alias ‘Medina’.
Igualmente, fueron rescatadas 26 mujeres, dentro de ellas una menor de 16 años de edad. Frente a este último caso, los investigadores lograron establecer que pudo salir del país con documentos de autorización falsificados por la organización. En este momento ya se encuentra protegida.
Esta red delictiva se valía de una academia que supuestamente dictaba clases de belleza integral, ubicada en la capital de Meta. Allí, eran escogidas las víctimas especialmente entre los 16 y los 25 años de edad.
¿cómo operaba la red?
Una de las señaladas integrantes de la estructura criminal, conocida como ‘Mercedes’ y quien tiene en su contra varias denuncias por estafa, era la encargada de convencer a menores de edad y jóvenes de escasos recursos con falsas promesas de trabajo en España, lo que presuntamente les iba a representar la posibilidad de obtener dinero para ellas y sus familias en Colombia.
Les ofrecía, por ejemplo, estadía en España donde un supuesto familiar y la opción de emplearse en trabajos de belleza, oficios varios o cuidando adultos mayores. Para hacer más atractiva la ‘oferta’ les prometían pasajes, alimentación e, incluso, el trámite de documentos para el desplazamiento a Europa.
La siguiente fase de la estrategia criminal consistía en trasladar a las víctimas a Bogotá, exactamente a una casa ubicada en el sur de la ciudad, donde recibían instrucciones por parte del cabecilla alias ‘Medina’ para pasar desapercibidas ante las autoridades aeroportuarias de Colombia y España. En ese inmueble, les entregaban pasaporte, dinero y pasaje de ida (sin retorno).
Una vez arribaban al Viejo Continente, las mujeres eran trasladadas a distintos apartamentos de la ciudad española de Úbeda (provincia de Jaén de la comunidad autónoma de Andalucía), donde les retenían sus documentos personales y las despojaban de sus celulares para impedir cualquier comunicación con sus familiares, amigos o autoridades. Para evitar su fuga, la red las obligaba a firmar pagarés por sumas que ascendían inicialmente hasta los 3.300 euros, cantidades que se incrementaban día a día por concepto de manutención o multas.
Lamentablemente, las víctimas no tenían otro camino que cancelar sus deudas a través de la explotación sexual a la que eran sometidas.
Todos los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y constreñimiento a la prostitución.
Fuente: Policía Nacional
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
