CASANARE
Condena fiscal para Raúl Flórez y Luis Carlos Aponte por “casas en el aire” de Luna Roja
En lo que sería la punta del Iceberg, sobre las siempre cuestionadas inversiones del gobierno de Raúl Flórez en materia de vivienda, la Contraloría General de la República condenó fiscalmente al ex gobernador y su Secretario de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez, por las viviendas que nunca construyó la Asociación Luna Roja en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el fallo del organismo de control, la cuantía del daño está estimada en cuatro mil dieciséis millones de pesos, por los que deberán responder además la tristemente famosa Asociación Luna Roja, y la Aseguradora Cóndor.
Según la Contraloría General de la República, el presunto daño fiscal se presenta en ejecución del Convenio de Cooperación Mutua No. 0025 del 30 de junio de 2009, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Asociación Luna Roja, para cofinanciar la construcción de 332 unidades de vivienda social en los municipios de Yopal, Trinidad, Monterrey, Orocué, Aguazul y Nunchía.
Las viviendas nunca se hicieron pero el dinero fue retirado de la Cuenta de Ahorros, dice la Contraloría en el fallo.
Resulta extraño para la Contraloría General de la República, como se denunció para la época de los hechos por la mayoría de medios de comunicación, que del mencionado Convenio se girara el 90% como anticipo, cuando lo normal es que este anticipo corresponda solo al 50% del valor contractual.
Tanto el Convenio como el acta de inicio del mismo fueron firmados en su momento por el Secretario o Director de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez. La interventoría del mencionado Convenio fue contratada con la Sociedad de Ingenieros Seccional Casanare, que el 01 de febrero de 2010 exhortó a la Asociación Luna Roja a que iniciara la ejecución de la obra, habida cuenta que se contaba con las Licencias de Construcción, los correspondientes lotes y la topografía de la zona estaba adecuada.
Extrañamente, por medio de un acta el 10 de marzo de 2010, el supervisor del Convenio Luis Carlos Aponte y el representante legal de la Asociación Luna Roja, Andrés Velazco Apraez, suspenden la ejecución del mismo aduciendo falta de Licencia de Construcción y la no adecuación de los terrenos para el inicio de la construcción de las viviendas proyectadas. Es decir, contradijeron lo dicho por la interventoría en febrero de ese año respecto de esos ítems.
Para el manejo del anticipo se abrió una Cuenta de Ahorros en el Banco de Occidente, donde se consignaron los recursos autorizados como anticipo del Convenio; cuenta sobre la que ejerció labores de supervisión, control y vigilancia la Oficina de Planeación Departamental a cargo de Luis Carlos Aponte Pérez, y labores de manejo a cargo de la Asociación Luna Roja.
Fueron varios los requerimientos de la interventoría para conocer cuál había sido el manejo que se le había dado al anticipo, pero solo hasta abril de 2010 Aponte Pérez entregó extractos bancarios de la cuenta de ahorros, de los que se deduce que fueron retirados en el periodo comprendido de septiembre de 2009 a enero 31 de 2010, recursos por valor de mil setecientos cinco millones sin ninguna explicación clara sobre la destinación de los recursos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
Un nuevo siniestro vial cobró la vida de Estiven Arley Grimaldos Mendoza, de 28 años, la noche de este lunes 29 de diciembre, en la vía que comunica a Yopal con la vereda La Unión, confirmaron las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se movilizaba en una motocicleta FZ de placas SGP-19D cuando, al parecer, perdió el control del vehículo en una curva y terminó saliéndose de la calzada. El impacto le ocasionó la muerte en el lugar de los hechos.
Las autoridades indicaron que Grimaldos Mendoza figuraba en las bases de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) con varias anotaciones judiciales. El caso es materia de investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente.
Con este hecho, la siniestralidad vial en Yopal continúa en aumento, pues a pocas horas de finalizar el año 2025 ya se contabilizan 74 personas fallecidas en accidentes de tránsito, una cifra que genera preocupación entre las autoridades y reitera el llamado a la prudencia y al respeto por las normas de tránsito.
