CASANARE
Condenan a William Pérez y Raúl Flórez por irregularidades en construcción del Hospital de Yopal
La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $59.460 millones de pesos contra los exgobernadores de Casanare William Hernán Pérez Espinel y Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, y el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, por el daño patrimonial causado en la construcción del nuevo Hospital de Yopal y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el mismo.
Según la Contraloría, las obras, para las cuales se invirtieron inicialmente $47.970 millones, se recibieron sin estar totalmente terminadas y por tanto sin ninguna funcionalidad. Y posteriormente, aún sin estar el Hospital en funcionamiento, se adquirieron equipos que nos han podido utilizar y permanecen abandonados. Muchos no funcionan y las garantías de todos se vencieron.
Estando la obra inconclusa, se compraron estos equipos biomédicos a través de un contrato de leasing, que generó el pago por parte de la Gobernación de Casanare de intereses innecesarios por más de $6 mil millones.

William Pérez Espinel, ex gobernador de Casanare
Para el organismo de control, la construcción del Hospital se inició sin licencias, ni vías de acceso, ni acometidas de servicios públicos, razón por la cual se entregó la obra sin concluir y solo a través de una Acción Popular se ordenó su culminación.
La obra, que se planeó adelantar en un año, se demoró 9 años en su construcción y 13 años para ponerla en servicio de forma definitiva (abrió en marzo de 2015).
Para culminarla debieron invertirse $19.341 millones adicionales de recursos de regalías, para realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de vigilancia.
Se desconocieron todos los principios de contratación
El fallo cobija de forma solidaria y a título de culpa grave, en cuantía indexada de $34.875 millones, a William Hernán Pérez Espinel, en su condición del Gobernador del Casanare, y Sergio Manuel Hernández Gamarra, como rector de la Universidad de Cartagena, por el detrimento ocasionado por una obra inconclusa que demandó mayores inversiones para entrar en servicio.
Para la Contraloría, Pérez Espinel y Hernández Gamarra desconocieron todos los principios aplicables a la contratación estatal con la suscripción y ejecución del contrato que tenía por objeto la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y no se cumplió en los términos planeados.
Un contrato de obra con una Universidad, que ejecutaron terceros
Dice la Contraloría General, que aunque el contrato implicaba que la Universidad de Cartagena debía contar con las capacidades requeridas para cumplir el objeto contractual, el rector de la institución educativa contrató a su vez todas las obligaciones convenidas con la Gobernación a través de 4 contratos de obra, para la construcción del Hospital, por valor de $43.262 millones. Y celebró además 4 contratos de consultoría por valor de $8.386 millones.
La infraestructura física de la nueva sede del Hospital de Yopal fue recibida por la Gobernación de Casanare solo hasta diciembre de 2009, sin culminar. La Gobernación tuvo que incurrir en mayores gastos para poner al servicio el nuevo Hospital, pues las instalaciones se encontraban en mal estado, deterioradas, en total abandono y debieron realizarse los trámites para la legalización de los servicios públicos, legalización del predio, servidumbres y adecuaciones.
Pago de intereses innecesarios
Para la Contraloría, el exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, en cuantía indexada de $24.584 millones.
La sanción se impone, por suscribir en 2011 un contrato leasing para adquirir en arrendamiento con opción de compra los equipos biomédicos para el nuevo Hospital, teniendo pleno conocimiento acerca del estado físico en que se encontraba su construcción, es decir sin haberse terminado y adecuado para recibir los mismos, y comprometiendo a la Gobernación a pagar intereses por valor de $6.229 millones, desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 3 de julio de 2012.

Óscar Raúl Iván Flórez, exgobernador de Casanare.
Según la CGR, tal situación implicó una gestión antieconómica, pues no se compadece con el Erario, el hecho de cancelar unos intereses en la constitución de un contrato de arrendamiento financiero, cuando la obra correspondiente al Hospital de Yopal se encontraba en construcción y no estaba adecuado para poder instalar los equipos biomédicos.
