META
Consejo de Estado absolvió ex Diputados del Meta demandados por elegir secretario para la corporación
El Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura que fue formulada contra los diputados que integraban la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Meta cuando se inició el proceso para elegir al secretario general de esa corporación para el 2019.
Con esta decisión, se ratifica la absolución de los diputados José Manuel Sandoval Garzón, Mauricio Niño Guayacán, Lucy Fernanda Tamayo Fierro, Javier Eduardo Aranda Hernández, Héctor Fabio Vélez Bermúdez, Oscar Eduardo Apolinar y Natalia Rodríguez Oros, elegidos para el periodo constitucional 2016-2019.
La demanda indicaba que, al invitar a una empresa y no a una entidad educativa superior con acreditación de alta calidad para presentar las pruebas de resultado de la lista de elegibles para la elección del secretario general de la Asamblea Departamental del Meta para el 2019, la Mesa Directiva de esa corporación violó varios principios legales previstos para la elección del titular del cargo.
Para el accionante, esta actuación de los integrantes de la Mesa Directiva dio lugar a que incurrieran en violación del régimen de conflicto de intereses, tráfico de influencias e indebida destinación de dineros públicos, entre otras causales de pérdida de investidura.
Así lo expuso en la demanda que conoció, en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta y que, de haber sido favorable a los intereses del accionante, hubiese dado lugar a la terminación en el ejercicio del cargo y a la prohibición de seguir haciéndolo en elecciones futuras.
La corporación judicial negó las pretensiones.
Sostuvo que la elección de la empresa estuvo precedida de distintos trámites encaminados a contratar una institución educativa y que si bien no se aplicaron las reglas previstas para la elección de contralor, como lo exigía la ley aplicable, también es cierto que se había proferido una norma que derogaba esta obligación.
De ahí que el Tribunal aplicara el principio de favorabilidad, que permite que, ante la existencia de dos normas que pueden tener cabida en un juicio como este, se dé prevalencia a la que más se acoja a los intereses del accionado.
Además, señaló que no se evidenció interés directo de los diputados en la selección de la contratista, ni se señaló en la demanda que parientes, cónyuges, socios u otros allegados de los asambleístas estuvieran relacionados con tal empresa.
Tampoco se probó que los demandados actuaran en pro de un provecho personal, ni se demostró que los dineros utilizados en este proceso tuvieran una destinación no aprobada por la ley.
El fallo del tribunal fue apelado por el demandante con la intención de que el Consejo de Estado decretara la pérdida de investidura de los dirigentes. Entre otras cosas, alegó que en este caso no era admisible la aplicación del principio de favorabilidad y precisó que si bien los dineros se emplearon en el asunto legalmente previsto, su destinación fue indebida por no haber invitado a otras empresas, por lo que, a su juicio, está probado el tráfico de influencias.
El Consejo de Estado negó el recurso y confirmó la sentencia absolutoria. Sostuvo que si bien en este caso no era aplicable el principio de favorabilidad, no se probó que se configurara ninguno de los cargos.
Frente al conflicto de intereses, no se puso en evidencia el supuesto interés de los demandados o su círculo cercano frente al contrato; tampoco se probó que los dineros empleados para la ejecución del contrato fueran ajenos a la ley o a la Constitución, ni que se hubiera producido tráfico de influencias, en tanto no se demostró que los diputados hubieran hecho uso de su investidura para favorecerse a sí mismos o a terceros.
Sobre la solicitud del demandante de enviar copias de esta actuación a autoridades penales y disciplinarias para que investiguen una supuesta promoción de la apología al delito por parte de los magistrados del Tribunal que conocieron del caso en primera instancia, el Consejo de Estado sostuvo que es deber de todo ciudadano denunciar cuando tenga conocimiento de la comisión de un delito, por lo que lo invitó a proceder de conformidad, si considera que las autoridades judiciales incurrieron en una conducta delictual.
Finalmente, pidió que se expidieran copias al Consejo Superior, a la Procuraduría y a la Fiscalía para investigar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta.
Fuente: Consejo de Estado
Debido a los incumplimientos y deficiencias en la presentación de los Informes, de Cumplimiento Ambiental, Cormacarena capacitó y sensibilizó a 68 de los 129 titulares mineros en 21 municipios del departamento, quienes están a cargo de la explotación de estos recursos. De estos, el 85 % corresponde a material de arrastre, como gravas y arenas, extraídos de los cauces de los ríos, mientras que el 15 % restante corresponde a material de cantera, como materiales de construcción extraídos de yacimientos a cielo abierto.
