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Contralor y Procurador piden ampliar plazo para aprobar Planes de Desarrollo, por emergencia de COVID-19

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El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, pidieron a Planeación Nacional DNP presentar, con mensaje de urgencia, un proyecto de ley que permita adecuar los términos para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), para incluir el impacto del COVID-19 en las finanzas territoriales.

En carta enviada al director del DNP, Luis Alberto Rodríguez Ospino, los jefes de los órganos de control advirtieron que “los mandatarios territoriales requieren tiempo adicional para presentar y actualizar los proyectos a consideración de asambleas y concejos, por cuenta de una circunstancia que puede configurar una fuerza mayor, esto es, la tasa de contagio del brote y las medidas de aislamiento social para contener el virus”.

Indicaron que los proyectos de Planes de Desarrollo Territorial que se presentaron pueden tener un déficit en relación con la lucha contra el brote y la adecuada consideración de los efectos socioeconómicos de la pandemia.

Ante las inquietudes planteadas por los mandatarios territoriales sobre las dificultades para cumplir con los términos de elaboración, presentación y trámite de los PDT, debido a la atención que se requiere para contener la pandemia, la aplicación de reglas de confinamiento social y la reducción de espacios de diálogo ciudadano; el Contralor y el Procurador pidieron evaluar un programa especial de acompañamiento al proceso de planeación territorial.

“Dichas dificultades tienen relación directa con la crisis derivada del COVID-19 y las medidas que se han tomado para evitar el contagio. Ciertamente, en un contexto de aislamiento social es razonable que las prioridades, en términos de política pública y participación ciudadana, se modifiquen sustancialmente”, reza la comunicación.

Solicitaron al DNP evaluar un término adicional para la aprobación de los PDT o valorar la alternativa de una modificación normativa a los instrumentos de planificación territorial, para que los planes se aprueben conforme a los estudios que se logren en relación con el impacto de la emergencia sanitaria.

Recomendaron exhortar a Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, para que frente a los proyectos presentados se asegure la participación de los ciudadanos, de conformidad con el Decreto Legislativo 491 de 2020, según el cual las corporaciones pueden sesionar de manera no presencial, razón por la cual se debería asegurar el acceso a medios virtuales y a espacios para materializar este principio.

El Procurador y el Contralor enfatizaron en que este tipo de medidas se podrían anticipar a debates judiciales que se generen con ocasión de la aprobación del PDT con algún déficit formal o material, así como facilitar la labor de los organismos de control al momento de evaluar la gestión de las administraciones territoriales para que responda a las realidades de tiempo, modo y lugar en que se tomaron las decisiones y ejecutaron los recursos públicos, y su concordancia con los Planes de Desarrollo Territorial.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Seis municipios de Casanare con riesgo medio en calidad del agua durante abril

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La Secretaría de Salud de Casanare ha presentado los resultados del monitoreo del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) correspondiente a abril de 2026, abarcando las áreas urbanas del departamento. Este reporte se elaboró con base en la información recolectada durante ese mes y en cumplimiento de la Resolución 2115 de 2007, que establece los parámetros para la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.

El informe clasifica a seis municipios en riesgo medio: La Salina, Orocué, Pore, Recetor, Sabanalarga y Támara. Además, Chámeza y San Luis de Palenque fueron catalogados con riesgo bajo. Por otro lado, un grupo de once municipios, incluyendo Aguazul, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Nunchía, Paz de Ariporo, Sácama, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal, registraron la clasificación de “sin riesgo”.

¿Qué es el IRCA?

El Índice de Riesgo de la Calidad de Agua (IRCA) se define como el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el incumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano. En el análisis de abril, se identificaron diversas variables no aceptables que contribuyeron a la clasificación de riesgo en los municipios afectados.

Entre las características o variables no aceptables destacadas por el laboratorio de salud pública para el cálculo del IRCA en abril, se encuentran: Coliformes Totales en La Salina; Color Aparente, Hierro, Fluoruros y Turbiedad en Orocué; Cloro Residual Libre y pH en Pore; Color Aparente, pH y Turbiedad en Recetor; Cloro Residual Libre en Sabanalarga; y Color Aparente, Hierro y Turbiedad en Támara. Para los municipios con riesgo bajo, Chámeza presentó fallas en Color Aparente y pH, y San Luis de Palenque en Color Aparente.

