CASANARE
Contraloría General presentó los elefantes blancos más costosos de Casanare
La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento de Casanare, 34 proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos que siguen activos por un valor de $571.531 millones, desagregados así:
· 4 proyectos registrados en el diagnóstico como Proyectos Críticos por un total de $37.706 millones.
· 30 proyectos registrados como elefantes blancos, por un total de $533.825 millones.
En Casanare, el sector con mayor cantidad de recursos invertidos es agua potable y saneamiento básico, con un total registrado de $226.471 millones.
Para el rescate de estos proyectos, la Contraloría fomenta espacios de diálogo institucional y social con los que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebran acuerdos de gestión ante la ciudadanía, con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio de la comunidad.
En desarrollo de esta estrategia de promoción de la vigilancia de la ciudadanía sobre los recursos públicos, la Contraloría acompaña a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el seguimiento a varios proyectos estratégicos así:
1. La construcción de las soluciones de vivienda del proyecto Torres del Silencio, inicialmente contratado en el 2011 y con dificultades desde el comienzo de la ejecución, pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción y tuvo que ser suspendido. Algunas familias beneficiarias invadieron las torres sin terminar y habitan en ellas a pesar de los riesgos y de que no cuentan con servicios públicos. La administración realizó una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.
Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga a la administración municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias afectadas.
Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Alcaldía de Yopal no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias que no dejarán sus viviendas voluntariamente. Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.
Sobre este proyecto, desde el 2021, la Contraloría adelanta un proceso verbal en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que se encuentra en etapa de imputación de responsabilidad fiscal.
2. La estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización del Paraíso, proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.
3. La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, cuya etapa I ya fue culminada al 100%, pero que no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación.
La Contraloría exhortó a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Contraloría General de la República
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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