CASANARE
Condena fiscal para Raúl Flórez y Luis Carlos Aponte por “casas en el aire” de Luna Roja
En lo que sería la punta del Iceberg, sobre las siempre cuestionadas inversiones del gobierno de Raúl Flórez en materia de vivienda, la Contraloría General de la República condenó fiscalmente al ex gobernador y su Secretario de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez, por las viviendas que nunca construyó la Asociación Luna Roja en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el fallo del organismo de control, la cuantía del daño está estimada en cuatro mil dieciséis millones de pesos, por los que deberán responder además la tristemente famosa Asociación Luna Roja, y la Aseguradora Cóndor.
Según la Contraloría General de la República, el presunto daño fiscal se presenta en ejecución del Convenio de Cooperación Mutua No. 0025 del 30 de junio de 2009, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Asociación Luna Roja, para cofinanciar la construcción de 332 unidades de vivienda social en los municipios de Yopal, Trinidad, Monterrey, Orocué, Aguazul y Nunchía.

Las viviendas nunca se hicieron pero el dinero fue retirado de la Cuenta de Ahorros, dice la Contraloría en el fallo.
Resulta extraño para la Contraloría General de la República, como se denunció para la época de los hechos por la mayoría de medios de comunicación, que del mencionado Convenio se girara el 90% como anticipo, cuando lo normal es que este anticipo corresponda solo al 50% del valor contractual.
Tanto el Convenio como el acta de inicio del mismo fueron firmados en su momento por el Secretario o Director de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez. La interventoría del mencionado Convenio fue contratada con la Sociedad de Ingenieros Seccional Casanare, que el 01 de febrero de 2010 exhortó a la Asociación Luna Roja a que iniciara la ejecución de la obra, habida cuenta que se contaba con las Licencias de Construcción, los correspondientes lotes y la topografía de la zona estaba adecuada.
Extrañamente, por medio de un acta el 10 de marzo de 2010, el supervisor del Convenio Luis Carlos Aponte y el representante legal de la Asociación Luna Roja, Andrés Velazco Apraez, suspenden la ejecución del mismo aduciendo falta de Licencia de Construcción y la no adecuación de los terrenos para el inicio de la construcción de las viviendas proyectadas. Es decir, contradijeron lo dicho por la interventoría en febrero de ese año respecto de esos ítems.
Para el manejo del anticipo se abrió una Cuenta de Ahorros en el Banco de Occidente, donde se consignaron los recursos autorizados como anticipo del Convenio; cuenta sobre la que ejerció labores de supervisión, control y vigilancia la Oficina de Planeación Departamental a cargo de Luis Carlos Aponte Pérez, y labores de manejo a cargo de la Asociación Luna Roja.

Fueron varios los requerimientos de la interventoría para conocer cuál había sido el manejo que se le había dado al anticipo, pero solo hasta abril de 2010 Aponte Pérez entregó extractos bancarios de la cuenta de ahorros, de los que se deduce que fueron retirados en el periodo comprendido de septiembre de 2009 a enero 31 de 2010, recursos por valor de mil setecientos cinco millones sin ninguna explicación clara sobre la destinación de los recursos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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