CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
En un esfuerzo por garantizar el derecho a la salud de toda la población, la Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Salud Municipal llevó a cabo una jornada de salud extramural dirigida a la población privada de la libertad en la carceleta de la Estación de Policía, ubicada en la vía Sirivana.
Cerca de 63 personas privadas de la libertad se beneficiaron de una amplia gama de servicios básicos para el bienestar de esta población, incluyendo odontología, medicina general, suministro de medicamentos esenciales, psicología, vacunación, inmunizándoles con 25 dosis de fiebre amarilla y 30 dosis de influenza, nutrición, socialización de deberes y derechos en salud, promoción de la afiliación al sistema de salud, trámites de portabilidad, afiliaciones de oficio y traslados de EPS.
La articulación entre la ESE Salud Yopal, Secretaría de Desarrollo Social, Personería Municipal, Entidades Prestadoras de Salud como Capresoca, Famedic, CooSalud EPS, Nueva Eps y la Defensoría del Pueblo fue fundamental para el éxito de esta actividad, en una muestra de que la voluntad de las entidades para trabajar de manera conjunta permite garantizar los derechos humanos y la salud pública, asegurando que incluso aquellos en condiciones especiales tengan acceso a servicios básicos para su bienestar integral.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Dicen en el Llano que “cuando dos gallos se crían en el mismo gallinero, tarde o temprano se van a medir el canto”. Y eso es justamente lo que está pasando en la Asamblea Departamental de Casanare, donde dos jóvenes diputados, nacidos y criados en Paz de Ariporo, se están disputando no solo el liderazgo político del norte, sino también el corazón del electorado que los vio crecer.
Jorge Eduardo García, del Partido Liberal, y Alejandro López, del Polo Democrático-Alianza Verde-Mira, se han convertido en protagonistas de una novela que tiene de todo: poder, historia, futuro y, por supuesto, una buena dosis de rivalidad. Ambos son diputados, ambos son de Paz, y ambos tienen hambre de más.
García, curtido desde la cuna en las artes de la política, viene con apellido, herencia y maña. Su papá, un viejo zorro de la política casanareña, lo dejó bien parado para arrancar. Aterrizó en la Asamblea en paracaídas cuando la Toña se fue antes de tiempo, y desde entonces no ha soltado el micrófono. Fue presidente de la Duma y volvió en 2023 con la votación más alta. Pero a diferencia de otros herederos que se duermen en los laureles, Jorge ha sacado garras: debates sonados, control político duro y una postura crítica frente al gobierno departamental. Es, sin duda, la voz fuerte de la oposición.
Del otro lado del ring está Alejandro López, el muchacho sin padrinos, el que no heredó, sino que se forjó. Se trepó al concejo de Paz cuando nadie apostaba por él y llegó a la Asamblea con el respaldo de la calle, del trabajo comunitario, del que madruga a tomar tinto en los paradores con líderes veredales. Hoy es el defensor más leal del gobernador César Zorro y ha hecho de la política del acuerdo su bandera. Si Jorge arremete, Alejandro responde. Si Jorge cuestiona, Alejandro explica. Si Jorge se sube el tono, Alejandro se pone el chaleco del gobierno.
Hoy la pelea es por el superávit, pero la disputa no es nueva. Ya han chocado por la conformación de las comisiones, por la empresa de licores, por el PAE, por las tablets… en fin, cuando no es Juana, es su hermana. Y aunque a veces parece que se van a sacar los trapitos al sol, ambos saben hasta dónde apretar sin que reviente el lazo. Porque, al final, también saben que en política, “ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre”.
Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿le conviene esto a Paz de Ariporo? ¿Es bueno que sus dos diputados estén siempre en veredas distintas? Algunos opinan que sí, que es como tener un policía bueno y uno malo. Jorge hace las denuncias, prende las alarmas, y Alejandro se pone la camiseta para buscar soluciones. Un gana-gana, dicen los más optimistas. Otros, en cambio, creen que tanta pelea termina siendo pólvora en gallinazo, ruido sin resultados.
Lo cierto es que ninguno de los dos está jugando al corto plazo. Jorge quiere ser gobernador. Alejandro podría ser representante a la cámara o tiene entre el bolsillo la alcaldia de su pueblo. Y mientras llega la hora de lanzarse al agua, seguirán midiéndose el aceite, uno desde la crítica y el otro desde la gestión.
Como diría mi abuela, “cuando dos burros se pelean, el pasto sufre”. Pero aquí no hay burros, hay dos gallos. Y el gallinero se llama Casanare.
Por: El Llanero Observador
CASANARE
Ya no se construirá nuevo edificio de la Alcaldía de Yopal, se redirigen recursos a obras prioritarias
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, anunció que no se construirá el nuevo edificio de la Alcaldía, pese a que el Concejo Municipal había aprobado los recursos mediante el endeudamiento por $107 mil millones de pesos aprobado el año anterior.
La decisión se tomó, debido a que la Aeronáutica Civil negó el permiso para construir en altura y, además, los estudios de diseño revelaron que el costo de la obra supera ampliamente el presupuesto disponible, ascendiendo a más de $114 mil millones.
Cambiar destino de los recursos
Frente a este panorama, el mandatario local indicó que sería irresponsable iniciar una obra sin la garantía de poder terminarla, lo que podría derivar en un elefante blanco para la ciudad. Por ello, presentará una propuesta al Concejo Municipal para redirigir los recursos a proyectos que sí pueden ejecutarse en el corto plazo y que responden a necesidades urgentes de la comunidad.
Entre los nuevos destinos de la inversión están el mejoramiento de la malla vial urbana, la compra de maquinaria para el mantenimiento de vías terciarias y la compra de busetas para el transporte escolar; los recursos para la construcción del colegio Centro Social están garantizados, también del endeudamiento.
Ruíz Riaño destacó que la demanda más sentida en el campo es la mejora de las vías, y actualmente el municipio cuenta con maquinaria limitada y en mal estado.
Aunque persiste el problema de hacinamiento en las instalaciones actuales de la Alcaldía, Ruíz explicó que se continuará trabajando en espacios alternos hasta encontrar una solución viable.
Por último, el mandatario señaló que espera la aprobación del Concejo Municipal para el cambio de destino de los recursos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
