CASANARE
Dos exgobernadores y varios exfuncionarios condenados en Casanare por la Contraloría General
La Contraloría General de la República dejó en firme cuatro fallos con responsabilidad fiscal, que suman $9.842 millones de pesos, por igual número de casos de corrupción declarados de impacto nacional sucedidos en el departamento de Casanare.
Los casos involucran a dos exgobernadores (Helí Cala López y Whitman Herney Porras), al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Fonseca Rodríguez, y a más de una docena de contratistas, entre otros.
Los daños patrimoniales sobre los cuales se produjo fallo definitivo por parte de la Contraloría tienen que ver con cuatro obras inconclusas:
-. El Sistema que iba a permitir la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Municipio de Yopal, contratado en agosto de 2011 por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal (EAAAI) con el Consorcio INISA, donde se presentó incumplimiento del contratista y se perdió el anticipo del 50% que le fue entregado a éste ($3.855 millones).
-. La construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo, que debió haber sido construida hace 13 años. Hoy es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo.
-. La construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, otro proyecto fallido. Las obras se encuentran inconclusas y en estado de abandono y, además, no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos. Y, al momento de la actuación de la Contraloría, de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno.
-. Y un proyecto de vivienda de interés social en el municipio de Villanueva, la Urbanización Villa Mariana, que iba a beneficiar a 96 familias, no fue terminado y quedó abandonado y donde el contratista (C.I. Desarrollo Territorial S.A.) recibió pagos por obras incompletas y sin las condiciones técnicas requeridas.
Los fallos de primera instancia fueron producidos por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR y quedaron en firme al resolverse los respectivos recursos de apelación por parte del Despacho del Contralor General de la República.
Fallo contra exgobernadores Cala y Porras
La Contraloría dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $3.012 millones de pesos contra los exgobernadores Helí Cala López y Whitman Herney Porras, por el detrimento patrimonial que se dio con los inconvenientes de planeación que llevaron a dejar inconclusa la construcción de la Biblioteca Pública del municipio de Paz de Ariporo.
La condena fiscal cobija también a los contratistas y miembros del Consorcio Alejandría: Diseños y Construcciones Civiles DCC S.A.S., CISMO LTDA. y ARGEU S.A., así como a los interventores y miembros de la unión temporal D&C INGENIERÍA: Diego Fernando Fonseca Chávez y COMSER LTDA.
El organismo de control confirmó el fallo en sede de apelación y consulta, teniendo en cuenta las siguientes situaciones:
*Se produjo un menoscabo a los recursos provenientes del Sistema General de Regalías, derivado de la falta de planeación del proyecto.
*Faltó verificación de los estudios previos.
*Se evidenció falta de seguimiento y manejo eficiente de los recursos públicos.
*Y hubo incumplimiento de los contratos de obra e interventoría.
Un proyecto fallido, por falta de planeación
El Departamento de Casanare, en cabeza de su entonces Gobernador (E), Helí Cala López, suscribió el Convenio Interadministrativo 0074 del 31 de mayo de 2005 con el Ministerio de Cultura, con el objeto de aunar esfuerzos institucionales en procura de construir y dotar las bibliotecas públicas de los municipios de Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva.
Para construir y dotar las referidas bibliotecas públicas, la empresa PROARCO LTDA elaboró los estudios previos, los cuales fueron revisados por el Ministerio de Cultura – Coordinador de Infraestructura del proyecto- y por el Fondo Nacional de Desarrollo – FONADE.
Posteriormente, el Departamento de Casanare suscribió los contratos de obra e interventoría para la construcción de la biblioteca pública de Paz de Ariporo e interventoría correspondiente, contratos en los que se establecieron como obligaciones, entre otras, la de estudiar todos los factores que pudieran influir en la ejecución de los trabajos a contratar, cumplir con la calidad y entrega del trabajo y con las obligaciones contempladas en los pliegos de condiciones definitivos.
No obstante, pese a ser su obligación, los contratistas no detectaron las falencias de los estudios previos y las fallas en la cuantificación de la obra, antes de suscribir los contratos respectivos.
Una vez iniciada la obra e interventoría, se evidenciaron los inconvenientes de planeación, pese a lo cual, tanto los ex gobernadores como los contratistas e interventores continuaron con la ejecución de la obra, que en definitiva no pudo ser terminada por cuanto los recursos presupuestados no contemplaban la totalidad de ítems necesarios, ni coincidían las condiciones del terreno sobre el que se proyectó.
Por lo anterior, no se cumplió con el objeto contractual, la obra quedó inconclusa, es inoperante, no presta ningún servicio a la comunidad y su deterioro se aumenta con el paso del tiempo, dando paso a ser usada para actos de vandalismo, generando el daño fiscal que motivó la condena contra los 2 exgobernadores y los contratistas comprometidos.
