CASANARE
Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.
Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.
La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.
Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.
La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.
En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.
El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.
Crimen sin capturas ni responsables
Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.
El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección
Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.
Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
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CASANARE
Gobernación de Casanare y Agrosavia le apuestan al Centro de Investigación para la Orinoquia en Casanare
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, sostuvo una reunión con el director general de Agrosavia, Miguel Serrano López, junto con su equipo de trabajo, para avanzar en acciones conjuntas orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario.
El mandatario señaló que se definieron cuatro frentes de trabajo. Entre ellos, la presentación ante el OCAD de Ciencia y Tecnología del proyecto del Centro de Investigación para la Orinoquia del sector agropecuario, nuevas iniciativas conforme al Plan de Acción 2026, la estrategia de fortalecimiento y continuidad del equipo de Agrosavia en el departamento, y el plan de acción para la recuperación, salvaguarda y manejo de la raza criolla en Casanare.
Ortiz Zorro expresó que junto a Agrosavia se dejarán las bases del desarrollo agroindustrial que necesita Casanare. Indicó que durante la jornada se compartieron resultados de investigación y se definió una ruta para articular acciones que fortalezcan la productividad agropecuaria del departamento.
Por su parte, el director de Agrosavia explicó que en conjunto con la Gobernación se identificaron ejes estratégicos enfocados en la integración de componentes concretos de investigación orientados al sector agropecuario. Señaló que esta articulación incluye la protección del ganado criollo casanareño, considerado patrimonio nacional y patrimonio de Casanare, además de la gestión de recursos en alianza con el Ministerio de Agricultura para consolidar una propuesta de centro de investigación con sede en el departamento y proyección para toda la Orinoquia.
Finalmente, el secretario de Agricultura, Alexi Duarte, informó que, Agrosavia y el gobernador se comprometieron con la formulación del proyecto del Centro para la Investigación de la Orinoquia, además de la inscripción del banco de germoplasma de la raza Criollo Casanare al Sistema Nacional de Bancos de Germoplasma.
CASANARE
Se va Catasig de Yopal, Gestión Catastral será reasumida por el IGAC, empalme durará tres meses
Así lo dio a conocer el alcalde Marco Tulio Ruíz, en la Mesa de Diálogo sobre Catastro Multipropósito que contó con presencia de comunidad, alcaldes, gobernador de Casanare y delegadas de la Superintendencia de Notariado y Registro y del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, la intervención solicitada desde 2025 por el alcalde Marco Tulio Ruíz Riaño, permitió activar funciones de inspección, vigilancia y control.
“Se aperturó un proceso sancionatorio administrativo al gestor; el informe evidencia falencias y vulneraciones a la norma catastral. Estamos próximos a emitir el auto de cargos”, explicó Leidy Escamilla, coordinadora del grupo de Inspección y Vigilancia de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien también destacó el trabajo técnico de la Alcaldía de Yopal.
Durante la mesa también se confirmó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) asumirá el servicio catastral en Yopal, mientras avanza un proceso sancionatorio administrativo contra el actual operador Catasig por presuntas fallas en la actualización catastral urbana.
Cecilia Cogollo, directora de Gestión Catastral del IGAC, informó que ya inició el proceso de empalme con Catasig para garantizar la continuidad del servicio bajo criterios de orden y confianza ciudadana. En este contexto, el alcalde Marco Tulio Ruíz reiteró que la prioridad ha sido la defensa de los ciudadanos, decisión que se reflejó en no permitir un ajuste automático en el sector rural.
La Administración Municipal ratificó su postura ante el Gobierno Nacional: avanzar en un proceso transparente, ajustado a la norma y centrado en el bienestar de la comunidad, con el objetivo de restablecer la confianza en el sistema catastral de Yopal.


