CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare `triplicó` su labor de vigilancia en 2020
Un ejemplo descriptivo es que anualmente la Contraloría Departamental ejecutaba cerca de 27 auditorías entre especiales y regulares, pero en este 2020 el equipo de trabajo realizó 70 auditorías, casi triplicando el volumen del control anual, sin aumentar la cantidad de personal con que ha contado la entidad en los últimos años.
De acuerdo al resumen presentado por la contralora Yanneth Constanza Holguín Suárez, de esas 70, 25 auditorías estuvieron dirigidas a vigilar la correcta ejecución de los recursos encaminados a atender la pandemia por Covid 19.
Gracias a la presencia de la Contraloría Departamental, se logró que los ordenadores del gasto, ajustarán los precios inicialmente contratados, lo que conllevó a adquirir más bienes y servicios con el mismo presupuesto. Así lo señaló Carolina Mariño directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Regional.
Es necesario aclarar, que por competencia, el control de la Contraloría Departamental es posterior a la ejecución de los recursos; no obstante, en el caso de la pandemia, la vigilancia se realizó en tiempo real a la contratación gracias al control de las urgencias manifiestas decretadas por los entes territoriales, obteniendo resultados positivos inmediatos, para beneficio de los casanareños.
“Para nosotros es importante más que sancionar, realizar una labor de vigilancia de los sujetos de control, evitando cualquier daño al patrimonio público”, aseguró la contralora Departamental Yanneth Constanza Holguín Suárez.
Fenecimiento las cuentas
Dentro de este informe presentado por la Contraloría Departamental, se destaca que 24 de las 27 entidades públicas que fueron objeto de auditorías especiales, obtuvieron una calificación superior a los 80 puntos, logrando el fenecimiento de sus cuentas de la vigencia 2019.
Esta información fue corroborada por la directora de Vigilancia Fiscal, Diana Carolina Mariño Mondragón, quien además explicó que, normalmente se hace este tipo de auditorías en todos los componentes de la gestión a las entidades y su comportamiento fiscal, a través de una matriz, con la cual, se definen los lineamientos del proceso auditor.
Las Contraloría – dijo la funcionaria-, lo que hace es que cada uno de los sujetos vigilados, haya reportado la información de toda la gestión contractual en las plataformas SIA OBSERVA, o SIA CONTRALORIA.
Si la información reportada está conforme a las normas en sus respectivos componentes, se le da una calificación que debe superar los 80 puntos para el fenecimiento de la cuenta; de ellos, 24 organismos entregaron de manera correcta la información en las plataformas, mientras que tres entes gubernamentales no se les feneció la cuenta porque sacaron o fueron calificados por debajo de los 80 puntos.
Respecto a las entidades que no lograron la calificación de los 80 puntos, en la mayoría de los casos, fue porque no reportaron la información de los contratos y convenios suscritos o que alguna información financiera no está completa y no permite que se pueda hacer una revisión por parte de la contraloría.
Apoyo de la comunidad para identificar hallazgos
Frente al éxito obtenido por la Contraloría Departamental, la titular de esa dependencia, resaltó el apoyo de la ciudadanía al denunciar hechos que se consideraron por parte de los líderes sociales, como irregulares y esta información ha sido contundente para establecer hallazgos por un valor superior a los 781 millones de pesos.
Esos resultados, motivaron a las Contralora Yanneth Constanza Holguín Suárez, a invitar a la ciudadanía y a veedores a que continúen apoyando esta labor de control social, porque gracias a su información oportuna, se puede detectar posibles conductas que atenten contra la correcta ejecución del patrimonio público.
Aseguró la Contralora Departamental que, “El control social a la gestión fiscal en el Departamento ha sido determinante para la vigilancia de los recursos públicos, motivo por el cual exhortamos a la ciudadanía para que continúe denunciando y así participe de manera activa como veedores del tesoro”, sostuvo la contralora Yaneth Constanza Holguín Suárez.
Apoyo a veedurías ciudadanas
Dado los buenos resultados que se han logrado con el concurso de la ciudadanía, la contralora departamental, anunció que cada vez que una veeduría ciudadana, requiera del apoyo legal y procedimental para realizar su trabajo, puede contar con el acompañamiento de profesionales de la dependencia a su cargo, quienes le brindarán orientación oportuna.
Como ejemplo destacó el caso de la solicitud de acompañamiento solicitada por un veedor de Villanueva, a quien se le instruyó sobre los canales en los cuales podría encontrar información para verificar el cumplimiento en la ejecución de lo pactado con el Centro Comercial Agro empresarial de Villanueva.
Este es un buen ejemplo, porque quienes pretendan colaborar en la vigilancia de los dineros públicos, lo primero que debe saber es la fuente de los recursos que se están ejecutando para luego establecer el ente de control que tiene la competencia en la vigilancia del dinero. Para este caso, el Centro Comercial Agro empresarial es un proyecto de 6.901 millones de pesos gestionados por la Gobernación de Casanare ante el Departamento Nacional de Planeación.
Los recursos provienen del Sistema General de Regalías, cuya vigilancia y control le corresponde, de manera exclusiva, a la Contraloría General de La República, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de Ley 1530 de 2012.
Se aclara que, aunque la Contraloría Departamental no tiene competencia en la vigilancia de estos recursos, al veedor se le explicaron los medios a través de
los cuales podía acceder a la información, para continuar verificando que la obra cumpliera con todas las especificaciones del contrato.
