CASANARE
Denuncian que ambulancias no prestan servicio de remisiones a lesionados en accidentes de tránsito
Familiares de personas que han resultado lesionadas en accidentes de tránsito en el departamento, denunciaron que las empresas de ambulancias no les prestan el servicio cuando los pacientes son remitidos a otros hospitales, argumentando que las aseguradoras del SOAT no les pagan, ante lo cual deben asumir elevados costos del transporte, siendo que ese es un servicio que está amparado por la póliza de seguro.
Freddy Alexander Grosso, tío de una jovencita que sufrió un accidente de tránsito la semana anterior en el municipio de Maní, y quien inicialmente perdió una cama conseguida en un hospital de Bogotá porque las empresas de ambulancias no le prestaron el servicio, denunció que no es justo que esté sucediendo esta situación, por cuanto generalmente son familias de muy escasos recursos que no cuentan con más de un millón de pesos que les exigen las empresas por trasladar a sus familiares accidentados. La jovencita accidentada estuvo a punto de perder otra cama conseguida en un hospital de Villavicencio, porque sus familiares no contaban con el dinero requerido para su traslado, finalmente lo pudieron conseguir y su traslado se cumplió el fin de semana anterior.
Al respecto, el veedor de salud Víctor Hugo Tamayo, indicó que esta es una situación que él ha venido denunciando desde hace algún tiempo, y que la Secretaría de Salud Departamental debe tomar cartas en el asunto dentro de sus funciones de Inspección y Vigilancia.
Agregó el profesional, que incluso existe una demanda de parte suya hacia una de estas empresas por negarse a prestar el servicio de transporte asistencial a un paciente accidentado, cosa que no debería ocurrir porque estos costos están cubiertos por la póliza de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, pero las empresas se niegan a hacerlo. “Las empresas de ambulancias quieren solo la carnecita pulpa, nada de huesito poroso”.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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