CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
La Alcaldía de Yopal presentó un balance de los avances en materia de seguridad ciudadana durante el más reciente Consejo de Seguridad. Se destacaron reducciones significativas en varios indicadores delictivos, así como las estrategias que continúan fortaleciéndose de manera articulada entre las autoridades locales y nacionales para consolidar la convivencia.
De acuerdo con el informe, en lo corrido de 2025 el municipio registró una reducción del 35 % en los casos de extorsión y del 53 % en el hurto al comercio. Las lesiones personales disminuyeron en un 89 % frente al año anterior, mientras que el hurto a personas, residencias y motocicletas mantiene una tendencia a la baja, con una alta tasa de recuperación de vehículos.
Durante el Consejo de Seguridad, el secretario de Gobierno, Jorge Andrés Rodríguez González, señaló la importancia de seguir fortaleciendo la capacidad institucional para la ejecución efectiva de medidas judiciales y administrativas. Se adelantan gestiones conjuntas con instancias departamentales para optimizar los mecanismos disponibles y garantizar una respuesta oportuna del Estado.
La Administración Municipal reiteró que la estrategia de seguridad no responde a acciones aisladas, sino a un enfoque planificado que incorpora experiencias implementadas en otras ciudades del país. Este enfoque está orientado a la prevención de la intolerancia y la violencia social, así como al fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.
Persisten hurto a celulares y violencia intrafamiliar
Las autoridades indicaron que, si bien los resultados son positivos, persisten desafíos que concentran la atención institucional, entre ellos el hurto de celulares y la violencia intrafamiliar, con especial seguimiento en sectores rurales. Estas situaciones hacen parte de los frentes priorizados de intervención, en los que se vienen reforzando acciones preventivas y de control.
La estrategia se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Administración Municipal. Se incluyen operativos conjuntos, control del espacio público, jornadas de recuperación de entornos y protección animal, al tiempo que se hace un llamado a la ciudadanía a denunciar los hechos delictivos y a confiar en las instituciones.
Yopal continúa ampliando su infraestructura de conectividad con la puesta en funcionamiento de nuevas zonas WiFi gratuitas en los sectores de La Niata y el barrio Dalel Barón. Esta iniciativa, liderada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, busca acercar el acceso a internet a más comunidades y fortalecer las oportunidades educativas, sociales y económicas de la población.
Con la operación de estos puntos de conexión, estudiantes, jóvenes, emprendedores y habitantes en general cuentan ahora con acceso libre a internet en espacios públicos estratégicos. Esto facilita la consulta de información, el desarrollo de actividades académicas, la realización de trámites en línea y la comunicación permanente con diversos servicios digitales.
Las zonas WiFi instaladas funcionan mediante energía solar, lo que garantiza su sostenibilidad y continuidad. Además, cuentan con espacios habilitados para la carga de dispositivos móviles, ampliando las posibilidades de uso para la comunidad. Este tipo de infraestructura permite que los ciudadanos permanezcan conectados sin depender de servicios privados, especialmente en sectores donde el acceso a internet ha sido limitado.
Durante la verificación de los puntos, el alcalde encargado, Jorge Andrés Rodríguez, destacó que la Administración Municipal asumirá la prestación del servicio para garantizar su funcionamiento y propósito social. Por su parte, el secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, José Tobías Díaz Alarcón, explicó que estas zonas impactan el ámbito educativo, el emprendimiento y el acceso a la información.
El edil Gonzalo Salamanca hizo un llamado a los habitantes de La Niata y Dalel Barón para cuidar estos espacios y hacer un uso responsable de la infraestructura. Resaltó que la corresponsabilidad ciudadana es clave para que este tipo de proyectos se mantengan en el tiempo y continúen beneficiando a más personas.
La puesta en marcha de estas zonas WiFi forma parte de una estrategia integral impulsada por el alcalde Marco Tulio Ruiz, orientada a reducir las brechas digitales y a garantizar que más sectores del municipio puedan acceder a la educación, la información y los servicios tecnológicos. Complementariamente, se avanza en la identificación de nuevos puntos para zonas rurales como Alemania y Aracal.
Un proyecto de infraestructura clave para la conectividad entre Boyacá y Casanare, abandonado desde hace años, se hará realidad gracias a un acuerdo entre el gobernador César Ortiz Zorro y el alcalde de Tauramena, Javier Álvarez. Se trata de la finalización del puente sobre el río Cusiana, en la vereda Visinaca.
Esta obra conectará las veredas Monterralo, El Paraíso, Los Lirios (Aguazul) y Visinaca (Tauramena), beneficiando a más de 65 mil personas que dependen de este corredor vial para la comercialización de sus productos agropecuarios, como leche, queso, yuca, plátano y panela.
El puente sobre el río Cusiana, ubicado en el corredor vial Monterrey – Tauramena – Monterralo, se construirá con una estructura metálica de 125 metros de luz, complementada con obras adicionales necesarias para su funcionamiento.
La obra, que asciende a $37.302.185.890, será cofinanciada por la Gobernación de Casanare, con $14.151.092.945, y la Alcaldía de Tauramena, que destinará $23.151.092.945. La ejecución de este importante proyecto estará a cargo del Instituto Financiero de Casanare (IFC) mediante recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Óscar Javier Araque, gerente del IFC, subrayó la importancia de este puente al señalar que “esta obra es muy importante porque va a permitir que Tauramena se interconecte con el departamento de Boyacá, generando progreso, prosperidad y dinamismo para el municipio”.
Líderes de Visinaca expresaron su agradecimiento al gobernador Zorro por cumplir su compromiso y lograr el “desembotellamiento” de varias veredas, fundamentales para el desarrollo económico de los municipios. Previo al inicio de la construcción, la Secretaría de Infraestructura de Casanare ha estado realizando mejoras en las vías terciarias del corredor.
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