META
Cormacarena lanza alerta por desaparición de abejas en el Meta
El país está preocupado por la masiva desaparición de las abejas y el Meta no es ajeno a esta problemática. Según expertos, durante los últimos tres años se han muerto en el país por envenenamientos masivos con agroquímicos un 34% (15.677) del total (46.186) de colmenas reportadas hasta julio de este año; aunque otros factores también influyen como lo es la destrucción del hábitat, la reducción de la diversidad de plantas y árboles florales y el cambio climático.
En el Meta la apicultura está perdiendo fuerza pese al esfuerzo que se ha realizado por parte de Cormacarena, miles de apicultores han perdido sus colonias a causa de pesticidas para proteger las áreas de siembra, en especial aquellos que contienen neocotinoides y Fipronil, siendo estos productos responsables de afectar el sistema nervioso central de las abejas.
Durante el 2017, Cormacarena ha realizado capacitaciones en municipios como Cabuyaro, Puerto Gaitán, San Carlos de Guaroa y Uribe, con el fin de incentivar esta profesión, que además de aportar ingresos en la economía de los campesinos y de ser una actividad amigable con el ambiente, conserva esta especie que hoy, está desapareciendo por la falta de conciencia del hombre sobre la importancia de estos animales.
¿Pero porque son tan importantes las abejas?
Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), 100 especies de cultivos que proporcionan el 90 por ciento de los alimentos en todo el mundo, son polinizados por las abejas.
Esto se debe a que muchas variedades de árboles frutales dependen de la polinización cruzada. La producción de semillas híbridas en escala comercial crea una necesidad especial de polinización cruzada por insectos y se necesita una gran población de insectos para el intercambio del polen desde las hileras de plantas masculinas hasta las hileras de plantas femeninas.
Por ello, la Corporación ambiental hace el llamado a los agricultores del Meta en hacer un uso responsable de aquellos químicos tóxicos que implementan en sus cultivos, procurando que esta importante especie no se vea afectada, ya que si desaparecen en cuatro años la humanidad desaparecerá.
Fuente: Comunicaciones Cormacarena
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
