CASANARE
Contraloría General presentó los elefantes blancos más costosos de Casanare
La Contraloría General de la República ha identificado en el departamento de Casanare, 34 proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos u Obras Inconclusas y Proyectos Críticos que siguen activos por un valor de $571.531 millones, desagregados así:
· 4 proyectos registrados en el diagnóstico como Proyectos Críticos por un total de $37.706 millones.
· 30 proyectos registrados como elefantes blancos, por un total de $533.825 millones.
En Casanare, el sector con mayor cantidad de recursos invertidos es agua potable y saneamiento básico, con un total registrado de $226.471 millones.
Para el rescate de estos proyectos, la Contraloría fomenta espacios de diálogo institucional y social con los que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebran acuerdos de gestión ante la ciudadanía, con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio de la comunidad.
En desarrollo de esta estrategia de promoción de la vigilancia de la ciudadanía sobre los recursos públicos, la Contraloría acompaña a la ciudadanía en el ejercicio del control social en el seguimiento a varios proyectos estratégicos así:
1. La construcción de las soluciones de vivienda del proyecto Torres del Silencio, inicialmente contratado en el 2011 y con dificultades desde el comienzo de la ejecución, pues la infraestructura construida no cumplió con los requerimientos de construcción y tuvo que ser suspendido. Algunas familias beneficiarias invadieron las torres sin terminar y habitan en ellas a pesar de los riesgos y de que no cuentan con servicios públicos. La administración realizó una consultoría que estableció la inviabilidad de la infraestructura existente, tras lo cual la alcaldía declaró la calamidad pública en el proyecto.
Sobre el proyecto existe una sentencia del Tribunal Administrativo de Casanare, que obliga a la administración municipio de Yopal a ejecutar un plan de tres fases, que permita reubicar a las familias, demoler las actuales construcciones que presentan deficiencias y consolidar un nuevo proyecto de vivienda para las familias beneficiarias afectadas.
Sin embargo, hasta ahora no se ha culminado efectivamente ninguna de las fases, dado que la Alcaldía de Yopal no ha comenzado el proceso administrativo para el desalojo de las familias que no dejarán sus viviendas voluntariamente. Además, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía de Yopal, tienen pendiente definir cuál de las dos entidades aportará los recursos para la demolición de las torres existentes y situar los recursos para el nuevo proyecto, que actualmente cuenta solo con el monto que corresponde a la consultoría para estudios y diseños, pendiente de contratar por el Instituto de Vivienda y Gestión Urbana y Rural de Yopal – INDEV.
Sobre este proyecto, desde el 2021, la Contraloría adelanta un proceso verbal en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que se encuentra en etapa de imputación de responsabilidad fiscal.
2. La estabilización y protección del margen derecho del río Cravo sur, entre la calle octava y la urbanización del Paraíso, proyecto que inició en el 2015 y tiene un porcentaje de avance físico del 100% y financiero del 73,6%. Además de realizarla verificación final de las obras para la entrega y liquidación de la obra, el municipio tiene pendiente gestionar ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre los recursos para la segunda fase del proyecto.
3. La captación, aducción y planta de tratamiento de agua potable de Yopal, cuya etapa I ya fue culminada al 100%, pero que no cuenta con recursos para el reemplazo de la tubería y las obras de protección de la etapa II. La etapa III, que está contemplada en un convenio entre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal y el Ministerio de Vivienda, está en preparación para la contratación.
La Contraloría exhortó a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas que dejen saneados estos proyectos y evitar que se pierdan los recursos públicos destinados para garantizar los derechos de la ciudadanía.
Contraloría General de la República
CASANARE
Alcaldía de Yopal refuerza controles frente a la Brigada 16 para no permitir estacionamiento
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, adelanta jornadas de socialización y control en la Transversal 18 para garantizar el cumplimiento del Decreto 059 de 2025, que prohíbe de manera permanente el estacionamiento en este corredor vial entre las calles 6 y 10.
La medida busca mejorar la movilidad, mantener despejada una vía estratégica de la ciudad y fortalecer las condiciones de seguridad en este sector. Durante las jornadas, los agentes de tránsito desarrollan acciones de sensibilización dirigidas a usuarios y al gremio transportador.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros para comprender que los conductores de servicio público deben cumplir la normatividad vigente, por lo que no pueden realizar paradas o estacionamientos en áreas prohibidas.
Según la administración municipal, la restricción responde a criterios técnicos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el entorno del Cantón Militar, ubicado en esta zona de la ciudad, permitiendo reducir riesgos y mejorar el flujo vehicular.
La Secretaría de Movilidad reiteró la invitación a conductores y ciudadanos para acatar la señalización y respetar las disposiciones vigentes, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a una ciudad más organizada y segura.
Un múltiple homicidio sacudió la noche de este 16 de abril de 2026 al municipio de Villanueva, luego de que cinco hombres fueran asesinados con arma de fuego en la vereda El Fical. El hecho se registró hacia las 7:30 p.m. en un establecimiento conocido como “Casa de Tabla”, hasta donde llegaron dos sujetos en motocicleta que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas.
De acuerdo con la información preliminar, los fallecidos fueron identificados como Ricardo Granada Diez, conocido como “Richi”; Ricardo Montaña Roa; Víctor Manuel Rodríguez Moreno, conocido como “Cagüeño”; Ilmer Johan Cáceres Moreno, conocido como “Rasguño”; y José Ariel Torres Macías, a quien llamaban “Cachicamo”. Las autoridades indicaron que las víctimas se encontraban en el lugar compartiendo luego de realizar labores relacionadas con la recolección de ganado en la zona.
Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron del sitio con rumbo desconocido, lo que activó un operativo de las autoridades para dar con su paradero. Unidades de Policía y Ejército acordonaron el área y adelantan labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Circula en redes sociales un video que muestra la crudeza del ataque, donde se observa que las víctimas no tuvieron la menor oportunidad de defenderse. Algunos quedaron alrededor de una mesa de billar existente en el negocio, mientras se escucha música popular estridente.
De manera preliminar, se maneja como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con el delito de abigeato. Asimismo, se conoció que las víctimas registraban antecedentes por diferentes conductas delictivas, aspecto que es analizado dentro del proceso investigativo.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, al tiempo que rechazó el hecho ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos, para la persona que suministre información que permita la captura de los responsables del hecho.
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.
Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.
