ARAUCA
Defensoría del Pueblo en alerta por grave situación de derechos humanos en Arauca
En Arauca continúa la crisis humanitaria debido a la confrontación armada entre la guerrilla del ELN y facciones disidentes de las Farc. Su accionar violento sigue dejando víctimas y afectando a la población civil, lo cual tiene sumidos a los habitantes del departamento en un permanente ambiente de terror.
“Ante la consumación del riesgo advertido en nuestras Alertas Tempranas, solicitamos de manera urgente e inmediata al ministro del Interior convocar una sesión extraordinaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas”, señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El fin primordial de la Ciprat es analizar con detenimiento las situaciones que advirtió con anticipación el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad de derechos humanos, como el riesgo de materialización de desplazamientos y confinamientos, así como implementar las debidas acciones para proteger a las comunidades.
La Defensoría mantiene vigente las Alertas Tempranas 011 del 2023, que da cuenta del riesgo de vulneración de derechos en Cravo Norte y Puerto Rondón, y la 023 del 2021, emitida para la capital Arauca y los municipios de Arauquita, Tame, Saravena y Fortul. De igual manera, ha emitido dos oficios de consumación del riesgo y dos informes de seguimiento a las conductas vulneratorias de derechos.
Persisten variadas formas de violencia en Arauca
En lo corrido del 2024 han sido reportados 41 homicidios, y 59 personas, que permanecen desaparecidas o secuestradas, tendrían como responsables a estructuras armadas al margen de la ley. Sin embargo, el subregistro podría ser mayor, ya que las familias de las víctimas no denuncian por temor a represalias.
Además, en la región persisten las amenazas contra lideresas y líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos, como también el control del territorio, en zonas rurales, con restricciones a la movilidad entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana.
La entidad conoció panfletos que señalarían a periodistas, comunicadores, medios de comunicación y partidos políticos de impulsar acciones de uno de los grupos armados ilegales que están en confrontación.
Fuente: Defensoría del Pueblo
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
