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Migrantes venezolanos que estén en Yopal deben tener documentos en regla

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Un operativo de control a migrantes en zona aledaña al intercambiador vial, adelantaron la tarde del lunes la Alcaldía de Yopal, junto con la Policía Nacional (grupo especializado de Policía de Infancia y Adolescencia), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, la Defensoría del Pueblo y Migración Colombia, para revisar la situación de permanencia o salida del país de estas personas.

El secretario de Gobierno Municipal, Éliver Moreno Pacheco, indicó que como resultado de este operativo se identificaron 22 adultos de origen venezolano y 3 menores de edad verificados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, que se encontraban en compañía de sus padres.

Además, el ICBF verificó el estado de los menores, socializó y advirtió que en la Jurisdicción Nacional está prohibido usar los menores de edad para la mendicidad, y no está permitido la presencia de niños en los semáforos trabajando, puesto que se pone en riesgo el bienestar físico y mental de los menores.

Migración Colombia reportó que de los 22 ciudadanos extranjeros intervenidos, 20 ingresaron irregularmente al país, quienes firmaron acta de retorno voluntario, 7 de ellos tenían pasaporte por lo cual se devuelven a registrar su ingreso, para poder acceder a la Oferta Institucional que está facilitando el gobierno colombiano.

Dos de estos ciudadanos extranjeros tenían sus documentos en regla, estaban registrados en el Censo de Migrantes Venezolanos y tenían Permiso de Especial de Permanencia.

El secretario de Gobierno indicó que los ciudadanos venezolanos que firmaron el acta de retorno voluntario a su país tendrán que hacerlo, pues de lo contrario si vuelven a ser encontrados en el municipio serán deportados por Migración Colombia. “Ellos deben saber que deben actuar dentro de nuestro país en el marco de la Ley, aún cuando tengan los documentos en regla para estar en el territorio y poder trabajar, tienen que someterse al imperio de la Ley en nuestro municipio”.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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84 gestores de seguridad y convivencia ciudadana serán el puente de comunicación entre ciudadanía y autoridades en Casanare

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La Gobernación de Casanare realizó el Primer Encuentro Departamental de Gestores de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en el marco de la estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno y Seguridad.

Este tuvo como objetivo promover una sólida conexión entre la ciudadanía, las instituciones y las autoridades político-administrativas; basadas en la gestión, tratamiento y transformación de las conflictividades, la convivencia pacífica y el respeto por los derechos humanos.

El proyecto cuenta con 84 gestores de seguridad y convivencia ciudadana para la vigencia 2024. Hombres y mujeres con capacidad de diálogo y escucha, de distintos sectores sociales y niveles educativos, comprometidos con la construcción de paz, el desarrollo de los territorios y la garantía de los derechos humanos.

Estos ciudadanos estarán presentes en escenarios de participación e intervención como movilizaciones sociales, concentraciones, marchas, bloqueos, mesas interinstitucionales, entre otros.

“Hoy damos un nuevo paso que nos acerca a cumplir un anhelo de todos los casanareños: lograr la paz estable y duradera para todos en nuestra región” destacó Julio Ramos Prieto, secretario de Gobierno, durante su intervención de apertura al 1er encuentro Departamental de Gestores de seguridad y convivencia ciudadana.

Al respecto del evento, Anderson Pinilla, director de Fiscalías para Casanare, resaltó el trabajo que desde la Gobernación se hace a diario junto a las instituciones en seguridad, en busca de propender el combate al delito en todas sus formas, y la implementación de estrategias para seguir accediendo a la justicia de manera acertada.

Fuente: Gobernación de Casanare

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Gestión del Riesgo llegó con ayudas humanitarias a familia afectada por incendio de su vviienda en Paz de Ariporo

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En un acto de solidaridad y apoyo comunitario, se entregó ayuda humanitaria de primera necesidad a Claudia Silvia, madre cabeza de familia al cuidado de tres niños de 17, 12 y 11 años de edad, quien se vio afectada por un voraz incendio en el interior de una habitación en su vivienda, resultando en la pérdida total de todos los bienes de la alcoba.

El gobernador, César Ortiz Zorro, respondió de manera inmediata al llamado de auxilio, enviando ayudas humanitarias. E inició una serie de acciones para la recuperación oportuna de la familia, ante esta emergencia.

Entre las medidas a implementar se encuentran la adquisición de nuevos enseres, la reparación de acabados, pintura de la casa  y la restauración del sistema eléctrico.

La asistencia humanitaria la realizó Guillermo Velandia director de Gestión del Riesgo en Casanare, en compañía del equipo de ayudas humanitarias, quienes entregaron dos colchonetas, hamacas, toldillos, cobijas, mercados y utensilios de cocina.

Adicionalmente, la gestora Social Diana Soler envió bolsos con  kits escolares; y los funcionarios de Gestión del Riesgo reunieron recursos para los uniformes del colegio.

Fuente: Gobernación de Casanare

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Tras las rejas presunto integrante de las disidencias de las Farc capturado en Monterrey

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Pedro Arturo Rodríguez, alias Mocho o Pate Palo, presunto integrante del Frente Martín Villa de las disidencias de las Farc.

Según el ente investigador, esta sujeto  estaría implicado en el secuestro de dos ciudadanos en Arauca en hechos ocurridos el 21 de junio de 2021.

Señala la investigación, el delito se cometió en una finca de la vereda El Rosario en Arauca. Allí varios hombres se identificaron como integrantes de este grupo ilegal e intimidaron con armas de fuego a un hombre y su hijo, a quienes se llevaron hacia el estado del Amparo en Venezuela, donde los retuvieron durante 12 días.

Labores de policía judicial establecieron que ‘Mocho’ o ‘Pate Palo’ habría sido el encargado de trasladar a los secuestrados a territorio extranjero.

El procesado fue capturado por el Gaula de la Policía Nacional en Monterrey (Casanare), el pasado 18 de abril.

La Fiscalía imputó al investigado los delitos de concierto para delinquir y secuestro extorsivo, ambos con circunstancias de agravación. Un juez de control de garantías lo envió a la cárcel.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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