CASANARE
Contraloría Departamental de Casanare audita 184 contratos relacionados con COVID-19
Son 184 los contratos a los cuales la Contraloría Departamental de Casanare está realizando auditoría, dentro de los cuales está revisando la contratación de 18 municipios, la Gobernación de Casanare y algunos entes descentralizados.
Las auditorias están distribuidas así: 25.127 millones
Grupo 1: le correspondió revisar los contratos de la Gobernación de
Casanare, Hospital Regional de la Orinoquia, Empresa de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Yopal, Red Salud Casanare y los municipios de
Recetor y Chámeza. Los contratos ascienden a 16.782 millones de pesos.
Grupo 2: se revisan los contratos de los municipios de Yopal,
Sabanalarga, Hato Corozal, San Luis de Palenque, Orocué y Villanueva y
el Megacolegio de la comuna 5 en Yopal, cuyos recursos están por el
orden de 5.175 millones de pesos.
Grupo 3: se revisan los contratos de los municipios de Nunchía,
Trinidad, Támara, Pore, Aguazul, Maní, Monterrey, Tauramena, Paz de
Ariporo, Empresa de Servicios Públicos de Aguazul con 2 contratos y las
Institución Educativas Braulio González y Centro Social. Los contratos
suman 3.170 millones de pesos.
Contratos solicitados por Contraloría General de la República
Cabe aclarar que de los 184 contratos auditados inicialmente, por
control preventivo y concomitante, la Contraloría General de la
República, solicitó el estudio de 12 contratos, entre los cuales están 5
de la Gobernación de Casanare, como lo fue el de camas hospitalarias, de
adulto mayor y compra de equipos biomédicos que superan los 12.135
millones de pesos.
De La Salina se solicitó un contrato de bienes para el Comité de Gestión
de Riesgo por 24 millones 533 mil pesos; del Hospital Regional de la
Orinoquia, uno de Biomédicos por 1.477 millones de pesos; en Hato
Corozal dos contratos de suministro por valor de 379 millones 854 mil
pesos; en Yopal 2 contratos de suministro por 1.296 millones de pesos y
en Villanueva, un contrato de 217 millones 607 mil pesos.
De los 25.028 millones de pesos inicialmente auditados por el ente de
control en el departamento, la Contraloría General de la República,
realizó intervención funcional a 12 contratos que equivalen a 15.530
millones de pesos. Así las cosas, la Contraloría en Casanare culminó
auditorias en contratos por valor de 9.597 millones, es decir el 38 por
ciento del monto con el que arrancó en este proceso.
Logros
Gracias al trabajo de las distintas auditorías que adelantó la
Contraloría Departamental de Casanare, se logró que los entes
territoriales empezaran a elaborar estudios previos y de mercados más
organizados; se contrató con precios más bajos; algunos entes
territoriales hicieron modificaciones de sus contratos, reduciendo los
precios de lo contratado; otras entidades dejaron de realizar la
contrataron directa y optaron por utilizar las diferentes modalidades
de la contratación contenidas en Ley 80 de 1993, lo que generó procesos
más estrictos, rigurosos y con mayor transparencia a través del
ejercicio de selección objetiva de los contratistas.
La Contraloría revisó al amparo del artículo 43 de la Ley 80 de 1993, la
legalidad de los actos administrativos de declaratoria de la Urgencia
Manifiesta que permitió la suscripción de los citados 184 contratos,
verificando que existiera coherencia entre la declaratoria y lo que se
contrató, y finalmente, en virtud del Decreto Ley 403 de 2000, se está
realizando el control posterior respecto de la ejecución de los recursos
públicos en estos contratos.
Fuente: Comunicaciones Contraloría de Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