Red de Apoyo a las veedurías Ciudadanas
Las Veedurías Ciudadanas son instancias a las cuales los ciudadanos pueden acudir; en este mismo sentido, la “Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas”, está conformada por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior, teniendo como principal objetivo, de estos organismos, brindarles apoyo legal y promocionar la vigilancia a la inversión de los recursos públicos.
Para conocimiento de los ciudadanos, El Vice-contralor Departamental José Alfredo Rojas Pérez nos explica cómo se encuentra integrada la Red Institucional de Apoyo a Veedurías Ciudadanas; veamos:
ü El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, encargado de diseñar las metodologías de evaluación de la gestión pública, para facilitar la vigilancia de las Veedurías.
ü La Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, ante la cual podrán acudir para todo lo que tenga que ver con programas de capacitación a Veedurías.
ü El Departamento de Planeación en sus diferentes niveles (nacional, departamental, y municipal), el cual está obligado a brindarles la información que requiera sobre planes, programas, proyectos, recursos, y demás, que garanticen una óptima labor veedora.
Aclaró el funcionario del organismo de control y vigilancia que, el veedor no sólo puede conseguir información del contratista e interventor, sino que también puede solicitar los datos ante los Departamentos de Planeación de la Alcaldía o Gobernación, o quien sea que figure como contratante o aportante de los recursos públicos con los que se ejecuta un proyecto.
Si una vez terminadas las obras y liquidado el contrato, la Veeduría evidencia algún asomo de daño al patrimonio, materializado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, la veeduría puede denunciar de inmediato, a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de La
República en el caso citado de Villanueva, al tener en cuenta el origen de los recursos.
Otro aspecto importante es que se ha dispuesto del sistema electrónico (SECOP) que tiene como función permitir a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de su gestión contractual, y a las partes interesadas (proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general), participar en los procesos de contratación, o consultar el estado de ejecución.
También la plataforma SIA OBSERVA que cuenta con un portal para ciudadanos, el cual permite generar reportes de acceso público para que toda la ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos en tiempo real.
Capacitación de la nueva la plataforma de contratación.
Dada la necesidad de actualizar los conocimientos y con el propósito de mejorar las competencias de funcionarios públicos y ciudadanía, la Contraloría Departamental de Casanare, realizó una jornada de socialización de las nuevas disposiciones en contratación estatal.
En esta capacitación se dieron a conocer los cambios que se han venido presentando en la contratación estatal, a partir del cual, tanto la comunidad en general como los funcionarios de las distintas entidades territoriales, reforzaron sus conocimientos de las reformas que han surgido en la Ley 2022”,
De acuerdo a lo expresado por el Vicecontralor, esta capacitación se orientó a fortalecer cada vez más la transparencia en la contratación pública y especialmente, que los ciudadanos, cuenten con herramientas que les permitan mejorar su acción frente a la preservación del patrimonio público.
La conferencia tuvo una amplia audiencia, pues fue transmitida en directo por las redes sociales a través de la cuenta de Facebook de la Contraloría Departamental de Casanare, que logró la atención permanente de casi 300 personas, entre funcionarios, líderes sociales, periodistas y veedores ciudadanos.
La capacitación fue dictada por el abogado Juan Carlos Expósito Vélez, Doctor en Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y docente de la Universidad Externado de Colombia.
Concurso de méritos
Como respuesta a la tarea que ha desarrollado la Contraloría Departamental de Casanare y atendiendo un requerimiento de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se realizó el cargue de la oferta de 15 empleos en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), en el proceso de convocatoria pública para proveer por méritos los empleos de carrera administrativa que adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), pertenecientes a las plantas de personal vacantes de forma definitiva de las Contralorías Territoriales.
Según el Vice-contralor Departamental José Alfredo Rojas Pérez, se realizó el reporte de empleos y de servidores públicos de la Contraloría Departamental de Casanare, que cumplen con los requisitos y condiciones para el concurso de ascenso, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley 1960 de 2019.
La convocatoria se encuentra publicada en la página de esta entidad. Para conocer más información sobre las convocatorias 2020 se pueden dirigir al siguiente enlace: https://www.cnsc.gov.co/index.php/1358-al-1417-de-2020-contralorias-territoriales
Resultado auditorias
Finalmente la Contralora Departamental, Yanneth Constanza Holguín Suárez, dio a conocer el resultado de las auditorias especiales al Hospital Regional de la Orinoquia y la Gobernación de Casanare, sobre los recursos ejecutados en la vigencia 2019.
El objetivo de estas auditorías consistió en verificar lo dispuesto en las normas que rigen las actuaciones administrativas, la gestión contractual, la implementación de las compras públicas con criterio de evaluación, el control fiscal interno, el cumplimiento de las normas financieras y administrativas y la rendición de cuentas, entre otras.
Para el caso del Hospital Regional de la Orinoquia, Al término de la auditoría, se calificó como favorable, al obtener una calificación de 83,4 puntos tras evaluar los componentes de control de gestión fiscal del año 2019.
En cuando a la Gobernación, la auditoría Regular realizada por la Contraloría Departamental, se revisaron los componentes referenciados de control de gestión (gestión contractual, de legalidad, administrativa, sentencias judiciales, talento humano, almacén e inventarios, control fiscal interno, gestión ambiental, rendición y revisión de la cuenta), control de resultados y control financiero.
De acuerdo con la directora del Organismo de Control Fiscal Regional, el proceso de Planeación se inició el primero de octubre de 2.020 y fue instalado de manera formal, el 22 de octubre, finalizando el 23 de diciembre de 2.020
Al término de la auditoría, se calificó como favorable, al obtener una calificación de 88,7 tras evaluar los componentes de gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, gestión ambiental y control fiscal interno del año 2019.
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
