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Contraloría Departamental de Casanare `triplicó` su labor de vigilancia en 2020

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Yaneth Constanza Holguín 1

Un ejemplo descriptivo es que anualmente la Contraloría Departamental ejecutaba cerca de 27 auditorías entre especiales y regulares, pero en este 2020 el equipo de trabajo realizó 70 auditorías, casi triplicando el volumen del control anual, sin aumentar la cantidad de personal con que ha contado la entidad en los últimos años.

De acuerdo al resumen presentado por la contralora Yanneth Constanza Holguín Suárez, de esas 70, 25 auditorías estuvieron dirigidas a vigilar la correcta ejecución de los recursos encaminados a atender la pandemia por Covid 19.

Gracias a la presencia de la Contraloría Departamental, se logró que los ordenadores del gasto, ajustarán los precios inicialmente contratados, lo que conllevó a adquirir más bienes y servicios con el mismo presupuesto. Así lo señaló Carolina Mariño directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Regional.

Es necesario aclarar, que por competencia, el control de la Contraloría Departamental es posterior a la ejecución de los recursos; no obstante, en el caso de la pandemia, la vigilancia se realizó en tiempo real a la contratación gracias al control de las urgencias manifiestas decretadas por los entes territoriales, obteniendo resultados positivos inmediatos, para beneficio de los casanareños.

“Para nosotros es importante más que sancionar, realizar una labor de vigilancia de los sujetos de control, evitando cualquier daño al patrimonio público”, aseguró la contralora Departamental Yanneth Constanza Holguín Suárez.

Fenecimiento las cuentas

Dentro de este informe presentado por la Contraloría Departamental, se destaca que 24 de las 27 entidades públicas que fueron objeto de auditorías especiales, obtuvieron una calificación superior a los 80 puntos, logrando el fenecimiento de sus cuentas de la vigencia 2019.

Esta información fue corroborada por la directora de Vigilancia Fiscal, Diana Carolina Mariño Mondragón, quien además explicó que, normalmente se hace este tipo de auditorías en todos los componentes de la gestión a las entidades y su comportamiento fiscal, a través de una matriz, con la cual, se definen los lineamientos del proceso auditor.

Las Contraloría – dijo la funcionaria-, lo que hace es que cada uno de los sujetos vigilados, haya reportado la información de toda la gestión contractual en las plataformas SIA OBSERVA, o SIA CONTRALORIA.

Si la información reportada está conforme a las normas en sus respectivos componentes, se le da una calificación que debe superar los 80 puntos para el fenecimiento de la cuenta; de ellos, 24 organismos entregaron de manera correcta la información en las plataformas, mientras que tres entes gubernamentales no se les feneció la cuenta porque sacaron o fueron calificados por debajo de los 80 puntos.

Respecto a las entidades que no lograron la calificación de los 80 puntos, en la mayoría de los casos, fue porque no reportaron la información de los contratos y convenios suscritos o que alguna información financiera no está completa y no permite que se pueda hacer una revisión por parte de la contraloría.

Apoyo de la comunidad para identificar hallazgos

Frente al éxito obtenido por la Contraloría Departamental, la titular de esa dependencia, resaltó el apoyo de la ciudadanía al denunciar hechos que se consideraron por parte de los líderes sociales, como irregulares y esta información ha sido contundente para establecer hallazgos por un valor superior a los 781 millones de pesos.

Esos resultados, motivaron a las Contralora Yanneth Constanza Holguín Suárez, a invitar a la ciudadanía y a veedores a que continúen apoyando esta labor de control social, porque gracias a su información oportuna, se puede detectar posibles conductas que atenten contra la correcta ejecución del patrimonio público.

Aseguró la Contralora Departamental que, “El control social a la gestión fiscal en el Departamento ha sido determinante para la vigilancia de los recursos públicos, motivo por el cual exhortamos a la ciudadanía para que continúe denunciando y así participe de manera activa como veedores del tesoro”, sostuvo la contralora Yaneth Constanza Holguín Suárez.

