META
Contraloría encontró daño patrimonial en obra contratada por Alan Jara
La Contraloría General de la República encontró irregularidades por un total de $2.523 millones de pesos en la ejecución de los contratos de obra e interventoría, con los cuales la administración del exgobernador del Meta Alan Jara Urzola puso en marcha la construcción de la “Ciudadela del Saber”, en el municipio de Puerto Lleras.
Si bien el contrato de obra (número 116 de 2014) fue ejecutado dentro del tiempo establecido y sin exceder el presupuesto original, visitas de inspección adelantadas por los auditores de la Contraloría General de la República permitieron identificar graves y generalizadas deficiencias constructivas, empezando por problemas de humedad y filtraciones que han causado daños a acabados como el cielo raso y los pisos, especialmente en la zona del auditorio.
De acuerdo a lo establecido por los funcionarios de los organismos de control, como consecuencia de la exagerada humedad que se presenta al interior de la edificación, producto de la mala calidad de los procesos constructivos y de los errores de planeación, esta Ciudadela del Saber se encuentra en estado de abandono.
Es así como todos los elementos de mobiliario que se adquirieron para su dotación y funcionamiento fueron retirados, en procura de salvaguardarlos de las malas condiciones reinantes.
Esta situación ha hecho que el edificio se encuentre actualmente en estado de abandono, que no preste ninguna utilidad para la comunidad y que su uso, en procura de alcanzar los objetivos trazados para el proyecto, no sea posible, circunstancia que ha permitido el vandalismo, provocando además consecuencias como pérdida de cableado eléctrico, de la bomba para instalaciones hidraúlicas y de láminas de policarbonato.
Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la Contraloría General de la República calculó en $2.336 millones de pesos el daño patrimonial causado por la mala calidad en los trabajos ejecutados en el marco de este contrato de obra.
Errores de planeación
Según explicó el Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad de Regalías, José Antonio Soto, las deficiencias constructivas detectadas tienen como causa errores en la planeación, así como en los procesos constructivos, al igual que deficiencias en las labores de verificación y control durante la ejecución de la obra contratada. “La deficiente calidad de los trabajos ejecutados es inobjetable ya que éstos pueden apreciarse a simple vista”, indicó.
El contrato de obra No. 116 de 2014 cuestionado por la CGR, fue suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Union Temporal Ciudadela Puerto Lleras 2014, con el objeto de construir la Ciudadela del Saber en el municipio de Puerto Lleras, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías por la suma de $2.336 millones. El plazo pactado fue de 10 meses constados a partir de la suscripción del acta de inicio, lo que ocurrió el 27 de octubre de 2014.
Daño patrimonial por falta de control de la interventoría
También es objeto de reproche fiscal el contrato de interventoría No. 130 de 2014, suscrito entre la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) y la Unión Temporal Nueva Sede Gobernación del Meta, el cual tiene por objeto realizar Control mediante Interventoría técnica legal, administrativa financiera y ambiental al mejoramiento y construcción etapa 2 de la nueva sede administrativa de la Gobernación del Meta, incluye Flor Amarillo, Asamblea y parqueaderos en el Municipio de Villavicencio; al igual que la Ciudadela del Saber, en el Municipio de Puerto Lleras, entre otras obras.
Dadas las condiciones de calidad de los trabajos ejecutados en el marco del contrato No. 116 de 2014, se evidencia que el seguimiento y control que se debía efectuar en el marco del contrato No. 130 del 2014 fue inefectivo, provocando el detrimento patrimonial señalado; situación que genera un nuevo detrimento, esta vez por un valor de $186 millones 929 mil pesos, suma que corresponde al valor porcentual equivalente al proyecto de la Ciudadela del Saber pagado hasta la fecha al interventor.
Con lo anterior, se tiene que el daño total causado al patrimonio público por la ejecución de estos contratos que fueran suscritos durante la Administración del exgobernador del Meta Alan Jara Urzola, se eleva a la suma de $2.523.052.574.40.
Fuente: Contraloría General de la República
META
Procuraduría le pone la lupa a la elección del Personero Municipal de Puerto López
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
META
A la cárcel por feminicidio de madre e hija en Puerto Gaitán por una deuda
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
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