CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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