CASANARE
Crece incertidumbre por calidad de las obras del nuevo Acueducto de Yopal
Cada día es más incierta la terminación y puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua potable de Yopal, tras los constantes problemas que se presentan con ésta, que es la obra más impoortante de los últimos años en la capital casanareña, y cuya construcción está en manos de Findeter.
Tras conocerse el deterioro en la barrera de protección instalada en el río Cravo Sur dentro de la construcción del acueducto definitivo, el alcalde Leonardo Puentes Vargas, se reunió con el vicepresidente técnico de Findeter, Ernesto Correa, la interventoría y representantes de la veeduría, para conocer sobre la responsabilidad de la entidad nacional y las acciones que se tomarán frente a esta situación y abordar otros temas relacionados con el desarrollo de este importante proyecto.
Según el mandatario local, Findeter se comprometió a realizar estudios técnicos y presentar sus resultados incluyendo datos sobre el comportamiento del río, con lo que se pueda determinar el nivel de afectación y la alternativa para lograr subsanar el reciente desprendimiento de poliedros; por lo que se espera que este análisis se dé a conocer lo más pronto posible, con el fin de hacer el seguimiento correspondiente y garantizar que las cosas se estén haciendo de la manera adecuada.
Por su parte. el representante de Findeter minimizó la afectación en las obras de protección, señalando que solo se afectaron 32 de los más de 1.800 poliedros instalados a lo largo del tramo protegido. “De acuerdo con el diagnóstico entregado por especialistas, mientras se realizaba la modelación hidráulica, la velocidad y el caudal del río aumentaron por encima de lo previsto, haciendo que se registrara esta situación, pero a la vez demostrando que la obra cumplió con su propósito”.
Agregó que una vez se tenga el estudio se procederá a ajustar los elementos desprendidos y se tomará en cuenta que los demás que se instalen deberán quedar con mayor profundidad. Así mismo, que el estudio general que se realice se dará a conocer tanto a la Alcaldía como a los veedores.
Alcalde preocupado
El alcalde de Yopal manifestó su preocupación por otro de los temas abordados durante la reunión, el cual corresponde a otras obras de protección que se deben hacer en la línea de conducción del agua, en un tramo de más de 2 kilómetros, desde el centro poblado de La Vega hasta el puente La Cabuya, de los cuales 600 metros tienen gran inestabilidad, donde incluso hay deslizamientos permanentes que afectan la vía de acceso al sector.
“Esas obras de protección no estuvieron contempladas en el diseño inicial y cuestan 11 mil millones de pesos más, que sumados a la cadena de desaciertos y sobrecostos que han generado los diseños hasta el momento, llevan la obra a valer más del doble de lo previsto y a que se demoren mucho más del tiempo esperado. Pero lo más preocupante es que sin la construcción efectiva de ese tramo de tubería y la protección que garantice que el río no la va a romper, no es posible traer agua de esa planta hasta Yopal, que es el objetivo final de estas inversiones…. No es aceptable que en este momento se pretenda dejar la responsabilidad a la Alcaldía o a la Gobernación y enfocarse únicamente en un tema de recursos, cuando Findeter que es el responsable de los diseños, los entregó apenas hasta hace un mes”, aseguró el alcalde Leonardo Puentes.
Ante esto el vicepresidente de Findeter indicó que se “revisará con la Gobernación la posibilidad de conseguir los recursos para poder financiar estos trabajos y así poder fijar una hoja de ruta clara, pero que por ahora se avanza con los trabajos que se vienen realizando”.
En tal sentido, los veedores se mostraron inconformes con las respuestas de Findeter y a través de su vocero, Jairo Palacios, indicaron que les genera inquietud que en este momento estén saliendo a flote situaciones de las cuales se había advertido y que se pretenda que la Gobernación y la Alcaldía sigan aportando recursos para los imprevistos que se presentan por no realizar unos estudios adecuados; por lo que pidió que el Gobierno Nacional también se vincule con un aporte económico que permita dar soluciones prontas y efectivas frente a la problemática que tiene Yopal, en torno a la construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) definitiva de la capital del departamento de Casanare.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
