El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, emite alerta temprana para La Primavera en Vichada ante disputas de grupos armados por el control de las rutas de actividades ilícitas.
En el municipio La Primavera, en el departamento del Vichada, las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, los reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de víctimas se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales por la presencia y accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control del área de frontera transnacional con Venezuela y de las rutas para el tránsito de economías ilegales que atraviesan la jurisdicción de esta localidad.
Esta es la principal conclusión de la Alerta Temprana 015-23, en la que se denuncia que la población en especial situación de riesgo están los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente quienes habitan el sector rural en inspecciones o resguardos indígenas con tránsito de grupos armados no estatales, estructuras de narcotraficantes y bandas armadas; así mismo, las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de los pueblos Sikuani, Cubeo, Cuiva, Sáliva, Piapoco y Waupijiwi en condición de desplazamiento forzado que viven en asentamientos.
Entre los grupos armados organizados que tienen mayor influencia en el territorio de La Primavera, se identificó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente José Daniel Pérez Carrero. El incremento de la presencia del ELN parece justificarse desde 2020, y se exacerbó a partir de la confrontación con las Facciones Disidentes de las Farc, con las que mantiene una ardua disputa desde Arauca y el Alto Apure.
Desde enero de 2022 se produjo un mayor reposicionamiento de este grupo guerrillero, ganando mayor injerencia en la zona fronteriza con Venezuela y, sobre todo, en las riberas de los ríos Meta y Orinoco. Después del reposicionamiento del ELN sobre la zona de Puerto Páez, que generó un desplazamiento transfronterizo masivo en enero de 2022, no se han registrado más enfrentamientos con las disidencias de las Farc. Se presume que existen acuerdos tácitos para el mantenimiento de las rutas de economías ilegales que existen en el departamento.
Entre tanto, la presencia de las disidencias de las Farc se realiza a través de la Comisión 16, alineada con la facción de la Nueva Marquetalia; también transitan la Comisión Santiago Lozada (del frente Primero Armando Ríos) y el frente 10 Martín Villa. Su actuar se concentra en las inspecciones Puerto Murillo, La Venturosa y Garcitas (Puerto Carreño). El frente 10 Martin Villa se asienta sobre varios puntos del estado venezolano de Apure haciendo sobrepasos hacia las inspecciones La Venturosa (Puerto Carreño) y Nueva Antioquia en La Primavera, con el fin de realizar cobros extorsivos, entre otras actividades ilícitas. También se ha sabido de la existencia de pistas clandestinas controladas por este grupo armado ilegal en el lado venezolano, desde donde exportan cargamentos de drogas.
Por otra parte, entre los grupos sucesores del paramilitarismo (GSP) se identifican las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV). Ha sido notoria la presencia de las AGC a lo largo de los municipios Santa Rosalía (Guacacias), La Primavera (Nueva Antioquia, Matiyure y Agua Verde) y Puerto Carreño (Puerto Murillo y La Venturosa).
Y se han identificado bandas delincuenciales, presumiblemente subcontratadas por los grupos armados no estatales para llevar a cabo acciones violentas por encargo, con mayor impacto en los cascos urbanos de Puerto Carreño y La Primavera. A pesar de su limitada estructura y alcance de su organización criminal, la capacidad de amenaza sobre las poblaciones socialmente vulnerables resulta muy intimidante.
Todos estos grupos armados que hacen presencia en Vichada, están involucrados directa e indirectamente en la actividad del narcotráfico; sin embargo, también se ha identificado que tanto el ELN como las disidencias de las Farc realizan control sobre la minería ilegal de oro y coltán en ambos lados de la frontera.
Adicionalmente, todos se lucran del cobro de extorsiones en sectores rurales y urbanos, principalmente de los comerciantes y transportadores que realizan sus actividades a lo largo del río Meta”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Fuente: Defensoría del Pueblo
