CASANARE
Crece incertidumbre por calidad de las obras del nuevo Acueducto de Yopal
Cada día es más incierta la terminación y puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua potable de Yopal, tras los constantes problemas que se presentan con ésta, que es la obra más impoortante de los últimos años en la capital casanareña, y cuya construcción está en manos de Findeter.
Tras conocerse el deterioro en la barrera de protección instalada en el río Cravo Sur dentro de la construcción del acueducto definitivo, el alcalde Leonardo Puentes Vargas, se reunió con el vicepresidente técnico de Findeter, Ernesto Correa, la interventoría y representantes de la veeduría, para conocer sobre la responsabilidad de la entidad nacional y las acciones que se tomarán frente a esta situación y abordar otros temas relacionados con el desarrollo de este importante proyecto.
Según el mandatario local, Findeter se comprometió a realizar estudios técnicos y presentar sus resultados incluyendo datos sobre el comportamiento del río, con lo que se pueda determinar el nivel de afectación y la alternativa para lograr subsanar el reciente desprendimiento de poliedros; por lo que se espera que este análisis se dé a conocer lo más pronto posible, con el fin de hacer el seguimiento correspondiente y garantizar que las cosas se estén haciendo de la manera adecuada.
Por su parte. el representante de Findeter minimizó la afectación en las obras de protección, señalando que solo se afectaron 32 de los más de 1.800 poliedros instalados a lo largo del tramo protegido. “De acuerdo con el diagnóstico entregado por especialistas, mientras se realizaba la modelación hidráulica, la velocidad y el caudal del río aumentaron por encima de lo previsto, haciendo que se registrara esta situación, pero a la vez demostrando que la obra cumplió con su propósito”.
Agregó que una vez se tenga el estudio se procederá a ajustar los elementos desprendidos y se tomará en cuenta que los demás que se instalen deberán quedar con mayor profundidad. Así mismo, que el estudio general que se realice se dará a conocer tanto a la Alcaldía como a los veedores.
Alcalde preocupado
El alcalde de Yopal manifestó su preocupación por otro de los temas abordados durante la reunión, el cual corresponde a otras obras de protección que se deben hacer en la línea de conducción del agua, en un tramo de más de 2 kilómetros, desde el centro poblado de La Vega hasta el puente La Cabuya, de los cuales 600 metros tienen gran inestabilidad, donde incluso hay deslizamientos permanentes que afectan la vía de acceso al sector.
“Esas obras de protección no estuvieron contempladas en el diseño inicial y cuestan 11 mil millones de pesos más, que sumados a la cadena de desaciertos y sobrecostos que han generado los diseños hasta el momento, llevan la obra a valer más del doble de lo previsto y a que se demoren mucho más del tiempo esperado. Pero lo más preocupante es que sin la construcción efectiva de ese tramo de tubería y la protección que garantice que el río no la va a romper, no es posible traer agua de esa planta hasta Yopal, que es el objetivo final de estas inversiones…. No es aceptable que en este momento se pretenda dejar la responsabilidad a la Alcaldía o a la Gobernación y enfocarse únicamente en un tema de recursos, cuando Findeter que es el responsable de los diseños, los entregó apenas hasta hace un mes”, aseguró el alcalde Leonardo Puentes.
Ante esto el vicepresidente de Findeter indicó que se “revisará con la Gobernación la posibilidad de conseguir los recursos para poder financiar estos trabajos y así poder fijar una hoja de ruta clara, pero que por ahora se avanza con los trabajos que se vienen realizando”.
En tal sentido, los veedores se mostraron inconformes con las respuestas de Findeter y a través de su vocero, Jairo Palacios, indicaron que les genera inquietud que en este momento estén saliendo a flote situaciones de las cuales se había advertido y que se pretenda que la Gobernación y la Alcaldía sigan aportando recursos para los imprevistos que se presentan por no realizar unos estudios adecuados; por lo que pidió que el Gobierno Nacional también se vincule con un aporte económico que permita dar soluciones prontas y efectivas frente a la problemática que tiene Yopal, en torno a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) definitiva de la capital del departamento de Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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