El área de Salud Pública realiza un monitoreo continuo a través de la vigilancia de los Sistemas de Suministro de Agua Urbanos. La Secretaría de Salud recomienda a la comunidad adoptar medidas preventivas ante posibles riesgos, tales como evitar el consumo directo de agua de la llave, hervir el agua durante más de cinco minutos antes de su consumo, y realizar periódicamente la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua en las viviendas.

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Estrategia “Educación en Territorio” inició recorrido por municipios de Casanare

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La Secretaría de Educación de Casanare ha puesto en marcha la estrategia “Educación en Territorio”, una iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Educación Diego Fernando Ardila. Su objetivo es fortalecer la presencia institucional y promover un diálogo cercano con las comunidades educativas de los 18 municipios no certificados del departamento.

El recorrido inaugural comenzó en el municipio de Orocué, desde la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, con la participación de rectores de diversas instituciones como Hakelin Pedraza (La Inmaculada), César Llanos (Luis Carlos Galán Sarmiento), Nubia Vargas (IEA Pudi), Gerzon Lizcano (Algarrobo) y Carmen Acero (Miralindo).

Durante estas jornadas, se abordaron temas cruciales para el mejoramiento del sistema educativo en Casanare, incluyendo la gestión de cobertura educativa, la gestión administrativa, la calidad educativa y el fortalecimiento del control interno disciplinario. Estos aspectos buscan optimizar el funcionamiento de las instituciones y responder a las necesidades locales.

Posteriormente, la estrategia se trasladó al municipio de Hato Corozal, específicamente a la Institución Educativa Antonio Martínez Delgado, donde rectores y funcionarios de la Secretaría de Educación participaron activamente. Edgar Mesa, rector de la institución, destacó la importancia de estos encuentros directos para “tener un diálogo cercano, expresar nuestras necesidades y conocer de primera mano las acciones que se vienen adelantando en beneficio de la educación”.

Varios directivos docentes resaltaron estos encuentros institucionales como una valiosa oportunidad para construir soluciones conjuntas y fortalecer el acompañamiento a las comunidades educativas en cada territorio. El secretario de Educación, Diego Fernando Ardila, subrayó que es fundamental para el Gobierno de las Oportunidades mantener una presencia activa en los municipios y escuchar directamente a todos los actores del sistema educativo.

La estrategia “Educación en Territorio” continuará su recorrido por los 18 municipios no certificados de Casanare, llevando espacios de diálogo y seguimiento a los procesos educativos junto a rectores, docentes, estudiantes y padres de familia del departamento, en búsqueda de una educación más cercana y participativa.

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Aprueban Centro de Salud con enfoque multicultural para comunidades indígenas de Caño Mochuelo

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Después de 30 años, las comunidades indígenas de Caño Mochuelo, en Hato Corozal, recibieron la noticia de la aprobación del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de Getsemaní. El gobernador César Ortiz Zorro anunció que la obra beneficiará a más de 3.700 habitantes de 11 comunidades, con una inversión aproximada de 19.654 millones de pesos por parte del Gobierno nacional.

El proyecto contempla una infraestructura con un marcado enfoque multicultural, diseñada para respetar la identidad, tradiciones y medicina ancestral de los pueblos indígenas. El centro incluirá espacios adaptados como malocas, áreas para sobanderos, y zonas de parto y recuperación, integrando la medicina occidental con los saberes ancestrales de las comunidades.

El CAPS ofrecerá una amplia gama de servicios esenciales, que incluyen consulta externa, enfermería, odontología, psicología, nutrición, optometría, laboratorio clínico y farmacia. Estos servicios especializados buscan ampliar significativamente la cobertura en salud para las familias asentadas en este territorio.

El gobernador Zorro expresó su agradecimiento a la ORIC, al Ministerio de Salud, a los líderes indígenas y a las comunidades por esta iniciativa. Afirmó que este centro brindará “una salud digna, oportuna y humanizada, respetando la cultura y los saberes de los pueblos indígenas”. La aprobación de los recursos, por valor de $19.654.497.448 pesos, se formalizó mediante la Resolución 919 del 12 de mayo de 2026.

Adicionalmente, el proyecto CAPS contempla la construcción de una granja solar, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y servicios de telemedicina, lo que fortalecerá la atención médica y responderá a la medida cautelar 098 de 2020.

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