CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare audita 184 contratos relacionados con COVID-19
Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, dentro de los cuales está revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados.
Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones
Grupo 1: le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de
Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de
Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.
Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal,
Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y
el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el
orden de 5.175 millones de pesos.
Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía,
Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Paz de
Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las
Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos
suman 3.170 millones de pesos.
Contratos solicitados por Contraloría General de la República
Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por
control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la
República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5
de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de
adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135
millones de pesos.
De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestión
de Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la
Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato
Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil
pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y
en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.
De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de
control en el departamento, la Contraloría General de la República,
realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530
millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó
auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por
ciento del monto con el que arrancó en este proceso.
Logros
Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la
Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes
territoriales empezaran a elaborar estudios previos y de mercados más
organizados; se contrató con precios más bajos; algunos entes
territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los
precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la
contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes modalidades
de la contratación contenidas en Ley 80 de 1993, lo que generó procesos
más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia a través del
ejercicio de selección objetiva de los contratistas.
La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la
legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia
Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos,
verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se
contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está
realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos
públicos en estos contratos.
Fuente: Comunicaciones Contraloría de Casanare
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
