CASANARE
Contraloría General presentó los elefantes blancos más costosos de Casanare
La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento de Casanare, 34 proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos que siguen activos por un valor de $571.531 millones, desagregados así:
· 4 proyectos registrados en el diagnóstico como Proyectos Críticos por un total de $37.706 millones.
· 30 proyectos registrados como elefantes blancos, por un total de $533.825 millones.
En Casanare, el sector con mayor cantidad de recursos invertidos es agua potable y saneamiento básico, con un total registrado de $226.471 millones.
Para el rescate de estos proyectos, la Contraloría fomenta espacios de diálogo institucional y social con los que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebran acuerdos de gestión ante la ciudadanía, con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio de la comunidad.
En desarrollo de esta estrategia de promoción de la vigilancia de la ciudadanía sobre los recursos públicos, la Contraloría acompaña a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el seguimiento a varios proyectos estratégicos así:
1. La construcción de las soluciones de vivienda del proyecto Torres del Silencio, inicialmente contratado en el 2011 y con dificultades desde el comienzo de la ejecución, pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción y tuvo que ser suspendido. Algunas familias beneficiarias invadieron las torres sin terminar y habitan en ellas a pesar de los riesgos y de que no cuentan con servicios públicos. La administración realizó una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.
Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga a la administración municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias afectadas.
Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Alcaldía de Yopal no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias que no dejarán sus viviendas voluntariamente. Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.
Sobre este proyecto, desde el 2021, la Contraloría adelanta un proceso verbal en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que se encuentra en etapa de imputación de responsabilidad fiscal.
2. La estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización del Paraíso, proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.
3. La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, cuya etapa I ya fue culminada al 100%, pero que no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación.
La Contraloría exhortó a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Contraloría General de la República
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