Apoyo a veedurías ciudadanas

Dado los buenos resultados que se han logrado con el concurso de la ciudadanía, la contralora departamental, anunció que cada vez que una veeduría ciudadana, requiera del apoyo legal y procedimental para realizar su trabajo, puede contar con el acompañamiento de profesionales de la dependencia a su cargo, quienes le brindarán orientación oportuna.

Como ejemplo destacó el caso de la solicitud de acompañamiento solicitada por un veedor de Villanueva, a quien se le instruyó sobre los canales en los cuales podría encontrar información para verificar el cumplimiento en la ejecución de lo pactado con el Centro Comercial Agro empresarial de Villanueva.

Este es un buen ejemplo, porque quienes pretendan colaborar en la vigilancia de los dineros públicos, lo primero que debe saber es la fuente de los recursos que se están ejecutando para luego establecer el ente de control que tiene la competencia en la vigilancia del dinero. Para este caso, el Centro Comercial Agro empresarial es un proyecto de 6.901 millones de pesos gestionados por la Gobernación de Casanare ante el Departamento Nacional de Planeación.

Los recursos provienen del Sistema General de Regalías, cuya vigilancia y control le corresponde, de manera exclusiva, a la Contraloría General de La República, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de Ley 1530 de 2012.

Se aclara que, aunque la Contraloría Departamental no tiene competencia en la vigilancia de estos recursos, al veedor se le explicaron los medios a través de

los cuales podía acceder a la información, para continuar verificando que la obra cumpliera con todas las especificaciones del contrato.

Red de Apoyo a las veedurías Ciudadanas

Las Veedurías Ciudadanas son instancias a las cuales los ciudadanos pueden acudir; en este mismo sentido, la “Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas”, está conformada por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, teniendo como principal objetivo, de estos organismos, brindarles apoyo legal y promocionar la vigilancia a la inversión de los recursos públicos.

Para conocimiento de los ciudadanos, El Vice-contralor Departamental José Alfredo Rojas Pérez nos explica cómo se encuentra integrada la Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas; veamos:

ü El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, encargado de diseñar las metodologías de evaluación de la gestión pública, para facilitar la vigilancia de las Veedurías.

ü La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, ante la cual podrán acudir para todo lo que tenga que ver con programas de capacitación a Veedurías.

ü El Departamento de Planeación en sus diferentes niveles (nacional, departamental, y municipal), el cual está obligado a brindarles la información que requiera sobre planes, programas, proyectos, recursos, y demás, que garanticen una óptima labor veedora.

Aclaró el funcionario del organismo de control y vigilancia que, el veedor no sólo puede conseguir información del contratista e interventor, sino que también puede solicitar los datos ante los Departamentos de Planeación de la Alcaldía o Gobernación, o quien sea que figure como contratante o aportante de los recursos públicos con los que se ejecuta un proyecto.

Si una vez terminadas las obras y liquidado el contrato, la Veeduría evidencia algún asomo de daño al patrimonio, materializado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, la veeduría puede denunciar de inmediato, a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de La

República en el caso citado de Villanueva, al tener en cuenta el origen de los recursos.

Otro aspecto importante es que se ha dispuesto del sistema electrónico (SECOP) que tiene como función permitir a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de su gestión contractual, y a las partes interesadas (proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general), participar en los procesos de contratación, o consultar el estado de ejecución.

También la plataforma SIA OBSERVA que cuenta con un portal para ciudadanos, el cual permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos en tiempo real.

Capacitación de la nueva la plataforma de contratación.

Dada la necesidad de actualizar los conocimientos y con el propósito de mejorar las competencias de funcionarios públicos y ciudadanía, la Contraloría Departamental de Casanare, realizó una jornada de socialización de las nuevas disposiciones en contratación estatal.

