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Declaran calamidad pública en tramo de vía Bogotá-Villavicencio

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En medio de un Consejo de Gestión del Riesgo, la Gobernación de Cundinamarca tomó la decisión por unanimidad de la mesa técnica de declarar calamidad pública en los kilómetros 12+200, en la jurisdicción del municipio de Chipaque, hasta el 66, jurisdicción de Guayabetal.

La mesa técnica estuvo a cargo de los secretarios departamentales de Planeación, Agricultura, Ambiente, Hábitat y Vivienda, así como los gerentes del ICCU y EPC; además de los directores de otras entidades como Gestión del Riesgo, Corpoguavio, Corporinoquía, la Cruz Roja y miembros de la Fuerza Pública.

Con esta medida la Gobernación busca garantizar los recursos del Gobierno nacional para atender las emergencias ocasionadas por las lluvias de los últimos meses en este importante corredor vial.

Al respecto, el director de la Unidad Administrativa para la Gestión de Riesgo del Desastre, Germán Ribero, anunció que se encuentran involucrados otros municipios como Cáqueza y Quetame.

“El propósito es generar inversiones para concretar obras que terminen con los inconvenientes causados por el cierre permanente cada vez que llueve, en la vía Bogotá Villavicencio”, manifestó Ribero.

Mediante la resolución de calamidad, las autoridades esperan que el Gobierno disponga de recursos y realice inversiones puntuales y controladas en las reparaciones de los puntos en los que el corredor vial presenta más daños.

Los estudios determinaron 14 puntos que tienen riesgo inminente, especialmente los de la entrada de Guayabetal que son los que más complican la entrada al Llano.

De igual manera, durante la reunión se acordaron las acciones que tendrá el departamento para participar en el Séptimo Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de octubre.

Fuente: Sistema Integrado Digital

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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