CASANARE
Hasta que culmine vigencia de Ley de Garantías, se definirá prestador de servicios de salud en La Yopalosa
En mesa de trabajo realizada con el fin de solucionar la petición de la comunidad del sector de La Yopalosa, que solicita se habiliten los servicios de salud por parte de la IPS Family, alegando inconformismo en la prestación de servicios que se viene otorgando por parte de Red Salud, se llegó a la conclusión que la situación será dirimida una vez culmine la Ley de Garantías.
En la reunión participaron los diputados York Cortes y Manuel Enrique Albarracín; el secretario de Salud David Gallego, la gerente de Capresoca Nuria Bohórquez, el alcalde de Nunchía Fredy Higuera, delegados de Red Salud, y líderes comunales, donde se tuvo en cuenta el llamado de la comunidad, sin dejar de lado la parte legal y jurídica.
“No podemos dar solución inmediata a la petición de la comunidad en razón a que existe actualmente un contrato con Red Salud vigente hasta el mes de Junio. Por esta razón y por el periodo de Ley de Garantías no se puede contratar ni licitar el servicio, así que consideramos prudente esperar que se liquide”, explicó el diputado York Cortés.
Diputado York Cortés
Una vez terminado el contrato con Red Salud, inmediatamente se evaluaría la prestación directa del servicio por parte de la red privada a los cerca de 2.000 usuarios del sector que se encuentran afiliados a Capresoca.
Las partes involucradas en la situación coinciden en que no existe inconveniente en que la operatividad del Centro de Salud (que fue construido por los lugareños) sea regida por un ente público o privado, siempre y cuando se preste una atención de calidad a los usuarios del régimen subsidiado de La Yopalosa.
En la mesa de trabajo también se concertó una socialización para evaluar las veredas que realmente se beneficiarían de la prestación de estos servicios, que se medirá por costos de movilización y veredas más alejadas de la cabecera del municipio de Nunchía.
Al evaluar el resultado de la reunión, el diputado Manuel Enrique Albarracín manifestó que desde la Duma se habilitan los canales para buscar solución a problemáticas y concertar acuerdos en beneficio o mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad casanareña.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
