REGIÓN
Defensoría del Pueblo emite alerta temprana por disputa de grupos armados en Vichada
El Defensor del Pueblo Carlos Camargo, emite alerta temprana para La Primavera en Vichada ante disputas de grupos armados por el control de las rutas de actividades ilícitas.
En el municipio La Primavera, en el departamento del Vichada, las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, los reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de víctimas se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales por la presencia y accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control del área de frontera transnacional con Venezuela y de las rutas para el tránsito de economías ilegales que atraviesan la jurisdicción de esta localidad.
Esta es la principal conclusión de la Alerta Temprana 015-23, en la que se denuncia que la población en especial situación de riesgo están los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente quienes habitan el sector rural en inspecciones o resguardos indígenas con tránsito de grupos armados no estatales, estructuras de narcotraficantes y bandas armadas; así mismo, las comunidades indígenas y autoridades ancestrales de los pueblos Sikuani, Cubeo, Cuiva, Sáliva, Piapoco y Waupijiwi en condición de desplazamiento forzado que viven en asentamientos.
Entre los grupos armados organizados que tienen mayor influencia en el territorio de La Primavera, se identificó al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente José Daniel Pérez Carrero. El incremento de la presencia del ELN parece justificarse desde 2020, y se exacerbó a partir de la confrontación con las Facciones Disidentes de las Farc, con las que mantiene una ardua disputa desde Arauca y el Alto Apure.
Desde enero de 2022 se produjo un mayor reposicionamiento de este grupo guerrillero, ganando mayor injerencia en la zona fronteriza con Venezuela y, sobre todo, en las riberas de los ríos Meta y Orinoco. Después del reposicionamiento del ELN sobre la zona de Puerto Páez, que generó un desplazamiento transfronterizo masivo en enero de 2022, no se han registrado más enfrentamientos con las disidencias de las Farc. Se presume que existen acuerdos tácitos para el mantenimiento de las rutas de economías ilegales que existen en el departamento.
Entre tanto, la presencia de las disidencias de las Farc se realiza a través de la Comisión 16, alineada con la facción de la Nueva Marquetalia; también transitan la Comisión Santiago Lozada (del frente Primero Armando Ríos) y el frente 10 Martín Villa. Su actuar se concentra en las inspecciones Puerto Murillo, La Venturosa y Garcitas (Puerto Carreño). El frente 10 Martin Villa se asienta sobre varios puntos del estado venezolano de Apure haciendo sobrepasos hacia las inspecciones La Venturosa (Puerto Carreño) y Nueva Antioquia en La Primavera, con el fin de realizar cobros extorsivos, entre otras actividades ilícitas. También se ha sabido de la existencia de pistas clandestinas controladas por este grupo armado ilegal en el lado venezolano, desde donde exportan cargamentos de drogas.
Por otra parte, entre los grupos sucesores del paramilitarismo (GSP) se identifican las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Puntilleros Libertadores del Vichada (PLV). Ha sido notoria la presencia de las AGC a lo largo de los municipios Santa Rosalía (Guacacias), La Primavera (Nueva Antioquia, Matiyure y Agua Verde) y Puerto Carreño (Puerto Murillo y La Venturosa).
Y se han identificado bandas delincuenciales, presumiblemente subcontratadas por los grupos armados no estatales para llevar a cabo acciones violentas por encargo, con mayor impacto en los cascos urbanos de Puerto Carreño y La Primavera. A pesar de su limitada estructura y alcance de su organización criminal, la capacidad de amenaza sobre las poblaciones socialmente vulnerables resulta muy intimidante.
Todos estos grupos armados que hacen presencia en Vichada, están involucrados directa e indirectamente en la actividad del narcotráfico; sin embargo, también se ha identificado que tanto el ELN como las disidencias de las Farc realizan control sobre la minería ilegal de oro y coltán en ambos lados de la frontera.
Adicionalmente, todos se lucran del cobro de extorsiones en sectores rurales y urbanos, principalmente de los comerciantes y transportadores que realizan sus actividades a lo largo del río Meta”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Fuente: Defensoría del Pueblo
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
