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Condenan a la Fiscalía por omitir pedir protección para víctimas de un homicidio múltiple en Hato Corozal en 2014

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En decisión de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Casanare confirmó un fallo del Juzgado Primero Administrativo de Yopal, que condenó a la Fiscalía General de la Nación por omitir su deber de solicitar protección para 4 personas que venían recibiendo amenazas dentro de un proceso de reclamación de tierras, las cuales finalmente fueron asesinadas.

Se dice en la sentencia, que, debido a las múltiples amenazas, acontecimientos previos, quejas y denuncias de las víctimas, la Fiscalía no provocó intervención preventiva de la Fuerza Pública, lo que finalmente derivó en la consumación del homicidio múltiple, el cual fue descubierto el 23 de junio de 2014. Un hermano de una de las víctimas realizó infructuosas llamadas telefónicas a ésta y a uno de sus hijos sin obtener respuesta, por lo que junto con algunos vecinos se desplazaron al predio rural donde habitaban, encontrándolos asesinados junto con otras dos personas, entre ellos otro menor de edad.

La historia comenzó desde 2008, cuando el señor Gerain Enrique Landaeta Moreno y su señora, Liry Herney Hernández Sogamoso, comenzaron a tener múltiples conflictos con algunos hermanos de Landaeta Moreno, por la posesión del predio La Calceta, en la vereda Santa Rita del municipio de Hato Corozal, donde se había fundado en predios sobre los cuales había tenido posesión su padre.

Landaeta Moreno fue privado de la libertad y condenado por algunos hechos judiciales, por lo que en su ausencia fue su compañera sentimental Liry Herney Hernández quien siguió al frente del fundo, durante varios años más se presentaron incidentes con uno de los hermanos de Landaeta Moreno, que dieron lugar a quejas policivas, denuncias ante la Fiscalía por daño en bien ajeno, amenazas y otras perturbaciones a la posesión, imputadas por la señora Hernández a su cuñado.

La situación se agudizó durante los años 2012 y 2013, al parecer por la posibilidad de negociar una servidumbre del predio para el Oleoducto Bicentenario, por la que se esperaba recibir una muy importante suma de dinero.

En ese trasegar, la señora Hernández acudió ante Defensoría del Pueblo a pedir orientación para afrontar los conflictos civiles y penales, la Regional Casanare la remitió a otras autoridades (inspección de policía y Fiscalía); también insistió en sus denuncias ante Fiscalía, cuya dependencia en Paz de Ariporo archivó la actuación relativa a presunto daño en bien ajeno, argumentando que la remoción de cercas (por un hermano del actor) se hizo en predios poseídos por el denunciado; no se conocen avances significativos de lo que tuvo que con amenazas contra la integridad de la señora Hernández y sus allegados.

El 23 de junio de 2014 encontraron cuatro cadáveres en descomposición, que correspondían a la señora Liry Herney Hernández Sogamoso, su hijo Jefferson Landaeta Hernández, su sobrino David Ríos Hernández y Fredy Lucumí Cruz, trabajador en la finca, quienes fueron ultimados con impactos de armas de fuego.

Crimen sin capturas ni responsables

Por ese cuádruple homicidio la Fiscalía inició la investigación de rigor, en la que se tuvo como sospechoso a un hermano del señor Gerain Enrique; hasta donde hay noticia procesal, no se han producido capturas de presuntos responsables, ni determinado quiénes fueron autores o determinadores, ni los reales motivos del crimen.

El Tribunal Administrativo de Casanare considera que la Administración de Justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación es responsable, dado que la víctima solicitó protección por el riesgo en el que estaba sometida, sin que se tomaran las medidas necesarias y pertinentes para su protección

Señala el Tribunal, que la Fiscalía General de la Nación, a pesar de tener conocimientos de todas las situaciones que se venían presentando, no informó a la Policía Nacional, Ejército Nacional o Unidad Nacional de Protección, para que intervinieran en este conflicto examinando riesgos y para adoptar medidas de protección o prevención para las víctimas.

