CASANARE
Contralor y Procurador piden ampliar plazo para aprobar Planes de Desarrollo, por emergencia de COVID-19
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidieron a Planeación Nacional DNP presentar, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que permita adecuar los términos para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), para incluir el impacto del COVID-19 en las finanzas territoriales.
En carta enviada al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez Ospino, los jefes de los órganos de control advirtieron que “los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”.
Indicaron que los proyectos de Planes de Desarrollo Territorial que se presentaron pueden tener un déficit en relación con la lucha contra el brote y la adecuada consideración de los efectos socioeconómicos de la pandemia.
Ante las inquietudes planteadas por los mandatarios territoriales sobre las dificultades para cumplir con los términos de elaboración, presentación y trámite de los PDT, debido a la atención que se requiere para contener la pandemia, la aplicación de reglas de confinamiento social y la reducción de espacios de diálogo ciudadano; el Contralor y el Procurador pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.
“Dichas dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”, reza la comunicación.
Solicitaron al DNP evaluar un término adicional para la aprobación de los PDT o valorar la alternativa de una modificación normativa a los instrumentos de planificación territorial, para que los planes se aprueben conforme a los estudios que se logren en relación con el impacto de la emergencia sanitaria.
Recomendaron exhortar a Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, para que frente a los proyectos presentados se asegure la participación de los ciudadanos, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 de 2020, según el cual las corporaciones pueden sesionar de manera no presencial, razón por la cual se debería asegurar el acceso a medios virtuales y a espacios para materializar este principio.
El Procurador y el Contralor enfatizaron en que este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación del PDT con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos, y su concordancia con los Planes de Desarrollo Territorial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Millonaria contratación de Capresoca despierta alertas por presuntas irregularidades
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.

Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.

La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.


El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.
CASANARE
Joven muere en Pore tras recibir disparo accidental con arma de fuego, autoridades investigan
CASANARE
En Casanare, inician remodelación de puestos de salud con más de 15 años de abandono
El gobernador César Ortiz Zorro visitó Paz de Ariporo para socializar un proyecto de adecuación y mejoramiento de puestos de salud, una iniciativa clave para fortalecer la prestación de servicios sanitarios en el territorio. Esta intervención busca revertir el abandono de más de 15 años que han sufrido estas infraestructuras.
Durante el encuentro con la comunidad, se presentó el inicio de obra de las adecuaciones de los Puestos de Atención Primaria en Salud (PAPS) del municipio. Se dialogó sobre las intervenciones previstas para atender necesidades históricas en materia de atención básica, las cuales beneficiarán a más de 41 mil habitantes.
Los diez Puestos de Atención Primaria en Salud que serán intervenidos en Paz de Ariporo son La Barranca, El Boral, Caño Chiquito, Centro Gaitán, La Motuz, Las Guamas, Las Mercedes, Puerto Brasilia, Rincón Hondo y San Luis de Ariporo. La inversión superará los 2.610 millones de pesos, como parte de una estrategia integral que proyecta la remodelación de 82 puestos de atención primaria en todo Casanare.
El gobernador Ortiz Zorro señaló que el propósito de su administración es fortalecer la red hospitalaria del departamento, asegurando que estos puestos de salud ya cuentan con los recursos para su adecuación y que los proyectos de dotación están formulados. Destacó el liderazgo del departamento a nivel nacional en la gestión de estas remodelaciones.
La secretaria de Salud departamental, Tatiana Chávez, expresó su satisfacción por la recuperación de más de 10 puestos de salud en Paz de Ariporo y anunció que la estrategia se extenderá a todo el departamento, con una proyección de recuperación de 74 puestos de atención primaria. Lady Patricia Bohórquez Cuevas, gerente de Red Salud Casanare, confirmó la apertura oficial de las adecuaciones con recursos del Gobierno nacional.
Asimismo, el gobernador abordó el proyecto del hospital de segundo nivel del municipio, explicando que, tras reiniciar el proceso por la inviabilidad de los estudios y diseños iniciales, ya se cuenta con la aprobación del estudio de oferta y demanda, los diseños arquitectónicos y de ingeniería, y el componente económico, a la espera de la asignación final de recursos.
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