META
Defensoría pide iniciar diálogos con comunidades en Meta y Guaviare
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que se instale la mesa de diálogo social en en Meta y Guaviare sobre la base del trabajo que se ha venido adelantando en el último año y que permita avanzar en los cerca de los 17 acuerdos de la marcha campesina de 2021, que las comunidades ya han definido como sus prioridades.
Carlos Camargo destacó que, durante los últimos días, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un recorrido por las comunidades de la cuenca del Río Guayabero, especialmente en la vereda Nueva Colombia (Vista Hermosa – Meta) y Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare; con el fin de verificar la situación de derechos de esta zona del país.
En dichos acuerdos, las comunidades exigieron la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud, a la educación y problemáticas relacionadas con vías de acceso, vivienda, seguridad, tierras, medio ambiente y acuerdos de paz.
Recogiendo el sentir de la comunidad, la Defensoría propone tener en cuenta estos acuerdos como la línea base para la construcción de los diálogos regionales que permitan la generación de acciones para su efectivo cumplimiento.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, señaló que desde la Delegada para la Prevención de Conflictividad Social se hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la marcha campesina del Meta y Guaviare, -desarrollados en 3 mesas temáticas-, y realizar ejercicios de caracterización de la conflictividad social en el territorio, con el fin de propiciar escenarios de diálogo y la formulación de las recomendaciones a las autoridades competentes.
La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo estuvo integrada por equipos de la Defensoría Delegada para la Conflictividad Social y las Defensorías Regionales del Meta y Guaviare y con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la Dirección Nacional de Atención Trámite de Quejas y las Defensorías Delegadas para el Derecho a la Salud, Movilidad Humana, Asuntos Agrarios y Tierras y Derechos Colectivos y del Ambiente.
Llamado de las comunidades
Durante el recorrido por la cuenca baja del río Guayabero, la Defensoría del Pueblo recogió las principales inquietudes de las comunidades en temas relacionados con el derecho a la salud, el accesos a programas del Estado y demás acciones para el goce efectivo de los derechos.
La comunidad de Puerto Cachicamo y el núcleo veredal vecino, expresó que la atención en salud es precaria, toda vez que no cuenta con puestos de salud adecuados, ni se realizan jornadas de salud para la atención de la población. La comunidad requiere se realicen jornadas de atención integral, con suministro de medicamentos, y se habilite la prestación del servicio de una ambulancia fluvial.
De otro lado, se verificó que los establecimientos educativos se encuentran en mal estado, no cuentan con servicio de energía eléctrica y/o paneles solares, no hay agua potable y no hay acceso a internet. Igualmente se evidencia que no hay acceso para cursar los grados 10 y 11 en los colegios de la zona. Allí la comunidad requiere se amplie la oferta institucional para los jóvenes y se mejoren las condiciones en las que se encuentran los docentes.
Adicionalmente, la comunidad advierte la imposibilidad de transportarse por los altos costos de este servicio y por el mal estado de las vías. Debido a esta situación la comunidad no puede adelantar sus actividades económicas, transporte de alimentos, suministros y remisión de enfermos de alta complejidad.
Fuente: Defensoría del Pueblo
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
En el marco de la actuación preventiva sobre el suministro de agua, la Procuraduría General de la Nación reiteró que mantendrá el seguimiento institucional y exigió la pronta implementación de acciones que protejan el derecho de los villavicenses a acceder a agua potable de calidad.
En visita técnica para revisar el avance de proyectos estratégicos en Villavicencio, claves para restablecer el suministro de agua potable, el ente de control verificó la reconstrucción del viaducto sobre el río Guatiquía y la rehabilitación de la estación de bombeo de Puente Abadía, corroborando la información técnica suministrada por los responsables, así como los adelantos en infraestructura.
Asimismo, durante la inspección, la Entidad oficializó los compromisos que deben asumir tanto la administración local como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), entre ellos, el respeto a los plazos de ejecución y la pronta respuesta a los trámites administrativos.
El Ministerio Público reafirma su labor preventiva, reiterando el acompañamiento de la Procuraduría para que Villavicencio recupere y mantenga el servicio esencial de agua y exhortando a las autoridades al cumplimiento riguroso de los acuerdos establecidos.
