CASANARE
Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.
Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.
La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.
Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.
La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.
En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.
El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.
Crimen sin capturas ni responsables
Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.
El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección
Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.
Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Recetor y Chámeza serán escenario de una nueva jornada del Hospital Itinerante, una estrategia liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, que sigue acercando servicios de salud gratuitos a comunidades con acceso limitado a la atención médica.
Durante las jornadas, la población podrá acceder a servicios en pediatría, psicología, optometría, ginecología, medicina general y odontología, así como vacunación, planificación familiar y controles de crecimiento y desarrollo. También se realizarán procedimientos como resección de lipomas y atención de hernias umbilicales, junto con actividades de promoción y prevención, educación en salud mental, nutrición y salud oral, y tamizajes para Chagas, sífilis y VIH.
La secretaria de Salud, Tatiana Chávez Duque, afirmó que en 2026 se retomó esta iniciativa que ha permitido ampliar la cobertura en distintos municipios. A la fecha, se han llevado a cabo 23 jornadas en el departamento, con más de 42.700 atenciones y 788 procedimientos quirúrgicos.
Estas jornadas se realizan con el apoyo del Hospital Regional de la Orinoquía, las alcaldías y Red Salud Casanare, en un trabajo articulado que busca facilitar el acceso a servicios médicos en diferentes zonas del departamento.
Las actividades se cumplirán el 27 de marzo en Recetor y el 28 y 29 de marzo en Chámeza, entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., en los centros de salud de cada municipio.
CASANARE
Yopal avanza con plan de vacunación escalonado contra el dengue para proteger a la infancia
Yopal continúa con la implementación del Plan Escalonado de Vacunación contra el dengue, una iniciativa liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría de Salud de la Gobernación de Casanare. Esta estrategia busca pYopal, roteger a niños y niñas de 9 años o que cursan cuarto grado de primaria, quienes son uno de los grupos más vulnerables ante la enfermedad que sigue afectando a las familias en el departamento.
Actualmente, las IPS del municipio de Yopal disponen de 2.500 dosis del biológico, con las cuales se espera inmunizar gratuitamente a un número equivalente de menores con la primera dosis. La vacuna es un recurso crucial para prevenir síntomas severos, complicaciones que pueden ser graves y reducir los casos que requieran hospitalización.
El dengue es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti, presente en cerca del 80% del territorio colombiano. Con corte a la semana epidemiológica número 10 de 2026, Casanare ha registrado 206 casos de dengue, con 30 de ellos en Yopal. Del total departamental, el 51,7% presentó signos de alarma y el 0,7% fue clasificado como dengue grave.
A las medidas preventivas tradicionales, como la eliminación de criaderos, la fumigación y el uso de repelentes y mosquiteros, se suma ahora la vacunación como una herramienta fundamental para mitigar el impacto de esta enfermedad en la salud pública. Es esencial mantener todas las acciones de prevención de forma permanente.
La vacuna contra el dengue está indicada para personas entre los 4 y 60 años, sin importar antecedentes de haber padecido la enfermedad. La protección inicia 14 días después de la primera dosis, siendo fundamental completar el esquema con una segunda dosis a los tres meses. Se hace un llamado a madres, padres y cuidadores para que acudan a las IPS del municipio y accedan a esta vacuna gratuita.
El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.
En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.
De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.
