ARAUCA
Consejo de seguridad en Arauca analizó muertes violentas de la última semana
Tras los recientes homicidios ocurridos en el municipio de Arauca, el Gobernador Renson Martínez Prada convocó a Consejo de Seguridad extraordinario, para implementar acciones que permitan salvaguardar la seguridad y el orden en todo el Departamento.
Las fuerzas militares y de Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal, presentaron sus informes sobre los recientes incidentes de violencia en el departamento, haciendo hincapié en el municipio capital, donde, en la última semana, se registraron cuatro muertes violentas que están siendo investigadas.
Durante la reunión, el Gobernador destacó la importancia de mantener una comunicación constante entre las instituciones para coordinar acciones efectivas en pro de la seguridad ciudadana y resaltó el efecto positivo de las acciones implementadas por la fuerza pública en el municipio de Tame, las cuales han contribuido a mejorar la seguridad y reducir el número de homicidios.
Medidas que también se tomarán en la capital araucana, como el patrullaje conjunto entre la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional, además de aumentar la presencia militar en puntos críticos de los ejes viales del departamento, donde se concentra la actividad delictiva.
En el mismo contexto, el Gobernador Martínez Prada denunció que, “hay una clara persecución política en mi contra por parte de mis adversarios en la pasada contienda electoral, más no permitiré que esto perturbe nuestro compromiso de trabajar por un Arauca mejor”.
El Gobernador expresó su confianza en que las acciones de la fuerza pública y de Policía contribuirán a mejorar la situación, reconociendo la complejidad histórica del problema en el Departamento. Subrayó que la seguridad es una prioridad absoluta para su administración y reiteró su compromiso de trabajar incansablemente para devolver la paz y la tranquilidad a los habitantes de Arauca.
Además, enfatizó en la necesidad de que cualquier proceso de negociación con grupos armados ilegales se tenga en cuenta la situación que se vive en el Departamento y se garantice el cese total de hostilidades contra la población civil.
Fuente: Gobernación de Arauca
En un puesto de control sobre la Marginal de la Selva, en el municipio de Saravena, fueron interceptados dos vehículos que intentaron evadir la acción de las autoridades. Tras una rápida reacción, se logró su detención e inspección.
En el procedimiento fueron hallados aproximadamente 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos en la estructura de los automotores. Durante la operación fueron capturadas tres personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes, al parecer, serían integrantes del grupo armado organizado residual, estructura Segunda Marquetalia.
Así mismo, fueron inmovilizados un camión tipo furgón y una camioneta doble cabina, utilizados para el transporte del alcaloide. Este resultado representa un golpe directo a las economías ilícitas de esta estructura criminal, debilitando sus fuentes de financiación.
En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita. Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación.
La investigación indica que, al parecer, actuaron de manera coordinada para obligar a las víctimas a salir del inmueble y apoderarse del predio para convertirlo en un centro de planeación de actividades delictivas en zona de frontera.
Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias “Monchi”, habría articulado la acción criminal desde la comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien.
Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.
Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.
De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.
Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.
Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.
A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.
