CASANARE
Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana para el sur de Casanare por disputas de grupos armados
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 016-2024 para el sur del departamento del Casanare, concretamente para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales, debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos amados ilegales que delinquen en el lugar.
Hay tres escenarios de riesgo relacionados entre sí, como lo son el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), su accionar violento y la injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su frente José David Suárez, y de facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).
El grupo AGC, en su proceso de expansión, viene posesionándose geoestratégicamente de manera violenta, incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local. Ello le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur del Casanare en espacio geográfico, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio.
También, advierte la AT 016, los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento. Igualmente, han reclutado población joven de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades que el Estado y la sociedad en su conjunto les han negado.
Comunidades en riesgo
Organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos de las localidades en mención, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes, estudiantes, entre otros, podrían ser blanco de variadas formas de violencia, lo que vulneraría sus derechos, además de que sería infringido el derecho internacional humanitario (DIH), lo cual coartaría su libertad, integridad y seguridad.
Estarían en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones de riesgo.
Acciones a emprender
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), le pide a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) tramitar un total de 28 recomendaciones a entes nacionales, departamentales y locales, con el fin primordial de que sean atendidas y protegidas las comunidades de los cascos urbanos de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y de sus corregimientos y veredas.
Al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares las insta a realizar operativos de patrullaje y control, así como labores de inteligencia que permitan detectar de manera previa la presencia y accionar de integrantes de los grupos armados organizados.
A la Policía del departamento, implementar puestos de control en los corregimientos con posibles pasos de los grupos armados ilegales y en las salidas de los municipios hacia las zonas de la sabana del Casanare. Al Ejército Nacional, reforzar los controles en zona rural del piedemonte para que neutralice el accionar e intimidación que ejercen el ELN y las disidencias de las Farc sobre la población. Además, les hace recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio Público, a la Gobernación de Casanare, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros entres.
Fuente: Defensoría del Pueblo
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
