CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
La instalación de una antena de telecomunicaciones para el corregimiento de Tacarimena está cada vez más cerca de ser una realidad, mediante las gestiones realizadas por la Secretaría de las Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC, que realizó el acercamiento con la compañía Claro para brindar una solución definitiva de cobertura telefónica e internet móvil a los centenares de ciudadanos que habitan en este sector de Yopal y zonas aledañas.
Liderada por el secretario de las TIC, José Tobías Díaz, se desarrolló una visita de inspección al tanque elevado que se encuentran en esta zona rural, con el objetivo de determinar si la estructura es apta para soportar la antena de telecomunicaciones y una vez realizada la inspección se determinó que si es apta por lo que se tendría un avance de más del 50% en la logística del proyecto.
La visita de inspección también determinó que la Secretaría de las TIC sería la encargada de liderar los trámites correspondientes para identificar la viabilidad de hacer uso de dicho predio e infraestructura para la instalación de la antena, que, de ser una realidad, tendría una cobertura promedio de 4 kilómetros a la redonda, beneficiando directamente a veredas como Sirivana, Palomas, La Calceta, entre otras.
De otra parte, se espera que la comunidad se concientice del beneficio que representa lograr la instalación de la antena y por lo tanto se unan en un propósito de beneficio común para el sector brindando el respaldo que requiere esta gestión que viene desarrollando la Administración Municipal, y que así puedan contar con señal telefónica para llamadas y conectividad digital para navegar en internet de forma permanente desde la comodidad de sus fincas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El próximo 2 de mayo se presentará el cronograma y se hará seguimiento al proceso de adjudicación de tierras para víctimas desplazadas del Cesar en el municipio de Maní, el cual fue un proceso inconsulto tanto con el departamento como con el municipio, se conoció durante la realización del Primer Comité de Justicia Transicional de 2025 en Casanare.
Así mismo, se anunció la creación de una mesa de alto nivel, liderada por el gobernador, con participación de directivos nacionales de la ANT, la Unidad para las Víctimas y la SAE, para revisar casos pendientes de retorno, reubicación y adjudicación de tierras, priorizando a las víctimas del departamento.
Otro punto importante dentro de los compromisos será la inauguración del punto de atención de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Casanare, prevista para el 23 de abril, lo cual facilitará el acceso de las víctimas a los mecanismos de justicia transicional. Además, el 22 de abril se realizará una reunión con dependencias departamentales para evaluar la viabilidad financiera de fortalecer los puntos de atención a víctimas en Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Compromiso del Gobernador
El Comité de Justicia Transicional contó con una amplia participación institucional y comunitaria. El evento, liderado por el gobernador César Ortiz Zorro, reiteró el compromiso del departamento con la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, trazando acciones concretas para avanzar en su atención, protección y garantía de derechos.
Al encuentro asistieron secretarios departamentales, alcaldes municipales, delegados de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, así como representantes de las mesas de víctimas de Yopal y del departamento.
Gracias a la gestión articulada de la Gobernación, se logró la indemnización de 130 víctimas, con una inversión superior a los 1.127 millones de pesos. De estas, 96 personas fueron notificadas en Yopal, accediendo además a orientación en educación financiera, así como a subsidios de vivienda y educación superior, fortaleciendo su proceso de restablecimiento.
“Estamos trabajando de manera conjunta con todas las entidades y la comunidad para garantizar una reparación integral y efectiva. La vuelta a la agroindustria es un factor imprescindible al que apostamos para que las víctimas sigan teniendo oportunidades de dejar atrás el conflicto para ellos, sus familias y comunidades”, expresó el gobernador Ortiz Zorro.
El Comité también contó con la participación del coronel de la Policía de Casanare, Giovanni Barrero Unigarro, y delegados del coronel Carlos Mauricio Peña Jiménez, comandante de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional, quienes presentaron informes de seguridad enfocados en la garantía de derechos para la población víctima.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, y el director de Gestión del Riesgo, Guillermo Velandia, anunciaron desde Cartagena, la incorporación de un moderno carrotanque de 15.000 litros a la flota de vehículos de emergencia con los cuales cuenta el departamento de Casanare.
Esta entrega fue realizada por Cristian Rojas Álzate, coordinador de Transporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien destacó el compromiso de la entidad con el fortalecimiento de las capacidades de atención en todo el país.
“Desde la UNGRD, trabajamos con responsabilidad para garantizar que las regiones cuenten con equipos adecuados que permitan proteger la vida y los bienes de las comunidades más vulnerables”, expresó Rojas Álzate.
Este carrotanque, gestionado por el gobernador César Ortiz Zorro ante el Gobierno Nacional, se suma al recibido la semana pasada, incrementando a cinco los vehículos especializados disponibles en Casanare. Muy útiles para enfrentar incendios, garantizar el suministro de agua potable en zonas con dificultades y atender emergencias en sistemas de acueducto.
La gestión del Gobernador, ante el Gobierno Nacional, supera los 1.500 millones de pesos, una muestra de su gestión incansable en ministerios y demás despacho de la Presidencia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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