CASANARE
De nuevo una mujer fue elegida como Directora de Corporinoquia
Se trata de Doris Bernal Cárdenas, quien se desempeña como secretaria Privada de la Gobernación de Casanare. Ahora reemplazará a Martha Jhoven Plazas en la dirección de Corporinoquia durante el período (2020-2023), decisión que contó con 13 votos a favor, dos abstenciones y una ausencia por parte del Consejo Directivo de Corporinoquia. En la convocatoria participaron 72 aspirantes al cargo.
Perfil
La boyacense Doris Bernal Cárdenas es ingeniera de sistemas con especializaciones en Gestión Ambiental, Gerencia de Talento Humano de la universidad Manuela Beltrán, Gerencia en instituciones de Salud de la Uniboyacá, especialista en Finanzas Públicas y actualmente cursa estudios de maestría en Administración de Empresas – MBA.
Su cargo más reciente fue el de secretaria Privada de la actual administración departamental. En la empresa privada se desempeñó durante más de dos años en Sertrac Ingeniería, como subgerente.Trabajó en el Hospital de Yopal E.S.E como subgerente Administrativa y Financiera además de otras áreas donde realizó diversas actividades por cerca de nueve años.
Además laboró con el Hospital Juan Hernando Urrego de Aguazul y Tiene una larga trayectoria laboral en lo público y lo privado. En las entidades prestadoras de salud, Cárdenas siempre se desempeñó en cargos directivos, donde demostró capacidad, trabajo duro, confianza y solidez administrativa y en la Gobernación lideró la mayoría de procesos que han redundado en la buena imagen de la administración, el bienestar de los casanareños.
“Tenemos una misión clara y es educar a nuestras familias para ser ciudadanos del mundo y asumir el reto de ser protectores del medio ambiente entre todos. En cuanto a los sectores industriales, vamos a vincularlos a hacer de la educación ambiental una más de sus obligaciones. La tarea nos toca a todos”, señaló la nueva directora de la CAR orinocense. Doris Bernal Cárdenas ha sido gobernadora en encargo durante varios meses. Siempre ha gozado de buena reputación, en todos los cargos que ha ostentado, en donde ha demostrado calidez humana y un decidido apoyo por lo social, siendo una de las personas más queridas en la política actual del Departamento.
Qué se espera
Por su parte, el gobernador Josué Alirio Barrera, indicó que la hoja de vida de la nueva directora de Corporinoquia cumplió con los requisitos, “fue visto así por parte del Consejo Directivo y por tal razón el Consejo ha dado su voto de confianza”, dijo Barrera, quien agregó que espera que Corporinoquia se convierta en una herramienta para poder organizar programas y proyectos que conlleven a proteger el medio ambiente , pero que también a aquellos productores pequeños y medianos se les dé la oportunidad de salir adelante de sus pequeños procesos, que la gente pueda trabajar, que se cumpla con la constitución y la ley, que se cuide y se preserve el medio ambiente, pero que también hayan garantías para la gente del campo, que no se convierte en la piedra en el zapato, sino que de una forma compensada Corporinoquia sea una herramienta de desarrollo sostenible para Casanare”.
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a 45 años y ocho meses de prisión (550 meses) a Diego Andrés Suárez Daza, hallado culpable del feminicidio agravado de Sonia Rocío Díaz Barrera, de 30 años. Suárez Daza fue capturado en 2024 en Cajicá, a donde había huido e intentaba pasar desapercibido como mecánico.
El fallo, emitido en aplicación de la normativa colombiana sobre violencia de género, busca enviar un mensaje claro sobre la gravedad de estos delitos, como en este caso que causó conmoción en su momento en la capital casanareña.
El crimen ocurrió el 2 de septiembre de 2021 en la residencia de la víctima, ubicada en el barrio Bicentenario de Yopal. Suárez Daza, expareja sentimental de Sonia, ingresó al domicilio y la atacó con un arma blanca, causándole heridas mortales en el cuello. El cuerpo fue hallado por familiares que, alarmados por su ausencia en su local del Terminal de Transportes, acudieron a buscarla.
En el momento del ataque, Sonia se encontraba en casa con su hija de tres años, quien dormía en otra habitación. La violencia del hecho y la presencia de la menor en el lugar conmovieron profundamente a la comunidad yopaleña, que desde entonces ha exigido justicia por este brutal crimen, llegando incluso a realizar un plantón frente a la sede de la Fiscalía.
