CASANARE
Derogan polémico Decreto expedido en Yopal, era inconstitucional dijo la Procuraduría
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, advirtió que el Decreto de la entonces alcaldesa (e) de Yopal, Luz Marina Cardozo Solano, que hace entrega simbólica de las llaves del municipio a Jesucristo, es inconstitucional porque desconoce los principios de la Carta Política según los cuales Colombia es un Estado Laico, no confesional y neutral ante cualquier credo religioso.
El jefe del Ministerio Público señaló que el mencionado Decreto no era legal y debía ser derogado, porque ignoraba el derecho a la libertad e igualdad de cultos. “Todas las convicciones religiosas son respetables pero no están llamadas a imponerse desde el ejercicio de la función pública”.
Como antecedente, recordó que la Corte Constitucional en su sentencia C-350 de 1994 estableció que la consagración oficial de la República de Colombia al Sagrado Corazón violaba la Carta Política.
“Las intenciones que tuvieron la Alcaldesa y su equipo para expedir este Decreto, obedecen a convicciones propias de su fuero interno que no deben interferir sus responsabilidades públicas. Hoy lo importante es que todos esperamos que Yopal logre escapar de las garras malignas de la corrupción, siguiendo la ruta de un servicio público integro que debe obedecer únicamente a valores establecidos en la Constitución y la Ley, sin ningún tipo de connotación religiosa”, advirtió el Procurador.
Carrillo Flórez exhortó a la Alcaldía de Yopal a derogar el Decreto, y advirtió que la Procuraduría General de la Nación estará atenta para iniciar las acciones que se requieran en este caso.
Revocan Decreto
Mediante el Decreto No. 042 del 21 de junio de 2017 la Alcaldía de Yopal revocó el polémico Decreto No. 036, luego de recibir la orden de la Procuraduría General de la Nación y de considerar que carecía de fundamento jurídico que facultara a la Alcaldesa para expedir el mencionado Acto.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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