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Contraloría General presentó los elefantes blancos más costosos de Casanare

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La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento de Casanare, 34 proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos que siguen activos por un valor de $571.531 millones, desagregados así:

·         4 proyectos registrados en el diagnóstico como Proyectos Críticos por un total de $37.706 millones.

·         30 proyectos registrados como elefantes blancos, por un total de $533.825 millones.

En Casanare, el sector con mayor cantidad de recursos invertidos es agua potable y saneamiento básico, con un total registrado de $226.471 millones.

Para el rescate de estos proyectos, la Contraloría fomenta espacios de diálogo institucional y social con los que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebran acuerdos de gestión ante la ciudadanía, con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio de la comunidad.

En desarrollo de esta estrategia de promoción de la vigilancia de la ciudadanía sobre los recursos públicos, la Contraloría acompaña a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el seguimiento a varios proyectos estratégicos así:

1. La construcción de las soluciones de vivienda del proyecto Torres del Silencio, inicialmente contratado en el 2011 y con dificultades desde el comienzo de la ejecución, pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción y tuvo que ser suspendido. Algunas familias beneficiarias invadieron las torres sin terminar y habitan en ellas a pesar de los riesgos y de que no cuentan con servicios públicos. La administración realizó una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.

Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga a la administración municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias afectadas.

Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Alcaldía de Yopal no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias que no dejarán sus viviendas voluntariamente. Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.

Sobre este proyecto, desde el 2021, la Contraloría adelanta un proceso verbal en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que se encuentra en etapa de imputación de responsabilidad fiscal.

2. La estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización del Paraíso, proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.

3. La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, cuya etapa I ya fue culminada al 100%, pero que no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación.

La Contraloría exhortó a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Contraloría General de la República

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Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE

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dario Garcia Alcalde

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.

Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.

A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.

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Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.

Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.

De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.

Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.

Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.

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CASANARE

Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa

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La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.

Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.

Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.

La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.

Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.

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