CASANARE
Hasta que culmine vigencia de Ley de Garantías, se definirá prestador de servicios de salud en La Yopalosa
En mesa de trabajo realizada con el fin de solucionar la petición de la comunidad del sector de La Yopalosa, que solicita se habiliten los servicios de salud por parte de la IPS Family, alegando inconformismo en la prestación de servicios que se viene otorgando por parte de Red Salud, se llegó a la conclusión que la situación será dirimida una vez culmine la Ley de Garantías.
En la reunión participaron los diputados York Cortes y Manuel Enrique Albarracín; el secretario de Salud David Gallego, la gerente de Capresoca Nuria Bohórquez, el alcalde de Nunchía Fredy Higuera, delegados de Red Salud, y líderes comunales, donde se tuvo en cuenta el llamado de la comunidad, sin dejar de lado la parte legal y jurídica.
“No podemos dar solución inmediata a la petición de la comunidad en razón a que existe actualmente un contrato con Red Salud vigente hasta el mes de Junio. Por esta razón y por el periodo de Ley de Garantías no se puede contratar ni licitar el servicio, así que consideramos prudente esperar que se liquide”, explicó el diputado York Cortés.
Diputado York Cortés
Una vez terminado el contrato con Red Salud, inmediatamente se evaluaría la prestación directa del servicio por parte de la red privada a los cerca de 2.000 usuarios del sector que se encuentran afiliados a Capresoca.
Las partes involucradas en la situación coinciden en que no existe inconveniente en que la operatividad del Centro de Salud (que fue construido por los lugareños) sea regida por un ente público o privado, siempre y cuando se preste una atención de calidad a los usuarios del régimen subsidiado de La Yopalosa.
En la mesa de trabajo también se concertó una socialización para evaluar las veredas que realmente se beneficiarían de la prestación de estos servicios, que se medirá por costos de movilización y veredas más alejadas de la cabecera del municipio de Nunchía.
Al evaluar el resultado de la reunión, el diputado Manuel Enrique Albarracín manifestó que desde la Duma se habilitan los canales para buscar solución a problemáticas y concertar acuerdos en beneficio o mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad casanareña.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
