CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
El cuerpo de Elder Aponte Tumay descansa ahora en el Cementerio Municipal de Pore. Tenía 28 años cuando desapareció, era amante del llano, que fue refugio y musa de los poemas que escribía. Diecinueve años después su madre, hermana, el resto de la familia y amigos lo recibieron en una ceremonia íntima y emotiva para rendirle un homenaje entre sus canciones favoritas y recuerdos para darle una sepultura digna. Lo evocaron por su nobleza, el amor hacía los suyos y las ganas de aprender cosas nuevas, estudiar y salir adelante.
Esta entrega digna se llevó a cabo en el marco del plan regional de búsqueda del norte de Casanare. En este acto, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, acompañaron a la familia Aponte Tumay en el cierre de un ciclo que se prolongó durante casi dos décadas. Allí, en nombre del Estado, las instituciones pidieron perdón y reconocieron que ninguna persona debió ser desaparecida ni sometida a una espera tan larga para conocer la suerte y paradero de un ser querido.
19 años buscando
Tras la desaparición de Elder, la familia emprendió un camino de búsqueda que no conoció pausas. La voz más insistente fue la de su tía Astrid, quien acudió a distintas instituciones para exigir respuestas. Durante ese trayecto se encontraron con versiones contradictorias sobre lo ocurrido, algunas de ellas con relatos alejados de los hechos. Otras, incluso se atrevían a justificar su desaparición. Cada una de estas acciones con daño ampliaron la herida y aumentaron el dolor de la ausencia. Esto también generó señalamientos, estigmatización y revictimización.
El 17 de julio de 2006, en la vereda El Tablón de Támara, al norte de Casanare, Elder perdió la vida en hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado. Su cuerpo fue despojado de sus documentos e inhumado sin que se conociera su identidad. Años después las huellas dactilares tomadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fueron cotejadas con la información de la Registraduría, permitiendo establecer las coincidencias entre el cuerpo previamente analizado y los registros existentes.
La confirmación final llegó tras el análisis genético realizado a su madre y hermana. Los resultados no dejaron dudas: las coincidencias establecieron que las estructuras óseas correspondían a Elder Aponte Tumay, cerrando un largo recorrido de incertidumbre con una certeza dolorosa pero necesaria para su familia.
Un ciclo cerrado
Luego de informar a la familia sobre la identificación, se organizó la entrega digna en el municipio de Pore. Con cartas y camisetas estampadas con el rostro de Elder, trajeron al presente su recuerdo. “Era un hijo muy cariñoso, alegre, le gustaba la música y el fútbol, me dolió mucho perderlo porque era una persona muy especial. Han pasado 19 años y hasta hoy le podemos dar cristiana sepultura, hoy llegamos a este momento de poder culminar esa búsqueda” dijo Yamile Tumay, su madre.
En el Cementerio Municipal de Pore, diecinueve globos blancos se elevaron hacia el cielo representando cada año de ausencia, mientras la comunidad lo despedía con música llanera: sonidos de arpa, cuatro, maracas y las voces de su tío, su cuñado y su primo.
Nunca perdieron la esperanza
Wilson Chavarro, Coordinador Territorial de la UBPD en Casanare, destacó la constancia de la familia: “Nunca perdieron la esperanza y persistieron en su reclamación por aclarar la situación de la que fue víctima su ser querido”. Añadió que la Unidad de Búsqueda acompañó la entrega digna del cuerpo de Elder conforme a las costumbres religiosas y tradiciones de la familia, y reafirmó el compromiso de la entidad: “Seguiremos trabajando para dar respuesta a las más de dos mil familias casanareñas que aún esperan a su ser querido”.
Casanare registra un universo de 2.081 personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, según datos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, de los cuales 43 casos se registraron en Pore. La Unidad de Búsqueda cuenta con 25 sedes territoriales y 3 sedes satélite en el país, donde recibe solicitudes de búsqueda y aportes de información que permita encontrar personas que se encuentran desaparecidas y cuyas familias continúan buscando. En Casanare, la sede de Yopal está ubicada en la Calle 16 # 22 – 65, barrio Bello Horizonte y se puede contactar a través del 3162809395.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
Tragedia en Yopal: motociclista murió tras ignorar semáforo en rojo y chocar en la calle 24
Un grave accidente de tránsito se registró este martes, sobre las 3:00 de la tarde, en la intersección de la calle 24 con carrera 19 de Yopal, dejando como saldo una persona muerta y otra lesionada. La víctima fatal fue identificada como Sabas Enrique Vélez, quien según el reporte de las autoridades de tránsito, omitió el semáforo en rojo e impactó de manera violenta contra otra motocicleta.
Vélez se movilizaba en una moto Yamaha Libero 125 de placas SNA55C, mientras que el otro involucrado conducía una moto Agility de placas KLG25B. Videos de las cámaras de seguridad del sector confirmaron que el ahora fallecido avanzó a gran velocidad pese a la señal de pare, lo que provocó la colisión.
Ambos conductores resultaron heridos, pero Vélez sufrió lesiones de mayor gravedad y fue trasladado a la Clínica Casanare, donde horas más tarde se confirmó su deceso. El otro motociclista permanece bajo observación médica.
Adicionalmente, durante el siniestro vial un perro de raza husky siberiano que viajaba como acompañante en una de las motos resultó lastimado y huyó del lugar por el susto. Vecinos y allegados lograron localizarlo horas después y confirmaron que se encuentra a salvo.
Fuente: El Diario del Llano
La Cámara de Comercio de Casanare realizó una nueva jornada de Café Empresarial en Yopal, con el propósito de fortalecer la seguridad de comerciantes y emprendedores frente a modalidades delictivas que afectan al sector productivo. La capacitación se centró en la prevención de llamadas extorsivas y estafas telefónicas, un fenómeno que suele presentarse contra quienes recientemente formalizan sus empresas en el Registro Único Empresarial.
Durante el encuentro, el comandante de la Policía de Casanare, Coronel Pablo Galindo, entregó recomendaciones prácticas para evitar ser víctimas de estas intimidaciones, las cuales en muchos casos son realizadas desde centros carcelarios. Entre las sugerencias destacó el uso de identificadores de llamadas, la protección de datos personales, el manejo responsable de la información en redes sociales y la denuncia inmediata ante el Gaula o la Policía de cualquier intento de extorsión.
El espacio también permitió que los emprendedores compartieran sus experiencias, y varios manifestaron haber recibido llamadas sospechosas poco después de registrar su empresa. Estos testimonios sirvieron para reforzar la importancia de aplicar las medidas de prevención y mantener una comunicación directa con las autoridades.
La Cámara de Comercio de Casanare reiteró su compromiso de seguir generando este tipo de espacios de formación, orientados a brindar herramientas de seguridad y acompañamiento a los empresarios de la región, especialmente a quienes inician su actividad económica y se encuentran más expuestos a estas modalidades delictivas.
Fuente: El Diario del Llano
