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Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014

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En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.

Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.

La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.

Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.

La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.

En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.

El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.

Crimen sin capturas ni responsables

Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.

El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección

Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.

Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Instituto Financiero de Casanare ofrece beneficios para normalizar créditos en mora y recuperar cartera

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El Instituto Financiero de Casanare (IFC) ha lanzado una campaña para que los usuarios de créditos en mora puedan normalizar su cartera. La iniciativa incluye descuentos en intereses de mora y, en algunos casos, la condonación de hasta el 100% del capital, buscando facilitar a los deudores el ponerse al día con sus obligaciones financieras.

La invitación está dirigida principalmente a quienes poseen deudas pendientes del Decreto No.0223 de 2015, correspondiente al convenio liquidado entre el Fondo Departamento de Casanare e ICETEX. Estos mecanismos no solo alivian la carga de los deudores y codeudores, sino que también permiten al IFC recuperar recursos esenciales para financiar nuevos sueños de los casanareños a través de programas como el Fondo de Educación Superior (FESCA).

Más de 5.000 personas fueron beneficiarias de estos créditos educativos y tienen el compromiso de retornar los fondos. El equipo de recuperación de cartera del IFC ha intensificado sus esfuerzos, realizando llamadas masivas y logrando la cancelación de cerca de 800 créditos hasta la fecha. Sin embargo, el desafío persiste, con 49 mil millones de pesos pendientes de recuperación, fondos vitales para el sostenimiento del FESCA.

Los usuarios pueden acceder a diversas modalidades de normalización, adaptadas a cada caso particular. Estas incluyen prórrogas si la cuota está vencida, refinanciaciones con ampliación de plazos y disminución de cuotas si las condiciones de ingresos han cambiado, o acuerdos de pago para deudas con más de 30 días de mora. Para situaciones financieras más complejas, se ofrece la reestructuración, permitiendo a los deudores ‘empezar de cero’, y la posibilidad de realizar abonos a capital si la situación económica mejora.

Respecto a los créditos educativos antiguos, el IFC aclara que el convenio con Icetex estuvo vigente hasta 2009. Los préstamos desembolsados en 1998, 2003, 2004 y 2005 son totalmente reembolsables según los términos firmados. Para otros años, los usuarios deben verificar si su crédito es condonable, lo cual dependía de condiciones específicas como la realización de labores sociales o la creación de empresas, y pueden solicitar su expediente para revisión.

Para mayor facilidad, el IFC ha dispuesto varios canales de comunicación: la aplicación móvil del IFC para pagos por PSE y seguimiento de créditos, el WhatsApp 3115830981 y el correo electrónico ventanillaunica@ifc.gov.co. Además, se recuerda a los usuarios del crédito educativo FESCA que el plazo para renovar su crédito vence el 31 de marzo, y pueden realizarlo a través de la web www.ifc.gov.co, la App #IFCMovil, o presencialmente en las oficinas de Yopal.

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Alto costo del cierre financiero en proyecto Torres de San Salvador en Yopal genera inconformismo

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El proyecto de vivienda “Torres de San Salvador”, que contempla la construcción de 416 apartamentos de interés social (VIS) en Yopal de manera conjunta entre la Alcaldía de Yopal y la Gobernación de Casanare sigue avanzando en su estructuración. Los detalles de esta iniciativa fueron presentados y discutidos en una mesa de trabajo organizada en el Concejo Municipal de Yopal.

La propuesta incluye el desarrollo de cuatro torres multifamiliares, con apartamentos de aproximadamente 61,96 metros cuadrados cada uno, ubicadas estratégicamente en la calle 30 con carrera 21, antigua sede de la Subasta Ganadera. Además de las unidades residenciales, el diseño contempla un bloque comercial de un piso para integrar servicios y actividad económica.

Se construirán torres de 13 pisos con 8 apartamentos por piso, de acuerdo con lo expresado por el Gerente del INDEV, Nelson Nieto. Un tema que generó controversia entre la ciudadanía asistente a la mesa de trabajo, fue el elevado costo del cierre financiero para las familias que salgan beneficiadas, lo cual dejaría por fuera a núcleos familiares vulnerables.

Según explicó Nelson Nieto, Gerente del INDEV, estos costos estarán en $63, $73 y $83 millones de pesos para cada familia, teniendo en cuenta el puntaje que logren luego del análisis de la documentación que presenten para ingresar al proyecto, cuando se abra la convocatoria.

En el encuentro participaron representantes de la secretaría de planeación, el instituto de desarrollo urbano y vivienda de Yopal (indev) y la gobernación de Casanare. Ellos expusieron los aspectos técnicos, urbanísticos y administrativos de este complejo habitacional a concejales y asistentes.

Se ha informado que habrá una convocatoria para familias interesadas, con requisitos como ahorro programado y acceso a crédito. La administración municipal también está habilitando predios sociales prioritarios para entregar lotes con servicios públicos, impulsando la vivienda formal y planificada en la ciudad.

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Tras más de 13 años de espera avanza proceso de titulación en La Chaparrera en Yopal

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Después de más de 13 años de espera, el proceso de titulación de predios para familias del sector La Chaparrera comienza a materializarse. Se ha informado el inicio de la transferencia de propiedades de la Gobernación de Casanare al municipio de Yopal, un paso esencial para el saneamiento jurídico y la posterior entrega de títulos.

Durante una jornada de socialización con la comunidad, la secretaria de planeación de Yopal, Narda Perilla, junto con la secretaria general de la gobernación de Casanare, Neydi Oróstegui, explicaron los avances técnicos y administrativos que permitirán formalizar las viviendas.

Actualmente, 71 predios figuran a nombre de la gobernación; de estos, ocho ya han sido transferidos al municipio, y 25 están pendientes de localización espacial. Además, se han recibido 30 solicitudes de familias interesadas en formalizar sus predios, con tres de ellas ya en proceso de titulación.

Este proceso de transferencia facultará al municipio para continuar con las etapas necesarias para la legalización de las viviendas y la expedición de títulos de propiedad. Adán Wilches Espinosa, beneficiario, expresó su satisfacción. La administración municipal, bajo el liderazgo del alcalde Marco Tulio Ruiz, busca consolidar el ordenamiento territorial y brindar seguridad jurídica a las familias que han esperado por años la legalización de sus hogares.

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