La investigación reveló que la víctima había denunciado amenazas previas y enfrentaba un conflicto por la fijación de la cuota alimentaria de la niña. Estos antecedentes fueron considerados por el juez como agravantes en el contexto de violencia intrafamiliar y de género.
Con esta condena, las autoridades reafirman su compromiso de sancionar con severidad los feminicidios y proteger los derechos de las mujeres, especialmente en contextos donde persiste la violencia ejercida por exparejas o personas cercanas.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Yopal condenó a 44 años de prisión (528 meses) a Kilver Alfonso Mariño Ávila por el feminicidio de su expareja, Mildre Carolina Rojas, ocurrido el 5 de noviembre de 2024 en el municipio de Maní.
La decisión judicial, que fue apelada por la defensa del condenado, se dio tras comprobar que el hombre atacó brutalmente a la mujer con un arma blanca en un establecimiento público, como fue de amplio conocimiento.
Según el relato de los hechos, la víctima, de 38 años, fue abordada por Mariño Ávila mientras trabajaba, y en medio de una discusión por el uso de una motocicleta, el agresor la persiguió y le causó una herida mortal en el abdomen. Aunque varios ciudadanos intentaron auxiliarla, la gravedad de la lesión le provocó la muerte minutos después.
Mariño Ávila huyó del lugar tras cometer el crimen, pero fue capturado esa misma noche gracias a la oportuna reacción de la Policía y la colaboración de la comunidad. La víctima había denunciado previamente amenazas por parte del agresor.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Tras analizar 17 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado, en los que se documentaron actos de violencia física y psicológica contra 26 víctimas antes de su asesinato, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó los delitos de tortura y de tratos inhumanos y degradantes a seis comparecientes, exintegrantes del Ejército Nacional, por hechos ocurridos en Casanare.
Las nuevas imputaciones fueron formuladas contra Wilson Salvador Burgos Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Jhon Alexander Suancha Florián, Wilfrido Domínguez Márquez y Miguel Andrés Sierra García, quienes ya habían sido determinados como máximos responsables, así como contra Zamir Humberto Casallas Valderrama, definido como partícipe no determinante y también llamado a reconocer responsabilidad. Todos pertenecieron a la XVI Brigada del Ejército Nacional.
La decisión se adoptó tras contrastar la información obtenida en las versiones voluntarias, las pruebas recolectadas en los procesos adelantados en la jurisdicción ordinaria y las observaciones presentadas por víctimas y el Ministerio Público, con el fin de dar respuesta a la solicitud de esclarecer el trato bridado a las víctimas antes de ser asesinadas. La magistratura concluyó que varios de estos actos constituyeron tortura contra persona protegida, una conducta tipificada tanto en el Código Penal colombiano como en el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.
Hubo tortura antes de asesinarlos
En el análisis de estos 17 hechos, en los que fueron asesinadas 26 personas, la JEP evidenció que las víctimas fueron engañadas, sometidas o trasladadas en condiciones que incrementaron su vulnerabilidad. Estas prácticas tenían como propósito facilitar su posterior asesinato y presentación como bajas en combate.
Esta nueva calificación jurídica profundiza lo establecido por la sala en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas proferido en el Subcaso Casanare del Caso 03, en 2022, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como falsas bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento. En dicha decisión, la JEP determinó la existencia de un patrón criminal sistemático por parte de la XVI Brigada del Ejército Nacional, que habría involucrado a más de 296 víctimas directas entre 2005 y 2008 en Casanare.
Como parte del proceso ante la Justicia Transicional Restaurativa, la Sala de Reconocimiento de Verdad trasladó algunos de los hechos investigados a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, con el fin de que continúe la indagación sobre los pormenores del trato recibido por las víctimas antes de su muerte, en relación con comparecientes que participaron directamente en los hechos, pero cuya situación jurídica fue remitida a esa instancia de la JEP porque no fueron seleccionados como máximos responsables.
Asimismo, la Sala de Reconocimiento envió al Subcaso Costa Caribe II información sobre hechos cometidos por el compareciente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo cuando estuvo en la Brigada XVI en el departamento de Casanare, para que también sean tenidos en cuenta en dicha investigación, en la que fue imputado como máximo responsable, en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada.
Los seis comparecientes llamados a reconocer su responsabilidad por actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en Casanare tienen 15 días hábiles para informar a la Sala de Reconocimiento de Verdad si aceptan o no los nuevos cargos imputados por la JEP. En ese mismo término, podrán pronunciarse, aportar pruebas y referirse a los hechos, las conductas y su eventual participación individual en ellos.
Fuente: Comunicaciones JEP
