META
Defensoría pide iniciar diálogos con comunidades en Meta y Guaviare
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, hizo un llamado para que se instale la mesa de diálogo social en en Meta y Guaviare sobre la base del trabajo que se ha venido adelantando en el último año y que permita avanzar en los cerca de los 17 acuerdos de la marcha campesina de 2021, que las comunidades ya han definido como sus prioridades.
Carlos Camargo destacó que, durante los últimos días, una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo un recorrido por las comunidades de la cuenca del Río Guayabero, especialmente en la vereda Nueva Colombia (Vista Hermosa – Meta) y Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare; con el fin de verificar la situación de derechos de esta zona del país.
En dichos acuerdos, las comunidades exigieron la garantía y materialización del derecho fundamental a la salud, a la educación y problemáticas relacionadas con vías de acceso, vivienda, seguridad, tierras, medio ambiente y acuerdos de paz.
Recogiendo el sentir de la comunidad, la Defensoría propone tener en cuenta estos acuerdos como la línea base para la construcción de los diálogos regionales que permitan la generación de acciones para su efectivo cumplimiento.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, señaló que desde la Delegada para la Prevención de Conflictividad Social se hará seguimiento riguroso al cumplimiento de los acuerdos suscritos durante la marcha campesina del Meta y Guaviare, -desarrollados en 3 mesas temáticas-, y realizar ejercicios de caracterización de la conflictividad social en el territorio, con el fin de propiciar escenarios de diálogo y la formulación de las recomendaciones a las autoridades competentes.
La misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo estuvo integrada por equipos de la Defensoría Delegada para la Conflictividad Social y las Defensorías Regionales del Meta y Guaviare y con el acompañamiento de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la Dirección Nacional de Atención Trámite de Quejas y las Defensorías Delegadas para el Derecho a la Salud, Movilidad Humana, Asuntos Agrarios y Tierras y Derechos Colectivos y del Ambiente.
Llamado de las comunidades
Durante el recorrido por la cuenca baja del río Guayabero, la Defensoría del Pueblo recogió las principales inquietudes de las comunidades en temas relacionados con el derecho a la salud, el accesos a programas del Estado y demás acciones para el goce efectivo de los derechos.
La comunidad de Puerto Cachicamo y el núcleo veredal vecino, expresó que la atención en salud es precaria, toda vez que no cuenta con puestos de salud adecuados, ni se realizan jornadas de salud para la atención de la población. La comunidad requiere se realicen jornadas de atención integral, con suministro de medicamentos, y se habilite la prestación del servicio de una ambulancia fluvial.
De otro lado, se verificó que los establecimientos educativos se encuentran en mal estado, no cuentan con servicio de energía eléctrica y/o paneles solares, no hay agua potable y no hay acceso a internet. Igualmente se evidencia que no hay acceso para cursar los grados 10 y 11 en los colegios de la zona. Allí la comunidad requiere se amplie la oferta institucional para los jóvenes y se mejoren las condiciones en las que se encuentran los docentes.
Adicionalmente, la comunidad advierte la imposibilidad de transportarse por los altos costos de este servicio y por el mal estado de las vías. Debido a esta situación la comunidad no puede adelantar sus actividades económicas, transporte de alimentos, suministros y remisión de enfermos de alta complejidad.
Fuente: Defensoría del Pueblo
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
