REGIÓN
Continúa suspendido el porte de armas en Boyacá
En el marco del decreto presidencial No. 1808 del 31 de diciembre del año 2020 por el cual se prorrogan las medidas para la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional y con el fin de prevenir la ocurrencia de homicidios y lesiones personales con arma de fuego en el departamento de Boyacá, el Ejército Nacional expidió las Resoluciones número 001 del 18 de enero de 2021 de la Primera Brigada y 292 del 20 de enero de 2021 de la Quinta Brigada, por medio de las cuales se suspende el porte de armas de fuego en los municipios del departamento de Boyacá.
Entre las personas exentas de la medida de suspensión de la vigencia del permiso para porte y que no requieren permiso especial, se encuentran:
• El personal activo de la Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte de armas de fuego para su defensa personal.
• Reserva activa de la Fuerza Pública y oficiales de la reserva.
• Los Congresistas y Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.
• Los Ministros del Despacho.
• Los Magistrados de las Altas Cortes y de los Tribunales. •
El Fiscal General de la Nación y fiscales de todo orden.
• El Procurador General de la Nación y los Procuradores Delegados. • El Contralor General de la República.
• Los Gobernadores y Alcaldes Municipales.
• Personal de las comisiones de países extranjeros acreditados en el país que tengan permisos de importación y exportación temporal o permisos especiales expedidos con base en el artículo 24 del Decreto 2535 de 1993.
• Deportistas y coleccionistas de armas de fuego debidamente acreditados y con los permisos de tenencia para armas deportivas vigentes y tenencia con vigencia permanente respectivamente, quienes deberán transportar las armas dentro de sus vehículos, descargadas y sin proveedor puesto; para actividades y competencias deportivas o eventos de coleccionistas; según sea el caso.
De todas formas, se requerirá permiso especial para porte de armas previo cumplimiento de los requisitos, para las armas de fuego autorizadas para la defensa personal y uso restringido.
Se exceptúan, según lo considerado en la directiva 001 de 2021, de la medida de suspensión de la vigencia del permiso para porte de armas y no requerirán permiso especial (en su respectiva jurisdicción y/o a nivel nacional), siempre y cuando el permiso para porte de armas se encuentre expedido a nombre de la entidad pública y se encuentre vigente, las siguientes entidades:
• Fiscalía General de la Nación.
• Procuraduría General de la Nación.
• La Contraloría General de la República.
• El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
• La Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior.
• La Dirección Nacional de Inteligencia.
• La Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia con funciones de policía judicial.
• Empresas de vigilancia y seguridad privada, departamentos de seguridad y empresas transportadoras de valores, que tengan autorizada la modalidad de escolta y los supervisores; todos debidamente acreditados.
• Las misiones diplomáticas acreditadas en el país, con permisos especiales vigentes y las comisiones extranjeras acreditadas con permisos de importación o exportación temporal, expedidos por el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos.
Las personas que sean objeto de incautación de un arma de fuego por incumplimiento a las resoluciones expedidas por las Brigadas 1 y 5 con jurisdicción en Boyacá respectivamente, se verán inmersas en las sanciones contempladas en el artículo 89 literal F del Decreto 2535 de 1993.
Fuente: Policía Boyacá
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