En esta capacitación se dieron a conocer los cambios que se han venido presentando en la contratación estatal, a partir del cual, tanto la comunidad en general como los funcionarios de las distintas entidades territoriales, reforzaron sus conocimientos de las reformas que han surgido en la Ley 2022”,

De acuerdo a lo expresado por el Vicecontralor, esta capacitación se orientó a fortalecer cada vez más la transparencia en la contratación pública y especialmente, que los ciudadanos, cuenten con herramientas que les permitan mejorar su acción frente a la preservación del patrimonio público.

La conferencia tuvo una amplia audiencia, pues fue transmitida en directo por las redes sociales a través de la cuenta de Facebook de la Contraloría Departamental de Casanare, que logró la atención permanente de casi 300 personas, entre funcionarios, líderes sociales, periodistas y veedores ciudadanos.

La capacitación fue dictada por el abogado Juan Carlos Expósito Vélez, Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y docente de la Universidad Externado de Colombia.

Concurso de méritos

Como respuesta a la tarea que ha desarrollado la Contraloría Departamental de Casanare y atendiendo un requerimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se realizó el cargue de la oferta de 15 empleos en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en el proceso de convocatoria pública para proveer por méritos los empleos de carrera administrativa que adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), pertenecientes a las plantas de personal vacantes de forma definitiva de las Contralorías Territoriales.

Según el Vice-contralor Departamental José Alfredo Rojas Pérez, se realizó el reporte de empleos y de servidores públicos de la Contraloría Departamental de Casanare, que cumplen con los requisitos y condiciones para el concurso de ascenso, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1960 de 2019.

La convocatoria se encuentra publicada en la página de esta entidad. Para conocer más información sobre las convocatorias 2020 se pueden dirigir al siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/1358-al-1417-de-2020-contralorias-territoriales

Resultado auditorias

Finalmente la Contralora Departamental, Yanneth Constanza Holguín Suárez, dio a conocer el resultado de las auditorias especiales al Hospital Regional de la Orinoquia y la Gobernación de Casanare, sobre los recursos ejecutados en la vigencia 2019.

El objetivo de estas auditorías consistió en verificar lo dispuesto en las normas que rigen las actuaciones administrativas, la gestión contractual, la implementación de las compras públicas con criterio de evaluación, el control fiscal interno, el cumplimiento de las normas financieras y administrativas y la rendición de cuentas, entre otras.

Para el caso del Hospital Regional de la Orinoquia, Al término de la auditoría, se calificó como favorable, al obtener una calificación de 83,4 puntos tras evaluar los componentes de control de gestión fiscal del año 2019.

En cuando a la Gobernación, la auditoría Regular realizada por la Contraloría Departamental, se revisaron los componentes referenciados de control de gestión (gestión contractual, de legalidad, administrativa, sentencias judiciales, talento humano, almacén e inventarios, control fiscal interno, gestión ambiental, rendición y revisión de la cuenta), control de resultados y control financiero.

De acuerdo con la directora del Organismo de Control Fiscal Regional, el proceso de Planeación se inició el primero de octubre de 2.020 y fue instalado de manera formal, el 22 de octubre, finalizando el 23 de diciembre de 2.020

Al término de la auditoría, se calificó como favorable, al obtener una calificación de 88,7 tras evaluar los componentes de gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión ambiental y control fiscal interno del año 2019.

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Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos

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El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.

La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.

La organización sindical argumenta que la actual interventora participó en toda la estructuración del modelo que hoy presenta fallas, evidenciadas en barreras de acceso, demoras en citas y entrega incompleta de medicamentos. Según el documento, las quejas han aumentado de manera sostenida en los últimos años, por ejemplo, en 2026 se reporta un incremento del 56% en tutelas y del 144% en reclamaciones, lo que refleja un deterioro crítico en la atención.
Además, el sindicato advierte sobre incrementos significativos en la contratación de servicios y medicamentos, sin que esto se traduzca en mejoras reales para los usuarios. También cuestiona la falta de resultados en contratos de auditoría y supervisión, así como la ausencia de una red completa de servicios, especialmente en niveles de alta complejidad. “Se requiere un perfil altamente técnico, sin conflictos de interés, que garantice independencia en la toma de decisiones y permita implementar medidas correctivas efectivas”, dice SUNET.
En 2026 se incrementan de manera sustancial los valores de los contratos para atenciones de salud mental, artritis en las cuales se incluyen algunos medicamentos, no obstantes estos no son suministrados de manera oportuna ni completa. Con relación a la cohorte cardiovascular, en esta no se incluye el suministro de medicamentos, a diferencia de vigencias anteriores donde sí estaban contemplados.

Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.

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Secretaría de las TICs en Yopal ofrece curso gratuito de herramientas de Google

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La secretaría de las tecnologías de la información y las comunicaciones de Yopal invita a la comunidad a participar en su curso gratuito “Herramientas de Google”. Esta iniciativa de formación está orientada a fortalecer las competencias digitales de los ciudadanos.

El espacio académico está diseñado para brindar conocimientos prácticos en el uso de aplicaciones esenciales. Los participantes aprenderán a manejar herramientas como Google Keep, Calendar, Meet, Forms, Sites, NotebookLM y la gestión masiva de contactos, fundamentales en diversos ámbitos.

Estas aplicaciones son cruciales para el desarrollo de actividades en los ámbitos educativo, laboral y personal, mejorando significativamente la gestión de la información y la comunicación en entornos virtuales. La estrategia busca cerrar brechas digitales.

El curso dará inicio en el mes de mayo, con sesiones programadas de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. se desarrollará en las instalaciones del Punto Vive Digital, y como requisito indispensable, los participantes deberán contar con un computador portátil.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción de manera sencilla a través del enlace: https://forms.gle/LAqwDzK4kwP6LYRdA. Asimismo, para mayor comodidad, el registro también se puede efectuar escaneando el código QR que se encontrará en las piezas informativas oficiales.

La Secretaría TIC extiende una cordial invitación a toda la ciudadanía para que aproveche esta valiosa oportunidad de formación. El curso permitirá a los asistentes avanzar en el uso de herramientas digitales y fortalecer sus habilidades frente a los retos del entorno tecnológico actual.

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El abogado detrás del fallo que sacude el sistema tributario y protegió miles de millones para Yopal

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Una tutela estratégica, una disputa entre altas cortes y una decisión histórica de la Corte Constitucional (SU-047 de 2026) que le devuelve a las ciudades el control del impuesto de ICA, o en otros términos, redefinen la autonomía fiscal en Colombia. Detrás del caso, estuvo el abogado Gonzalo Ramos Rojas, Especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible y Magister en Seguridad y Defensa Nacionales, quien convirtió una derrota judicial en el Consejo de Estado, en un precedente nacional fijado por la Corte Constitucional, abriendo una compuerta jurídica para que las demás ciudades capitales lo repliquen en sus territorios.

El Impuesto de Industria y Comercio (ICA) es el combustible que permite mover y hacer crecer una ciudad, es en términos sencillos, una de las principales fuentes de ingresos de las ciudades en Colombia. Gracias a este impuesto, que pagan empresas y comercios por su actividad económica, los municipios pueden financiar servicios esenciales como salud, educación, infraestructura y programas sociales. En otras palabras, el ICA no es solo un tributo: es una herramienta clave para que las ciudades funcionen y puedan responder a las necesidades de sus ciudadanos.

En el Derecho, como en la guerra, hay momentos en los que una sola operación cambia el curso de la historia, en este caso, tributaria. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional es uno de esos momentos. Con la expedición de la Ley 2082 de 2021, el Congreso creó la categoría de ciudades capitales permitiéndoles tomar como referencia el régimen tributario de Bogotá.

A partir de lo anterior, el Consejo de Estado, cerró el paso a la autonomía de las ciudades: anuló los acuerdos de Yopal y Cali que buscaban elevar la tarifa del ICA, señalando que no podían superar el modelo de Bogotá.

La estrategia jurídica que redefinió el mapa tributario del ICA en Colombia

Litigar no es solo argumentar: es saber dónde dar la batalla.