“Agradecemos enormemente a la corporación por este tipo de espacios que nos ayudan como titulares mineros a un mejor reporte de toda la información ambiental y a que todos los proyectos mineros sigan siendo representativos y sostenibles en el territorio. La capacitación fue muy clara y pudimos identificar varios errores en los que hemos incurrido, la idea es ampliar la información a todo el resto de profesionales y presentar la información como Cormacarena la requiere”, destacó Ana María Saldarriaga, representante de la empresa minera AGREMET S.A.
Para desarrollar la minería legalmente constituida en el departamento del Meta, los titulares mineros con licencia ambiental otorgada por Cormacarena deben presentar obligatoriamente el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA), un instrumento indispensable que evalúa y verifica el cumplimiento de los programas del Plan de Manejo Ambiental mitigando, corrigiendo o compensando los impactos negativos que puedan causar las actividades extractivas al ambiente o a las comunidades cercanas.
Entre los temas abordados, se incluyeron los planes de compensación y los planes de inversión forzosa de no menos del 1%, necesarios para compensar los impactos negativos en el ambiente y asegurar que las empresas mineras operen de manera responsable.
Fuente: Comunicaciones Cormacarena
La comunidad de Villavicencio aún no sale del estupor y repudio causado por la noticia conocida el sábado 22 de marzo en horas de la mañana, donde un joven habría asesinado a sus padres en una vivienda del barrio Kirpas de la capital del Meta, con múltiples heridas de arma cortopunzante.
Se conoció que el joven, identificado como Juan David Perdomo Wehdeking, huyó en un vehículo de la familia, por lo que se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de sus padres José Luis Perdomo Sánchez y Sonia Wehdeking, y de inmediato se activó su búsqueda.
El presunto atacante fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en una vía pública frente a un centro comercial en el sur de Bogotá, donde habría huido para evadir la acción de las autoridades. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que fue aceptado por el procesado.
El material probatorio recopilado por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) permitió establecer que el procesado habría atacado con un arma cortopunzante a sus papás de 45 y 46 años, en varias partes del cuerpo causándoles la muerte y posteriormente huyó del lugar. Fue tal la sevicia con la que atacó a sus progenitores, que el cuchillo utilizado para tal fin se partió, como lo aseguró el fiscal que imputó los cargos durante las audiencias concentradas.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al sujeto, cuyo actuar aún mantiene conmocionada a la comunidad en el departamento del Meta. Los padres había llegado hace 8 días a la ciudad de Villavicencio desde Bucaramanga, para acompañar a su hijo en el proceso de iniciar estudios superiores.
El día de los hechos, la ciudadanía alertó a las autoridades sobre una riña que se estaba presentando en un inmueble en el barrio Kirpas, donde vivía Perdomo Wehdeking y sus padres.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En un esfuerzo conjunto por promover la seguridad vial de las comunidades vecinas del bloque CPO-5, ONGC Videsh y GeoPark implementaron una capacitación para enseñar a los motociclistas técnicas y estrategias para prevenir accidentes y minimizar riesgos en la vía.
La actividad desarrollada en el marco del programa “Yo le apuesto a la Seguridad Vial” impulsado por las operadoras, tuvo como objetivo fomentar y promover conductas seguras en las vías, contribuyendo a la prevención de incidentes de tránsito y la adopción de conductas seguras.
Más de 38 personas participaron en este curso que se llevó a cabo en el polideportivo San Nicolás del municipio. En una jornada de 8 horas, esta capacitación se centró en la importancia del uso adecuado de los elementos de seguridad, las prácticas de conducción segura en motocicletas y el cuidado por los demás actores viales. Las áreas de Salud y Seguridad y Social de ambas compañías, unieron esfuerzos para hacer posible esta iniciativa, destacando la importancia de promover el bienestar de sus comunidades vecinas.
A través de la implementación de este tipo de iniciativas conjuntas, ONGC Videsh y GeoPark reafirman su compromiso con la Seguridad y Salud como un objetivo compartido, entendiendo que la educación y la concientización son claves para garantizar un entorno seguro para todos.
Fuente: Comunicaciones GeoPark
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