Fallo con responsabilidad fiscal, por $3.347 millones, por otra obra inconclusa: el Acueducto del Municipio de Recetor
En lo que tiene que ver con la construcción del Sistema de Acueducto para el nuevo desarrollo urbanístico del Municipio de Recetor, la Contraloría General de la República confirmó un fallo con responsabilidad fiscal por $3.347 millones de pesos contra las firmas contratistas, interventorías y supervisores de este otro fallido proyecto.
Es así como, como resultado de sus conductas activas y omisivas con culpa grave, fueron condenados fiscalmente, varios miembros de la administraciones departamental y local para la época de los hechos, como: Armando Alfredo Vargas Fuentes (Secretario de Obras Públicas y Transporte del Departamento), Rodrigo Tadeo Flechas Ramírez (Director de Contratación del Departamento), Jhon Miller Domínguez Liévano (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Helberth Heriberto Niño Reyes (Gerente de las Empresas Públicas de Recetor), Nixon Hilton Pacheco Vega (supervisor de la Secretaría de Obras de la Gobernación de Casanare) y Cristian Andrés Ortega (Supervisor del Contrato).
Y los siguientes contratistas:
MARIA VICTORIA MORA FONSECA, J. J. CONSTRUCTORES Y CIA LTDA, CORPORACIÓN HUELLAS DE PAZ, MARTHA YORLENY JIMÉNEZ ARANGUREN, DIEGO IGNACIO ARENAS y CONSTRUCCIONES DEICO LTDA.
En este caso, se tuvieron como hechos generadores del daño patrimonial, las siguientes circunstancias:
*Deficiencias en la planeación, concretamente en los estudios y diseños que antecedieron los convenios interadministrativos N°0067 y N°0069 de 2010, y el Contrato de Obra Pública EPR0008 del mismo año, toda vez que eran apenas incipientes.
*Indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato: Los recursos no fueron aplicados en su totalidad a la ejecución de la obra pública, sino que presuntamente se utilizaron en beneficio del contratista de obra o de un tercero, lo que conllevó a su incumplimiento.
*La no ejecución de la obra derivada de la presunta deficiencia en la prestación del servicio de interventoría ofrecido por el Consorcio D&A 079, con base en el Contrato de Consultoría N°0257 de 14 de febrero de 2011, ya que no fue eficiente ni eficaz, en controlar la adecuada realización de la obra y no previno oportunamente la paralización del contrato.
Esto debido a deficiencias en la planeación de estudios y diseños y por la indebida administración de los recursos entregados en anticipo del valor del contrato de obra, así como a la no ejecución de los contratos que llevaron a la pérdida de los recursos mencionados y su consecuente incumplimiento.
La Contraloría se pudo establecer que las obras de los convenios interadministrativos Nos. 067 y 069 de 2010 y del contrato de obra No. EPRO008/2010 se encuentran inconclusas y en estado de abandono; las obras no cumplen con la finalidad identificada en los estudios previos; y de los 54 sistemas individuales de abastecimiento y potabilización, no se encontraba construido ni siquiera uno. El daño fue cuantificado en $3.347 millones, indexado al 30 de junio de 2018.
Fallo por irregularidades en las obras complementarias para la adecuación y optimización de la PTAR de Yopal
De la misma manera, la Contraloría confirmó en sede de apelación la decisión de fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso adelantado en contra del exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal, Fernando Enrique Fonseca Rodríguez, así como a la firma contratista, el CONSORCIO INISA, por un detrimento patrimonial de $1.420 millones.
Esta decisión es resultado de establecer la responsabilidad derivada de la efectiva omisión del contratista CONSORCIO INISA, por el daño patrimonial generado a los recursos de las regalías del Departamento de Casanare, al no ejecutar la obra y además no hacer reintegro del anticipo objeto del contrato de obra No. 168 del 05 de agosto de 2011, con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal.
El contrato mencionado tenía por objeto “La adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del Sistema Aeróbico Vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal”, el cual tenía un valor de $ 7.711.540.050.
Fallido Plan de Vivienda
Igualmente, se confirmó un fallo de responsabilidad fiscal por $2.063 millones contra el exalcalde de Villanueva Josué Alexander Bohórquez Peña y la firma C.I. Desarrollo Territorial S.A., representada legalmente por David Rendón Montoya, por el detrimento patrimonial que se dio con el fallido proyecto de vivienda de interés social denominado “Urbanización Villa Mariana”.
El daño patrimonial determinado aquí es resultado del trabajo adelantado por los equipos auditores de la Gerencia Departamental de la CGR en Casanare.
Fuente: Contraloría General de la Nación
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
