CASANARE
Condenan a William Pérez y Raúl Flórez por irregularidades en construcción del Hospital de Yopal
La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $59.460 millones de pesos contra los exgobernadores de Casanare William Hernán Pérez Espinel y Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, y el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, por el daño patrimonial causado en la construcción del nuevo Hospital de Yopal y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el mismo.
Según la Contraloría, las obras, para las cuales se invirtieron inicialmente $47.970 millones, se recibieron sin estar totalmente terminadas y por tanto sin ninguna funcionalidad. Y posteriormente, aún sin estar el Hospital en funcionamiento, se adquirieron equipos que nos han podido utilizar y permanecen abandonados. Muchos no funcionan y las garantías de todos se vencieron.
Estando la obra inconclusa, se compraron estos equipos biomédicos a través de un contrato de leasing, que generó el pago por parte de la Gobernación de Casanare de intereses innecesarios por más de $6 mil millones.
William Pérez Espinel, ex gobernador de Casanare
Para el organismo de control, la construcción del Hospital se inició sin licencias, ni vías de acceso, ni acometidas de servicios públicos, razón por la cual se entregó la obra sin concluir y solo a través de una Acción Popular se ordenó su culminación.
La obra, que se planeó adelantar en un año, se demoró 9 años en su construcción y 13 años para ponerla en servicio de forma definitiva (abrió en marzo de 2015).
Para culminarla debieron invertirse $19.341 millones adicionales de recursos de regalías, para realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de vigilancia.
Se desconocieron todos los principios de contratación
El fallo cobija de forma solidaria y a título de culpa grave, en cuantía indexada de $34.875 millones, a William Hernán Pérez Espinel, en su condición del Gobernador del Casanare, y Sergio Manuel Hernández Gamarra, como rector de la Universidad de Cartagena, por el detrimento ocasionado por una obra inconclusa que demandó mayores inversiones para entrar en servicio.
Para la Contraloría, Pérez Espinel y Hernández Gamarra desconocieron todos los principios aplicables a la contratación estatal con la suscripción y ejecución del contrato que tenía por objeto la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y no se cumplió en los términos planeados.
Un contrato de obra con una Universidad, que ejecutaron terceros
Dice la Contraloría General, que aunque el contrato implicaba que la Universidad de Cartagena debía contar con las capacidades requeridas para cumplir el objeto contractual, el rector de la institución educativa contrató a su vez todas las obligaciones convenidas con la Gobernación a través de 4 contratos de obra, para la construcción del Hospital, por valor de $43.262 millones. Y celebró además 4 contratos de consultoría por valor de $8.386 millones.
La infraestructura física de la nueva sede del Hospital de Yopal fue recibida por la Gobernación de Casanare solo hasta diciembre de 2009, sin culminar. La Gobernación tuvo que incurrir en mayores gastos para poner al servicio el nuevo Hospital, pues las instalaciones se encontraban en mal estado, deterioradas, en total abandono y debieron realizarse los trámites para la legalización de los servicios públicos, legalización del predio, servidumbres y adecuaciones.
Pago de intereses innecesarios
Para la Contraloría, el exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, en cuantía indexada de $24.584 millones.
La sanción se impone, por suscribir en 2011 un contrato leasing para adquirir en arrendamiento con opción de compra los equipos biomédicos para el nuevo Hospital, teniendo pleno conocimiento acerca del estado físico en que se encontraba su construcción, es decir sin haberse terminado y adecuado para recibir los mismos, y comprometiendo a la Gobernación a pagar intereses por valor de $6.229 millones, desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 3 de julio de 2012.
Óscar Raúl Iván Flórez, exgobernador de Casanare.
Según la CGR, tal situación implicó una gestión antieconómica, pues no se compadece con el Erario, el hecho de cancelar unos intereses en la constitución de un contrato de arrendamiento financiero, cuando la obra correspondiente al Hospital de Yopal se encontraba en construcción y no estaba adecuado para poder instalar los equipos biomédicos.
La compra de los mismos se hizo sin tener en cuenta cosas elementales como las especificaciones y capacidad eléctricas para su instalación y la misma capacitación del personal que debía manejarlos.
Calcula la Contraloría que equipos por aproximadamente $12.443 millones no se encuentran hoy en funcionamiento en el Hospital de Yopal.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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