CASANARE
Condena fiscal para Raúl Flórez y Luis Carlos Aponte por “casas en el aire” de Luna Roja
En lo que sería la punta del Iceberg, sobre las siempre cuestionadas inversiones del gobierno de Raúl Flórez en materia de vivienda, la Contraloría General de la República condenó fiscalmente al ex gobernador y su Secretario de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez, por las viviendas que nunca construyó la Asociación Luna Roja en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el fallo del organismo de control, la cuantía del daño está estimada en cuatro mil dieciséis millones de pesos, por los que deberán responder además la tristemente famosa Asociación Luna Roja, y la Aseguradora Cóndor.
Según la Contraloría General de la República, el presunto daño fiscal se presenta en ejecución del Convenio de Cooperación Mutua No. 0025 del 30 de junio de 2009, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Asociación Luna Roja, para cofinanciar la construcción de 332 unidades de vivienda social en los municipios de Yopal, Trinidad, Monterrey, Orocué, Aguazul y Nunchía.
Las viviendas nunca se hicieron pero el dinero fue retirado de la Cuenta de Ahorros, dice la Contraloría en el fallo.
Resulta extraño para la Contraloría General de la República, como se denunció para la época de los hechos por la mayoría de medios de comunicación, que del mencionado Convenio se girara el 90% como anticipo, cuando lo normal es que este anticipo corresponda solo al 50% del valor contractual.
Tanto el Convenio como el acta de inicio del mismo fueron firmados en su momento por el Secretario o Director de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez. La interventoría del mencionado Convenio fue contratada con la Sociedad de Ingenieros Seccional Casanare, que el 01 de febrero de 2010 exhortó a la Asociación Luna Roja a que iniciara la ejecución de la obra, habida cuenta que se contaba con las Licencias de Construcción, los correspondientes lotes y la topografía de la zona estaba adecuada.
Extrañamente, por medio de un acta el 10 de marzo de 2010, el supervisor del Convenio Luis Carlos Aponte y el representante legal de la Asociación Luna Roja, Andrés Velazco Apraez, suspenden la ejecución del mismo aduciendo falta de Licencia de Construcción y la no adecuación de los terrenos para el inicio de la construcción de las viviendas proyectadas. Es decir, contradijeron lo dicho por la interventoría en febrero de ese año respecto de esos ítems.
Para el manejo del anticipo se abrió una Cuenta de Ahorros en el Banco de Occidente, donde se consignaron los recursos autorizados como anticipo del Convenio; cuenta sobre la que ejerció labores de supervisión, control y vigilancia la Oficina de Planeación Departamental a cargo de Luis Carlos Aponte Pérez, y labores de manejo a cargo de la Asociación Luna Roja.
Fueron varios los requerimientos de la interventoría para conocer cuál había sido el manejo que se le había dado al anticipo, pero solo hasta abril de 2010 Aponte Pérez entregó extractos bancarios de la cuenta de ahorros, de los que se deduce que fueron retirados en el periodo comprendido de septiembre de 2009 a enero 31 de 2010, recursos por valor de mil setecientos cinco millones sin ninguna explicación clara sobre la destinación de los recursos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
