CASANARE
Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014
En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.
Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.
La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.
Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.
La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.
En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.
El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.
Crimen sin capturas ni responsables
Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.
El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección
Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.
Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Contrato de $24 mil millones a microempresa barranquillera desata denuncias contra Capresoca EPS
Una denuncia pública radicada ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y otros organismos de control pone bajo la lupa la contratación adelantada por Capresoca EPS para la vigencia 2026, durante la administración de la Agente Especial de Intervención, Betty Cecilia Anaya Nieto. El documento advierte posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos de la salud, con incrementos contractuales que superan ampliamente el crecimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Según la denuncia, el caso más crítico corresponde al contrato 003-2026, suscrito con PROVITALY SAS por un valor cercano a los $24 mil millones de pesos para el suministro de medicamentos bajo la modalidad de cápita. Según el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sede de PROVITALY SAS, es una microempresa constituida en 2018, con un capital autorizado y suscrito de apenas seis millones de pesos, lo que genera serios cuestionamientos sobre su capacidad financiera, técnica y operativa para ejecutar un contrato de tal magnitud en 14 municipios de Casanare.
Contrato 003.2026 suscrito con PROVITALY SAS para el suministro de medicamentos en 14 municipios
Certificado de existencia y representación legal de PROVITALY SAS
La denuncia señala que este contrato representa un incremento aproximado del 26 % frente a la vigencia anterior, pese a que los recursos que lo financian —la UPC— solo aumentaron 16,49 % para 2026. Además, se advierte que no habría evidencia de estudios financieros rigurosos ni de verificación de experiencia previa del contratista, quien incluso no habría cumplido requisitos mínimos en convocatorias similares adelantadas por otras entidades del sector salud.
Otras alertas en la denuncia
A estas alertas se suman incrementos desproporcionados en los valores per cápita en los municipios con mayor concentración de afiliados, la inclusión de medicamentos con registros sanitarios vencidos y la fragmentación de rutas integrales de atención. El documento también denuncia presuntos sobrecostos en el contrato de transporte aéreo de pacientes, con alzas de hasta el 114 % en algunas rutas. Ante este panorama, los denunciantes solicitan a los entes de control investigar a fondo la contratación de Capresoca EPS y determinar posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales por el presunto detrimento de los recursos de la salud de los casanareños.
El Diario del Llano buscó respuesta de la Agente Interventora Betty Cecilia Anaya Nieto sobre el mencionado contrato 003.2026, pero la funcionaria no quiso pronunciarse al respecto, señalando que tenía que verificar los estudios previos del contrato.
Con el objetivo de acercar la vacunación a los barrios y facilitar el acceso a los servicios de salud, se habilitó un punto de vacunación en la Comuna VI, como parte del plan de intensificación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), buscando reducir el número de personas susceptibles a enfermedades prevenibles, aumentando el acceso y disminuyendo las oportunidades perdidas de vacunación, especialmente en población prioritaria.
Durante la jornada, se aplicaron todos los biológicos del esquema regular, con énfasis en la vacunación contra fiebre amarilla, tos ferina, sarampión, rubéola y Virus del Papiloma Humano (VPH). Además, en estos mismos puntos reforzará la vacunación en mujeres gestantes, como también la aplicación a niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 17 años contra el VPH, y a menores de 6 años.
Esta iniciativa se articula con instituciones educativas, el ICBF y los diferentes actores del sistema de salud, garantizando el cumplimiento de la ruta de vacunación y fortaleciendo los procesos de información y educación en salud.
Bajo el lema “De regreso a clases con las vacunas al día “#VacúnateYa”, se invita a las familias de la Comuna VI a acercarse al punto de vacunación, revisar sus carnés y completar esquemas, recordando que la vacunación oportuna salva vidas y protege a toda la comunidad.
La Secretaría de Infraestructura de Casanare, a través del Banco de Maquinaria, lideró una mesa de trabajo articulada con autoridades locales y comunidades rurales de Hato Corozal, con el fin de planificar de manera conjunta las intervenciones viales proyectadas en el municipio.
En el encuentro participaron la alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán Gutiérrez; el secretario de Infraestructura municipal, Antonio Esteban Campuzano; el diputado Omar Ortega y representantes de las veredas El Guafal, El Rubí, Suní, San Nicolás y del centro poblado Puerto Colombia, quienes expusieron sus necesidades y aportaron a la priorización de los trabajos.
Se hará mantenimiento de 30 kilómetros
Como resultado de este ejercicio de concertación, se proyecta el mantenimiento de cerca de 30 kilómetros del corredor vial que comunica el casco urbano de Hato Corozal con Puerto Colombia, intervención que contará con dos frentes de maquinaria listos para iniciar labores una vez se dé apertura oficial al plan.
El gobernador César Ortiz Zorro y el secretario de Infraestructura departamental, Álvaro Rivera, resaltaron que este tipo de espacios fortalecen la planificación responsable, garantizan transparencia en la ejecución de las obras y reflejan el compromiso del Gobierno departamental con la conectividad, el desarrollo rural y el bienestar de las comunidades.
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