CASANARE
Condena fiscal para Raúl Flórez y Luis Carlos Aponte por “casas en el aire” de Luna Roja
En lo que sería la punta del Iceberg, sobre las siempre cuestionadas inversiones del gobierno de Raúl Flórez en materia de vivienda, la Contraloría General de la República condenó fiscalmente al ex gobernador y su Secretario de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez, por las viviendas que nunca construyó la Asociación Luna Roja en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el fallo del organismo de control, la cuantía del daño está estimada en cuatro mil dieciséis millones de pesos, por los que deberán responder además la tristemente famosa Asociación Luna Roja, y la Aseguradora Cóndor.
Según la Contraloría General de la República, el presunto daño fiscal se presenta en ejecución del Convenio de Cooperación Mutua No. 0025 del 30 de junio de 2009, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Asociación Luna Roja, para cofinanciar la construcción de 332 unidades de vivienda social en los municipios de Yopal, Trinidad, Monterrey, Orocué, Aguazul y Nunchía.

Las viviendas nunca se hicieron pero el dinero fue retirado de la Cuenta de Ahorros, dice la Contraloría en el fallo.
Resulta extraño para la Contraloría General de la República, como se denunció para la época de los hechos por la mayoría de medios de comunicación, que del mencionado Convenio se girara el 90% como anticipo, cuando lo normal es que este anticipo corresponda solo al 50% del valor contractual.
Tanto el Convenio como el acta de inicio del mismo fueron firmados en su momento por el Secretario o Director de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez. La interventoría del mencionado Convenio fue contratada con la Sociedad de Ingenieros Seccional Casanare, que el 01 de febrero de 2010 exhortó a la Asociación Luna Roja a que iniciara la ejecución de la obra, habida cuenta que se contaba con las Licencias de Construcción, los correspondientes lotes y la topografía de la zona estaba adecuada.
Extrañamente, por medio de un acta el 10 de marzo de 2010, el supervisor del Convenio Luis Carlos Aponte y el representante legal de la Asociación Luna Roja, Andrés Velazco Apraez, suspenden la ejecución del mismo aduciendo falta de Licencia de Construcción y la no adecuación de los terrenos para el inicio de la construcción de las viviendas proyectadas. Es decir, contradijeron lo dicho por la interventoría en febrero de ese año respecto de esos ítems.
Para el manejo del anticipo se abrió una Cuenta de Ahorros en el Banco de Occidente, donde se consignaron los recursos autorizados como anticipo del Convenio; cuenta sobre la que ejerció labores de supervisión, control y vigilancia la Oficina de Planeación Departamental a cargo de Luis Carlos Aponte Pérez, y labores de manejo a cargo de la Asociación Luna Roja.

Fueron varios los requerimientos de la interventoría para conocer cuál había sido el manejo que se le había dado al anticipo, pero solo hasta abril de 2010 Aponte Pérez entregó extractos bancarios de la cuenta de ahorros, de los que se deduce que fueron retirados en el periodo comprendido de septiembre de 2009 a enero 31 de 2010, recursos por valor de mil setecientos cinco millones sin ninguna explicación clara sobre la destinación de los recursos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
En Casanare, designados más de 7.500 jurados de votación para elecciones presidenciales
La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento de Casanare fueron designados un total de 7.548 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 6.108 son principales y 1.440 son remanentes.
Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.
Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.
Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.
CASANARE
Colegio Braulio González de Yopal recibe 16 computadores para fortalecer su sala de sistemas
CASANARE
En Yopal avanza empalme entre el IGAC y Catasig, se evalúan posibles alivios al predial
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, participó en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de Casanare, donde se hizo seguimiento al proceso de empalme entre el IGAC y CATASIG.
Durante la jornada se revisaron aspectos técnicos, administrativos y operativos relacionados con la transición del servicio público catastral, que avanza según el cronograma establecido. También se analizaron alternativas frente al impuesto predial y posibles medidas de alivio para la comunidad.
El alcalde señaló que el trabajo conjunto con entidades nacionales y departamentales busca garantizar el desarrollo del proceso y brindar claridad a los contribuyentes sobre los cambios en materia catastral y predial.
En el encuentro se acordó el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Hacienda. Además, participaron veedores ciudadanos y líderes sociales en el seguimiento a las acciones relacionadas con el proceso en el municipio.
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