META
Desmantelada red de trata de mujeres que operaba desde Villavicencio
Tras 11 meses de labores de investigación autoridades de Colombia y España lograron la desarticulación de una estructura de crimen organizado, dedicada al reclutamiento de mujeres de escasos recursos económicos, a quienes convencían con falsas promesas de trabajo.
En el Viejo Continente eran víctimas de explotación sexual.
En total, fueron capturadas 24 personas, cuatro de ellas en Bogotá, una en Villavicencio y 19 en España. En total 23 eran de nacionalidad colombiana y una nacida en ese país. Dentro de las personas puestas a disposición de la justicia en la capital colombiana figura el cabecilla, alias ‘Medina’.
Igualmente, fueron rescatadas 26 mujeres, dentro de ellas una menor de 16 años de edad. Frente a este último caso, los investigadores lograron establecer que pudo salir del país con documentos de autorización falsificados por la organización. En este momento ya se encuentra protegida.
Esta red delictiva se valía de una academia que supuestamente dictaba clases de belleza integral, ubicada en la capital de Meta. Allí, eran escogidas las víctimas especialmente entre los 16 y los 25 años de edad.
¿cómo operaba la red?
Una de las señaladas integrantes de la estructura criminal, conocida como ‘Mercedes’ y quien tiene en su contra varias denuncias por estafa, era la encargada de convencer a menores de edad y jóvenes de escasos recursos con falsas promesas de trabajo en España, lo que presuntamente les iba a representar la posibilidad de obtener dinero para ellas y sus familias en Colombia.
Les ofrecía, por ejemplo, estadía en España donde un supuesto familiar y la opción de emplearse en trabajos de belleza, oficios varios o cuidando adultos mayores. Para hacer más atractiva la ‘oferta’ les prometían pasajes, alimentación e, incluso, el trámite de documentos para el desplazamiento a Europa.
La siguiente fase de la estrategia criminal consistía en trasladar a las víctimas a Bogotá, exactamente a una casa ubicada en el sur de la ciudad, donde recibían instrucciones por parte del cabecilla alias ‘Medina’ para pasar desapercibidas ante las autoridades aeroportuarias de Colombia y España. En ese inmueble, les entregaban pasaporte, dinero y pasaje de ida (sin retorno).
Una vez arribaban al Viejo Continente, las mujeres eran trasladadas a distintos apartamentos de la ciudad española de Úbeda (provincia de Jaén de la comunidad autónoma de Andalucía), donde les retenían sus documentos personales y las despojaban de sus celulares para impedir cualquier comunicación con sus familiares, amigos o autoridades. Para evitar su fuga, la red las obligaba a firmar pagarés por sumas que ascendían inicialmente hasta los 3.300 euros, cantidades que se incrementaban día a día por concepto de manutención o multas.
Lamentablemente, las víctimas no tenían otro camino que cancelar sus deudas a través de la explotación sexual a la que eran sometidas.
Todos los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir, trata de personas y constreñimiento a la prostitución.
Fuente: Policía Nacional
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
