CASANARE
Condenan a William Pérez y Raúl Flórez por irregularidades en construcción del Hospital de Yopal
La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $59.460 millones de pesos contra los exgobernadores de Casanare William Hernán Pérez Espinel y Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, y el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra, por el daño patrimonial causado en la construcción del nuevo Hospital de Yopal y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el mismo.
Según la Contraloría, las obras, para las cuales se invirtieron inicialmente $47.970 millones, se recibieron sin estar totalmente terminadas y por tanto sin ninguna funcionalidad. Y posteriormente, aún sin estar el Hospital en funcionamiento, se adquirieron equipos que nos han podido utilizar y permanecen abandonados. Muchos no funcionan y las garantías de todos se vencieron.
Estando la obra inconclusa, se compraron estos equipos biomédicos a través de un contrato de leasing, que generó el pago por parte de la Gobernación de Casanare de intereses innecesarios por más de $6 mil millones.

William Pérez Espinel, ex gobernador de Casanare
Para el organismo de control, la construcción del Hospital se inició sin licencias, ni vías de acceso, ni acometidas de servicios públicos, razón por la cual se entregó la obra sin concluir y solo a través de una Acción Popular se ordenó su culminación.
La obra, que se planeó adelantar en un año, se demoró 9 años en su construcción y 13 años para ponerla en servicio de forma definitiva (abrió en marzo de 2015).
Para culminarla debieron invertirse $19.341 millones adicionales de recursos de regalías, para realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de vigilancia.
Se desconocieron todos los principios de contratación
El fallo cobija de forma solidaria y a título de culpa grave, en cuantía indexada de $34.875 millones, a William Hernán Pérez Espinel, en su condición del Gobernador del Casanare, y Sergio Manuel Hernández Gamarra, como rector de la Universidad de Cartagena, por el detrimento ocasionado por una obra inconclusa que demandó mayores inversiones para entrar en servicio.
Para la Contraloría, Pérez Espinel y Hernández Gamarra desconocieron todos los principios aplicables a la contratación estatal con la suscripción y ejecución del contrato que tenía por objeto la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y no se cumplió en los términos planeados.
Un contrato de obra con una Universidad, que ejecutaron terceros
Dice la Contraloría General, que aunque el contrato implicaba que la Universidad de Cartagena debía contar con las capacidades requeridas para cumplir el objeto contractual, el rector de la institución educativa contrató a su vez todas las obligaciones convenidas con la Gobernación a través de 4 contratos de obra, para la construcción del Hospital, por valor de $43.262 millones. Y celebró además 4 contratos de consultoría por valor de $8.386 millones.
La infraestructura física de la nueva sede del Hospital de Yopal fue recibida por la Gobernación de Casanare solo hasta diciembre de 2009, sin culminar. La Gobernación tuvo que incurrir en mayores gastos para poner al servicio el nuevo Hospital, pues las instalaciones se encontraban en mal estado, deterioradas, en total abandono y debieron realizarse los trámites para la legalización de los servicios públicos, legalización del predio, servidumbres y adecuaciones.
Pago de intereses innecesarios
Para la Contraloría, el exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, en cuantía indexada de $24.584 millones.
La sanción se impone, por suscribir en 2011 un contrato leasing para adquirir en arrendamiento con opción de compra los equipos biomédicos para el nuevo Hospital, teniendo pleno conocimiento acerca del estado físico en que se encontraba su construcción, es decir sin haberse terminado y adecuado para recibir los mismos, y comprometiendo a la Gobernación a pagar intereses por valor de $6.229 millones, desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 3 de julio de 2012.

Óscar Raúl Iván Flórez, exgobernador de Casanare.
Según la CGR, tal situación implicó una gestión antieconómica, pues no se compadece con el Erario, el hecho de cancelar unos intereses en la constitución de un contrato de arrendamiento financiero, cuando la obra correspondiente al Hospital de Yopal se encontraba en construcción y no estaba adecuado para poder instalar los equipos biomédicos.
La compra de los mismos se hizo sin tener en cuenta cosas elementales como las especificaciones y capacidad eléctricas para su instalación y la misma capacitación del personal que debía manejarlos.
Calcula la Contraloría que equipos por aproximadamente $12.443 millones no se encuentran hoy en funcionamiento en el Hospital de Yopal.
Fuente: Prensa Contraloría General de la República
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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