CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare audita 184 contratos relacionados con COVID-19
Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, dentro de los cuales está revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados.
Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones
Grupo 1: le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de
Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de
Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.
Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal,
Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y
el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el
orden de 5.175 millones de pesos.
Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía,
Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Paz de
Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las
Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos
suman 3.170 millones de pesos.
Contratos solicitados por Contraloría General de la República
Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por
control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la
República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5
de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de
adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135
millones de pesos.
De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestión
de Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la
Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato
Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil
pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y
en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.
De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de
control en el departamento, la Contraloría General de la República,
realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530
millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó
auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por
ciento del monto con el que arrancó en este proceso.
Logros
Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la
Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes
territoriales empezaran a elaborar estudios previos y de mercados más
organizados; se contrató con precios más bajos; algunos entes
territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los
precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la
contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes modalidades
de la contratación contenidas en Ley 80 de 1993, lo que generó procesos
más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia a través del
ejercicio de selección objetiva de los contratistas.
La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la
legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia
Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos,
verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se
contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está
realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos
públicos en estos contratos.
Fuente: Comunicaciones Contraloría de Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