La compra de los mismos se hizo sin tener en cuenta cosas elementales como las especificaciones y capacidad eléctricas para su instalación y la misma capacitación del personal que debía manejarlos.
Calcula la Contraloría que equipos por aproximadamente $12.443 millones no se encuentran hoy en funcionamiento en el Hospital de Yopal.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
CASANARE
Procuraduría formula cargos a exalcalde de Hato Corozal, por presunto incumplimiento del PAE
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Darío Yesid García Barray, por presunto incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación escolar, en 2022.
Según la Procuraduría, al parecer, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del citado municipio, no se habría iniciado oportunamente y, en consecuencia, solo se prestó el servicio durante seis jornadas escolares del mes de octubre y 17 en noviembre, de ese año.
A juicio del ente disciplinario, el PAE, para las instituciones educativas urbanas de Hato Corozal, debió darse desde el primer día de inicio de clases, según las normas generales establecidas y, al parecer, solo se habría cumplido en la parte final del año.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la aparente conducta como falta grave a título de culpa gravísima.
CASANARE
Desde Casanare y Bogotá evadieron impuestos por $155.000 millones con empresas de papel
La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas señaladas de crear y administrar una red de 185 sociedades de papel con las que empresas del sector real se apropiaron ilegalmente del impuesto a las ventas y redujeron la base gravable del impuesto de renta, causando un perjuicio al Estado que podría superar los $155.000 millones de pesos.
Según la investigación, los procesados figuraban como socios o representantes legales de compañías de fachada que no contaban con capacidad económica, logística ni operativa. Entre 2012 y 2022 habrían simulado operaciones comerciales millonarias para respaldar maniobras fraudulentas, utilizando diversos objetos sociales sin actividad real.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cobrado entre el 1% y el 5% del monto total de lo facturado irregularmente. Ninguno de las empresas vinculadas tiene proveedores nacionales ni son importadores, por lo que no tendrían nada que vender.
Con apoyo del CTI, la Fiscalía estableció que a través de estas sociedades se reportaron operaciones inexistentes por más de $843.164 millones de pesos. Entre los judicializados están Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín, quienes habrían asumido roles de coordinación financiera, intermediación y representación legal.
Los implicados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá y Casanare, y les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos. Un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad —cinco domiciliarias y una en centro carcelario— y ordenó la suspensión de la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.
CASANARE
Yopal fortalece procesos de resocialización, se donaron elementos de aseo, alimentos y ropa
La Secretaría de Desarrollo Social de Yopal, a través del programa habitante de calle y con el apoyo de la gestora social Paula Ruíz, impulsó la estrategia “diciembre es amor, y en familia es mejor”. Se realizó una jornada de donación de elementos de aseo, alimentos no perecederos y ropa, destinada a usuarios de la Fundación Caminos de Vida que adelantan procesos de desintoxicación y resocialización.
Esta iniciativa busca fortalecer las acciones humanitarias y el acompañamiento integral a quienes transitan procesos de recuperación del consumo de sustancias psicoactivas y habitabilidad en calles. La Administración Municipal reafirma su compromiso de brindar herramientas para reconstruir proyectos de vida, ofrecer segundas oportunidades y transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.
Durante la jornada, diversas entidades y personas, incluyendo ciudadanos, empresas, comerciantes y funcionarios públicos, aportaron insumos esenciales. Estas donaciones son clave para mejorar las condiciones de bienestar de los beneficiarios y contribuir a su permanencia en el proceso terapéutico.
La Secretaria de Desarrollo Social, Marcela Hernández Forero, enfatizó la relevancia de sumar esfuerzos interinstitucionales y comunitarios para dignificar la vida de quienes enfrentan desafíos. “Estas donaciones representan más que elementos materiales; son un mensaje de esperanza para quienes están dando pasos valientes hacia su recuperación”, expresó.
Finalmente, la administración municipal hizo una invitación a toda la ciudadanía, empresas y organizaciones a unirse a estas acciones solidarias. El objetivo es claro: transformar vidas y generar oportunidades reales para que las personas puedan reinsertarse positivamente en la sociedad de Yopal.
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