CASANARE
Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.
Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.
La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.
Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.
La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.
En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.
El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.
Crimen sin capturas ni responsables
Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.
El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección
Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.
Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles 30 de abril en la vía Aguazul – Maní. Inicialmente el caso se reportó como accidente de tránsito, pero al llegar bomberos y agentes de tránsito al sitio, hallaron el cuerpo sin vida con impactos de bala.
La víctima fue identificada como Luis Enrique Hernández Alfonso, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha V80 de placa YAR85A por la vereda El Sural de Aguazul. Según la inspección al cuerpo, presentaba tres heridas por arma de fuego.
Hernández Alfonso era propietario de la finca donde en noviembre de 2025 se realizó un allanamiento que dejó la captura de alias ‘Tobías’, integrante del Clan del Golfo y sobrino del hoy occiso. Se dedicaba a la agricultura y a la venta de ganado.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a una motocicleta NKD con un sujeto que iba detrás de la moto de la víctima.
La investigación tomó un nuevo rumbo, lo que inició como accidente de tránsito pasó a ser homicidio.
Luego de cumplir con los exigentes requerimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó la planta de licores artesanales de Casanare.
Este es el resultado de más de 20 años de investigación en la producción de bebidas fermentadas y destiladas, elaboradas con productos naturales del llano, tal como lo hicieron los antiguos artesanos llaneros, quienes, en alambiques caseros, lograron producir bebidas espirituosas de alta calidad.
La planta autorizada por el Invima, está ubicada en la zona rural de Yopal, desde donde se ha logrado destilar alcoholes tipo premium, que, previo a la aprobación del Instituto, logró calificaciones meritorias en catas que se realizaron en afamados centros académicos y en mercados especializados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la nueva planta que ahora tiene permiso de operación del gobierno colombiano, se pueden destilar bebidas consideradas de alta calidad para los mercados de licores, tipos whiskys, rones, ginebras, aguardientes y cervezas, entre otros productos, donde se utiliza materia prima de origen campesino casanareño y esto apunta, a que los labriegos productores de cañas, frutas, granos y otras plantas regionales como algarrobo, sarrapia, mastranto, maíz y otros, de origen rural, tengan una importante nueva ventana de mercadeo.
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido la nueva planta de licores, se puede mencionar las bebidas elaboradas con arroz, que fueron calificadas por expertos de la república de China, con un altísimo grado de calidad, situación que le abre la puerta a exportar a esa república, licores fabricados en Casanare.
Por otra parte, la aprobación de esta planta, le abre el camino para que, por los menos 10 empresarios de cervezas artesanales de Casanare, aspiren a obtener los permisos y licencias por parte del Invima.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, aseguró que la situación financiera de Capresoca EPS es crítica y que durante años se habrían maquillado los estados financieros para ocultar su verdadera crisis. Según el mandatario, la entidad fue sostenida artificialmente con cifras que no reflejaban la realidad, lo que hoy tiene a la EPS en una condición cercana a la quiebra.
El gobernador indicó que ya solicitó una auditoría integral para esclarecer el historial financiero de la entidad y determinar responsabilidades. Señaló que este proceso busca establecer cómo se llegó a la actual situación y que sea la justicia la encargada de definir quiénes llevaron a Capresoca a este punto.
En medio de este panorama, Ortiz Zorro reveló que sostuvo conversaciones con el Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes le habrían dado un parte de tranquilidad al manifestar que, por ahora, no se contempla la liquidación de la EPS.
No obstante, el mandatario insistió en que cualquier intervención debe estar orientada a un verdadero plan de salvamento, con un agente que articule esfuerzos con el departamento. Reconoció que, aunque Capresoca sigue prestando servicios, estos no cumplen con las expectativas, y reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que solucione los problemas históricos del país.