Durante años, Colombia ha repetido el mismo discurso: somos un Estado descentralizado. Pero en la práctica, muchas decisiones siguen tomándose —o peor, imponiéndose— desde Bogotá. La Sentencia SU-047 de 2026 de la Corte Constitucional acaba de poner en evidencia esa contradicción.

El caso parecía técnico: la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA) en Yopal y Cali, sin embargo, para el apoderado del municipio en el fondo era mucho más que eso. Era responder a una pregunta incómoda: ¿pueden las ciudades capitales decidir sobre sus propios recursos o deben limitarse a copiar el modelo de Bogotá? El Consejo de Estado había respondido, en la práctica, que no podían apartarse.

Lo anterior define el problema jurídico. Porque esa postura no solo desconoce el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 —que permite, no impone, adoptar el régimen de Bogotá—. También reproduce una lógica profundamente centralista: lo que funciona (o se decide) en la capital debe replicarse en el resto del país, sin importar las realidades locales. Pero Colombia no es Bogotá. Yopal no es Bogotá, así lo entendió y así lo defendió el profesional del derecho ante el Consejo de Estado y ante la Corte Constitucional.

Sus dinámicas económicas, sus necesidades fiscales y sus cargas sociales son distintas. Pretender uniformarlas bajo un mismo esquema tributario no es razonable, es centralismo disfrazado de interpretación legal. La Corte Constitucional entendió el trasfondo político del asunto. Por eso, en la sentencia SU-047, no solo corrigió una decisión judicial, definió algo más importante: reivindicó el principio de autonomía territorial como un elemento real, no simbólico.

Se rompió el cerco tributario: las regiones recuperaron el control de su territorio fiscal.

Las ciudades capitales ahora tienen un precedente constitucional claro, es decir, una decisión que sirve como guía y ejemplo para casos similares, para diseñar sus políticas de impuestos con más libertad y según sus propias necesidades. Eso cambia el equilibrio de poder entre el centro y la periferia o la provincia. Adicionalmente, se deja en evidencia que el centralismo en Colombia no solo es administrativo o político, también es judicial. Sí, judicial. Cuando una alta corte interpreta la ley de manera que restringe la capacidad de las regiones para tomar decisiones sobre sus propios recursos, no está siendo neutral. Está interviniendo en la distribución del poder. Y eso tiene un alto impacto, en inversión social, en el desarrollo regional, y en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que dependen de los recursos que sus ciudades logren recaudar.

¿Porque esta decisión no cayó del cielo? Fue el resultado de una lectura precisa del conflicto: entender que el problema no era solo tributario, sino estructural. Que lo que estaba en juego no era una tarifa, sino el alcance real de la descentralización en Colombia. El abogado que llevó este caso a la Corte Constitucional no solo litigó, planteó un pulso de poder. Y lo ganó. Eso también dice mucho del momento que vive el país. Porque cada vez es más evidente que las grandes discusiones sobre el modelo territorial ya no se están dando únicamente en el Congreso, sino que se están trasladando a los tribunales. Y allí, caso por caso, se están redefiniendo las reglas.

La SU-047 marca un punto de inflexión. No resuelve todos los problemas, pero sí deja algo claro: el centralismo no es inevitable. Puede ser cuestionado. Puede ser limitado. Y, como acaba de demostrarse, también puede ser derrotado.

El abogado convirtió un problema tributario en un precedente constitucional.

Pero en todo conflicto hay una verdad inmodificable: no basta con ganar terreno, sino que hay que saber sostenerlo. Este éxito jurídico permitirá ingresos anuales, de al menos, quince mil millones de pesos (15.000.000.000), ahora, dependerá de ellos, que se inviertan estratégicamente en la ciudad y que lleguen a todos los ciudadanos. Esa es la nueva apuesta, que los impuestos sigan teniendo un retorno para los ciudadanos, y es la inversión en sus comunas, veredas y barrios.

No fue solo una sentencia donde la Corte Constitucional le da la razón al Abogado como apoderado del municipio de Yopal: fue una batalla por el control de los recursos de las ciudades.

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