CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
Durante 2025, un total de 2.629 personas en Casanare requirieron transfusiones de sangre, una cifra que evidencia la alta demanda de este vital recurso en el departamento. La Secretaría de Salud de Casanare ha emitido un urgente llamado a la solidaridad ciudadana para incrementar las donaciones.
Según el informe de IPS con actividad transfusional del Instituto Nacional de Salud, la necesidad de sangre es constante y crucial para salvar vidas en diversas situaciones. Estas incluyen accidentes de tránsito, cirugías de urgencia, partos, y el tratamiento de pacientes con enfermedades de la sangre y cáncer.
Tatiana Chávez Duque, secretaria de Salud de Casanare, subrayó la importancia de la donación voluntaria, haciendo especial énfasis en la necesidad de personas con tipo de sangre O negativo, considerado donante universal. Este tipo de sangre, presente en solo el 5% de la población, es indispensable en emergencias.
Nubia Elena García Novoa, coordinadora del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Casanare, afirmó que el proceso de donación es seguro, sencillo y no compromete la salud del donante. “Donar sangre puede salvar vidas. Cada donante cuenta y cada gota es importante; no debemos esperar a que un familiar se accidente para hacerlo, porque la necesidad es permanente”, destacó.
Recordó además que, a pesar de los avances médicos, la sangre no puede ser fabricada y su obtención depende exclusivamente de la generosidad humana. Para ser donante se requiere tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud y presentar el documento de identidad.
Se aconseja no haber tenido gripa o infecciones en el último mes, no tomar antibióticos, no haberse realizado tatuajes o piercings en los últimos 6 meses, no haber consumido alcohol en las últimas 24 horas, mantener prácticas sexuales seguras y no estar en ayunas el día de la donación. Las donaciones se realizan en el Banco de Sangre del Hospital Regional de la Orinoquía en Yopal.
La Secretaría de Salud departamental de Casanare ha advertido sobre niveles de riesgo en la calidad del agua en dos municipios, según el monitoreo realizado en enero de 2026. La Salina presenta un riesgo ALTO, mientras que San Luis de Palenque se encuentra en un nivel de riesgo MEDIO.
La Secretaría de Salud departamental dio a conocer a la comunidad los resultados del Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) para las áreas urbanas de Casanare, con base en la información recolectada durante el primer mes del año.
Contrastando con los niveles de riesgo identificados, municipios como Aguazul, Chámeza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, Támara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal fueron clasificados en el rango de “SIN RIESGO” en la calidad del agua para consumo humano.
El IRCA, que mide el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades por el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, identificó variables no aceptables. En La Salina, se detectaron Coliformes Totales y E.Coli, mientras que en San Luis de Palenque se registraron anomalías en Color Aparente y Turbiedad.
El área de Salud Pública mantiene un monitoreo continuo de los sistemas de suministro de agua urbanos en el departamento y comunica los resultados del IRCA a cada prestador del servicio público, con el fin de que se implementen las acciones correctivas necesarias para mejorar el suministro de agua a los habitantes.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas, como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua por más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar la limpieza y desinfección periódica de tanques y sistemas de almacenamiento en los hogares.
La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría de Infraestructura, concluyó los trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la vía que conduce a la vereda La Hermosa, en el municipio de Paz de Ariporo.
Las labores, ejecutadas mediante el Banco de Maquinaria departamental, incluyeron la limpieza de cunetas, la adecuación de alcantarillas y la intervención de 10 kilómetros de terraplén, respondiendo a las necesidades de movilidad de las comunidades rurales.
Esta intervención no solo mejora las condiciones de transitabilidad en el corredor, sino que también facilita la conexión con el departamento de Vichada, impulsando el transporte, fortaleciendo la competitividad regional y generando un entorno favorable para el turismo y el desarrollo económico local.
El secretario de Infraestructura, Álvaro Rivera, destacó que “con esta intervención el Gobernador cumple su compromiso de mejorar las condiciones de las vías rurales, garantizando conectividad, seguridad vial y mayores oportunidades para las comunidades del territorio”.
Estas acciones se desarrollan bajo el direccionamiento del gobernador César Ortiz Zorro, quien ha priorizado la consolidación de corredores viales estratégicos que integren territorios, impulsen el desarrollo productivo y contribuyan al cierre de brechas entre las zonas rurales y urbanas del departamento.
Con estas obras, la Gobernación de Casanare reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura vial como un eje fundamental para el progreso y la competitividad de la región.
