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Cuatro túneles mejorarán la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales
El proyecto Chirajara-Fundadores, concesionado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), permitirá la accesibilidad directa desde el centro de Colombia hasta los Llanos Orientales, una de las regiones más importantes para la economía del país. A la fecha, 1.520 empleos han retomado labores, de los 2.024 que se tienen estimados reanuden actividades de obra.
“Este proyecto tiene un avance muy significativo del 71% por encima de su programa de ejecución del 60%,. Contempla la construcción de 22,6 kilómetros de segunda calzada, seis túneles, 21 puentes vehiculares y siete puentes peatonales”, destacó Carlos García, Vicepresidente Ejecutivo de la entidad.
Entre las obras más representativas se destacan cuatro túneles de gran envergadura, entre ellos el túnel Buenavista, el más grande de este corredor vial, pues tiene una longitud de 4.558 metros y está ubicado entre los sectores Bijagual y Buenavista. A la fecha registra un avance del 53%.
Por su parte, el túnel 5, ubicado entre Susumuco y Pipiral, con una longitud de 1.655 metros, presenta un avance del 78%.
El túnel 3, que se construye entre Macalito y Susumuco, con una longitud de 1.447 metros, tiene un avance del 76%. Este túnel obtuvo su cale (encuentro de dos frentes de obra) a comienzos de marzo.
Y el túnel 2, ubicado entre el sector de Casa de Teja y Macalito, cuya longitud es de 550 metros, alcanza un avance del 90%.
Una vez termine la etapa de construcción del proyecto Chirajara – Fundadores y se entre en operación, se espera una reducción en 22 minutos en tiempos de viaje para transporte de carga.
Así las cosas, el proyecto beneficiará a los usuarios en términos de reducción en costos de operación y disminución de la accidentalidad, al estar construido con normas y especificaciones técnicas de calidad y seguridad.
La finalización de las obras en este corredor permitirá mayor desarrollo y accesibilidad directa a esta región que se destaca como despensa agrícola y ganadera, y por ser además una de las zonas de mayor producción de hidrocarburos en el orden nacional, tanto para el consumo interno como para la exportación.
Las obras de la vía al llano
El corredor entre Bogotá y Villavicencio tiene una longitud total de 85,6 kilómetros.
A comienzos del año, el Presidente Iván Duque hizo entrega de 10.5 km de segunda calzada en el tramo Chirajara – Fundadores. La obra contó con una inversión de $767 mil millones de pesos.
Igualmente, dentro de las obras que ya disfrutan los llaneros están el túnel La Pala, de 1.950 metros y el viaducto Pipiral, una megaestructura de 712 metros de largo.
Por otro lado, con los trabajos que se realizaron en el km 58, como el tablestacado, en el que se invirtieron más de 16 mil millones de pesos, se garantizó el tránsito por la vía las 24 horas del día.
Sobre la vía al Llano
La vía está dividida en tres tramos así:
Primer Tercio: Se inicia en el sector Usme, en la salida de Bogotá y finaliza en el sector El Tablón. Tiene una extensión de 34 kilómetros. Es un proyecto de primera generación de concesiones firmado hace 25 años.
Segundo Tercio: Está ubicado entre el Tablón y Chirajara. Comprende la construcción de 29 kilómetros de doble calzada, 45 puentes, 18 túneles y cuatro galerías de escape.
Tercio Final: Este tercio va desde Chirajara hasta Villavicencio. Tiene una extensión de 22,6 kilómetros y es un proyecto perteneciente al programa de autopistas de cuarta generación.
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura – ANI
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