Finalmente, se condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar a título de perjuicios morales al señor Geraín Landaeta Moreno por la muerte de sus allegados, el equivalente a 184 salarios Mínimos legales mensuales vigentes. La sentencia inicial tasaba los perjuicios morales en 230 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero había contemplado al señor Fredy Lucumí Cruz, pero al no tener vínculo familiar con el demandante, no se concedió por parte del Tribunal en segunda instancia.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Hallan sin vida a hombre desaparecido en Pore: investigan causas de su muerte

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El hallazgo del cuerpo sin vida de Javier Cruz, reportado como desaparecido desde el pasado domingo 22 de marzo, ha generado profunda consternación en el municipio de Pore. La localización se produjo en el sector del río Güacharía, donde unidades de la Policía Nacional y organismos de socorro adelantaron las primeras diligencias judiciales.

En el lugar hicieron presencia integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pore, junto con personal de criminalística, quienes realizaron la inspección técnica, el levantamiento del cuerpo y demás actos urgentes. La zona fue acordonada mientras se recolectaban elementos materiales probatorios.

De acuerdo con las autoridades, el caso ya es materia de investigación y se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Cruz. Aunque por ahora no se han entregado hipótesis oficiales, los investigadores trabajan en la recolección de análisis forenses que permitan establecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.

Entre tanto, la familia del fallecido y la comunidad de Pore permanecen a la espera de resultados que permitan conocer la verdad de lo ocurrido. Las autoridades reiteraron su compromiso de avanzar con celeridad en las indagaciones, con el fin de determinar las causas del deceso y establecer posibles responsabilidades.

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Alcaldesa de Hato Corozal defiende inversión de su administración para el Cuerpo de Bomberos

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La alcaldesa de Hato Corozal, Tatiana Pirabán, salió al paso de los cuestionamientos por no tener aún un convenio firmado con el Cuerpo de Bomberos, asegurando que su administración ha sido una de las que más ha invertido en la institución, argumentación que soportó con cifras.

Explicó la mandataria, que en 2024, la sobretasa bomberil en su municipio fue de $16.433.750, sin embargo, se asignaron $192.801.790 para el convenio con los bomberos. Para 2025, la sobretasa bomberil fue de $11.726.154, y la alcaldesa entregó $291.391.070.

Pirabán destacó que en dos años de gobierno, su administración ha entregado $484.192.860 pesos a los bomberos, superando la inversión del gobierno anterior, que fue de $342.154.271 pesos en cuatro años. La alcaldesa aseguró que están trabajando para financiar el plan de inversión de los bomberos de este año, pero que los recursos son limitados y deben priorizarse.

La alcaldesa también aclaró que no ha habido falta de voluntad para firmar el convenio, sino que se están buscando formas de financiar la mayor cantidad posible de componentes para satisfacer las necesidades de los bomberos. “Nunca en la historia ningún alcalde le había entregado tantos recursos del municipio a la institución”, enfatizó Pirabán.

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Yopal realizó Primera Mesa Pública del PAE 2026, se evidenciaron falencias en menajes e infraestructura

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La Alcaldía de Yopal llevó a cabo la primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2026. Este espacio clave permitió socializar la operación, cobertura, inversión y funcionamiento del programa, además de atender las inquietudes de la comunidad en un ejercicio de control social.

Durante la jornada, la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, junto al equipo de supervisión del PAE y el operador, expuso los principales aspectos de la ejecución. Se detalló el alcance del servicio y las condiciones de prestación para la actual vigencia, garantizando la transparencia.

Para el año 2026, el PAE beneficia a 14.300 estudiantes en 88 sedes educativas oficiales, quienes reciben diariamente un complemento alimentario. Previo al inicio, se realizaron labores de limpieza, desinfección y adecuación logística, asegurando una puesta en marcha eficiente del programa.

¿Cómo está operando el PAE?

La operación actual del PAE incluye la distribución semanal de alimentos mediante 12 vehículos que abastecen 22 sedes urbanas y 66 rurales, garantizando la entrega oportuna de los productos. Además de su impacto social, el programa genera 230 empleos directos y cerca de 100 indirectos, dinamizando la economía local.

Se informó que, gracias a gestiones municipales, se logró una adición superior a los $7 mil millones, permitiendo ampliar la cobertura y fortalecer la atención estudiantil. Estos encuentros son esenciales para que la ciudadanía conozca y haga seguimiento a uno de los principales apoyos a la permanencia escolar.

Durante la mesa se conocieron solicitudes de padres de familia y algunos docentes, en el sentido de mejorar el estado de los menajes y enseres con que se presta el servicio, pues la gran mayoría cumplieron su ciclo y deben renovarse, así como inversiones en la infraestructura de los restaurantes escolares, para que la buena calidad de los alimentos se vea complementada con estos dos ítems donde se presentan falencias.

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