CASANARE
Respuestas de Corporinoquia por informe de Procuraduría dejan más dudas que certezas
Más dudas que certezas dejaron las respuestas de Corporinoquia al informe de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, que cuestiona la falta de un adecuado control por parte la entidad ambiental a las intervenciones realizadas en el cauce del río Cravo Sur, lo que ha ocasionado perjuicios a los habitantes del sector de la vereda La Manga.
Martha Plazas, directora de Corporinoquia, indicó que efectivamente acompañaron la visita de la Procuraduría el año pasado, pero que en todas las situaciones evidenciadas en el informe hay responsabilidad de varias instituciones que deben confluir para que todo funcione como debe ser. “Esta es una tarea de muchas instituciones, no solo de la Corporación. Aquí hay muchos responsables, la parte de la Alcaldía, la Gobernación, son muchas instituciones las que tienen que entrar a apoyar el proceso”.
Responsable, la Alcaldía
Respecto al tema de la invasión de la ronda hídrica por parte de algunas viviendas construidas sobre la zona de protección, cuestionó la labor de la Alcaldía de Yopal que ha permitido estas construcciones, por lo que dijo que no se deben ampliar ni otorgar más Licencias de construcción sobre ese sector, pero desafortunadamente han aumentado las Licencias que se conceden sobre la zona de protección. “Nosotros no podemos hacer reforestación sobre la ronda porque está invadida”.
Todo es “una confusión”
Referente al cuestionamiento de la Procuraduría por la afectación causada por un jarillón construido por la Empresa Meyan que desvió el cauce hacia el costado derecho, la Directora de Corporinoquia indicó que todo obedece a una “confusión” de parte del ente de control, porque en realidad, por el método de explotación minera que utiliza la Empresa Meyan, lo que existe es una barrera entre la lámina de agua y el playón, y como la visita se hizo en época de verano, el funcionario de la Procuraduría creyó que era un jarillón, cuando en realidad no lo es. Agregó, que se ha venido haciendo por parte de Corporinoquia el adecuado control y seguimiento al tema minero.
Resulta extraño, que la ingeniera Karen Pinzón, nueva subdirectora de control y calidad de Corporinoquia, indicó en rueda de prensa que el método de explotación autorizado para Meyan es “de explotación continuo que permite hacer excavaciones de hasta 1,4 metros de profundidad” y por lo tanto la confusión del funcionario de la Procuraduría; pero la misma Corporinoquia le informó a la Procuraduría que el sistema autorizado es por medio de dársenas que es completamente diferente. Es evidente entonces, que se contradice la autoridad ambiental.
Karen Pinzón, subdirectora de control y calidad de Corporinoquia
La información enviada por Corporinoquia a la Procuraduría indica que el sistema que utiliza Meyan es por dársenas
Permisos a Perenco bajo estudios
Sobre las intervenciones que ha hecho la petrolera Perenco al cauce del río para la línea de gas, la directora de Corporinoquia señaló que efectivamente estas intervenciones se hacen siempre bajo situaciones de emergencia para evitar que Yopal se quede sin el servicio de gas, pero desde mediados del año pasado se le informó a la Empresa que, de ahora en adelante, estas intervenciones tienen que estar soportadas bajo varios estudios, realizando una perforación inducida para que no exista alteración a la dinámica del recurso hídrico.
Pomca no se ha terminado
Una situación que genera preocupación, es la inexistencia del Plan de Manejo y Ordenación de la Cuenca Hídrica, mejor conocido como POMCA, cuya actualización fue contratada por Corporinoquia con recursos del Fondo de Adaptación el 22 de abril de 2015 con un plazo de ejecución de 18 meses por valor de $7.498 millones de pesos, y a la fecha, cerca de tres años después, aún no se conoce el documento que marca el derrotero de planificación para las diferentes intervenciones que deban hacerse a la cuenca hídrica.
El mencionado contrato ha tenido cuatro prórrogas en tiempo por parte de la Corporación para con el contratista, pero no se puede solicitar más celeridad porque Corporinoquia solo se limita a hacer supervisión del mencionado contrato.
“Para eso existe la interventoría, lo que pasa es que nosotros solo hacemos funciones de supervisión a la interventoría y la interventoría es la que tiene que hacer cumplir”, dijo la Directora de Corporinoquia, argumentando que parte de la demora obedece también a que los contratistas se ganaron 11 POMCAS en el país y no avanzan como debieran.
En rueda de prensa se dijo que el POMCA del río Cravo Sur debe estar terminado el próximo primero de marzo, pero sin embargo a la Procuraduría se le dijo que solo estará listo a finales del presente año. Nuevamente se contradice Corporinoquia.
Karen Pinzón, subdirectora de control y calidad de Corporinoquia
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
