CASANARE
Condena fiscal para Raúl Flórez y Luis Carlos Aponte por “casas en el aire” de Luna Roja
En lo que sería la punta del Iceberg, sobre las siempre cuestionadas inversiones del gobierno de Raúl Flórez en materia de vivienda, la Contraloría General de la República condenó fiscalmente al ex gobernador y su Secretario de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez, por las viviendas que nunca construyó la Asociación Luna Roja en varios municipios del departamento.
De acuerdo con el fallo del organismo de control, la cuantía del daño está estimada en cuatro mil dieciséis millones de pesos, por los que deberán responder además la tristemente famosa Asociación Luna Roja, y la Aseguradora Cóndor.
Según la Contraloría General de la República, el presunto daño fiscal se presenta en ejecución del Convenio de Cooperación Mutua No. 0025 del 30 de junio de 2009, suscrito entre la Gobernación de Casanare y la Asociación Luna Roja, para cofinanciar la construcción de 332 unidades de vivienda social en los municipios de Yopal, Trinidad, Monterrey, Orocué, Aguazul y Nunchía.
Las viviendas nunca se hicieron pero el dinero fue retirado de la Cuenta de Ahorros, dice la Contraloría en el fallo.
Resulta extraño para la Contraloría General de la República, como se denunció para la época de los hechos por la mayoría de medios de comunicación, que del mencionado Convenio se girara el 90% como anticipo, cuando lo normal es que este anticipo corresponda solo al 50% del valor contractual.
Tanto el Convenio como el acta de inicio del mismo fueron firmados en su momento por el Secretario o Director de Planeación, Luis Carlos Aponte Pérez. La interventoría del mencionado Convenio fue contratada con la Sociedad de Ingenieros Seccional Casanare, que el 01 de febrero de 2010 exhortó a la Asociación Luna Roja a que iniciara la ejecución de la obra, habida cuenta que se contaba con las Licencias de Construcción, los correspondientes lotes y la topografía de la zona estaba adecuada.
Extrañamente, por medio de un acta el 10 de marzo de 2010, el supervisor del Convenio Luis Carlos Aponte y el representante legal de la Asociación Luna Roja, Andrés Velazco Apraez, suspenden la ejecución del mismo aduciendo falta de Licencia de Construcción y la no adecuación de los terrenos para el inicio de la construcción de las viviendas proyectadas. Es decir, contradijeron lo dicho por la interventoría en febrero de ese año respecto de esos ítems.
Para el manejo del anticipo se abrió una Cuenta de Ahorros en el Banco de Occidente, donde se consignaron los recursos autorizados como anticipo del Convenio; cuenta sobre la que ejerció labores de supervisión, control y vigilancia la Oficina de Planeación Departamental a cargo de Luis Carlos Aponte Pérez, y labores de manejo a cargo de la Asociación Luna Roja.
Fueron varios los requerimientos de la interventoría para conocer cuál había sido el manejo que se le había dado al anticipo, pero solo hasta abril de 2010 Aponte Pérez entregó extractos bancarios de la cuenta de ahorros, de los que se deduce que fueron retirados en el periodo comprendido de septiembre de 2009 a enero 31 de 2010, recursos por valor de mil setecientos cinco millones sin ninguna explicación clara sobre la destinación de los recursos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Con los resultados del preconteo, la Cámara de Representantes por Casanare estará ocupada por Arledy Alvarado Patiño y Diego Fernando García Alfonso.
Alvarado Patiño, quien aspiraba a la curul por el Partido Centro Democrático, de acuerdo al preconteo alcanzó 17.747 votos, de los 48.014 papeletas que obtuvo la colectividad, que a la postre fue la más votada en el departamento. En esa misma lista el candidato Álvaro Mariño obtuvo 12.622 votos, mientras que el pastor Wilmer Garcés ayudó con 8.760. El logo del Partido, que son los votos solo por la lista, alcanzó un total de 8.885 votos.
Por su parte García Alfonso, quien representaba a la Alianza por Casanare, conformada por el Partido Verde y el Partido En Marcha, logró 32.061 votos en el preconteo, convirtiéndose en el candidato más votado de la contienda. En esa misma lista la candidata Diana Rincón Leguizamón obtuvo 5.205 votos, mientras que el candidato Fabián Cordero Escobar colaboró con 2.700 votos. El logo de la Alianza alcanzó 1.824 votos. La lista total llegó a los 41.790 votos.
Ambos representantes se comprometieron a no parar su trabajo de campaña, y esta semana estarán visitando a sus electores en los diferentes municipios, de acuerdo con lo expresado luego de conocerse los resultados la noche anterior. Tanto Arledy Alvarado como Diego García señalaron que de inmediato iniciarán su trabajo para avanzar en diferentes temas, de cara a “no perder tiempo” en las gestiones que deben realizar desde sus curules.
La jornada electoral para elegir Senado de la República, Cámara de Representantes y consultas políticas se desarrolló con normalidad en Yopal, según el balance entregado por las autoridades al cierre de las votaciones.
Durante la jornada, que se extendió por ocho horas continuas, los ciudadanos acudieron a los diferentes puestos de votación habilitados en la ciudad para ejercer su derecho al voto. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el proceso transcurrió en un ambiente de participación ciudadana y sin alteraciones que afectaran el desarrollo de los comicios.
Una vez cerradas las urnas, los jurados de votación iniciaron el procedimiento establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye la destrucción del material electoral sobrante y el conteo de votos en cada mesa. El proceso de preconteo se realizó siguiendo el orden definido por la autoridad electoral: primero las consultas, luego el Senado de la República y finalmente la Cámara de Representantes.
La secretaria de Gobierno ad hoc para temas electorales, Carina Rojas Barreto, destacó el comportamiento de los ciudadanos durante la jornada electoral y señaló que el proceso se desarrolló con tranquilidad y respeto por las normas del ejercicio democrático.
De acuerdo con el balance preliminar, aunque se registraron algunas manifestaciones políticas en las afueras de ciertos puestos de votación, estas no afectaron de manera significativa el desarrollo de la jornada ni el funcionamiento de los puestos habilitados.
Las autoridades recordaron que los resultados oficiales serán definidos en el proceso de escrutinio electoral, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.
En la vereda Buenos Aires Alto, jurisdicción de Villanueva, avanza la construcción de un dique de casi un kilómetro, específicamente 750 metros lineales, diseñado para mitigar los desbordamientos del río Upía. Esta obra es parte de las más de diez intervenciones en puntos críticos que el gobierno de César Ortiz Zorro ejecuta en el departamento de Casanare, buscando reducir el impacto de las lluvias y proteger a las comunidades rurales.
Los directores de Gestión del Riesgo de Desastres de Casanare, Wilson Porras, y de Villanueva, Edgar Mendoza, junto a líderes comunitarios, realizaron una inspección técnica al proyecto. Este sector ha sufrido afectaciones durante aproximadamente seis años, con el río desbordándose e inundando más de 40 predios y la vía que conecta a Caribayona, Santa Helena del Upía y parte de Buenos Aires.
José María Téllez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Buenos Aires Alto, ha relatado las recurrentes dificultades que enfrentan las familias. Las inundaciones han causado la pérdida de cultivos, la muerte de animales y severos problemas de movilidad para los campesinos que intentan acceder a sus viviendas, además de deteriorar constantemente la infraestructura vial.
El ingeniero Wilson Porras detalló que la estructura tendrá una pata de ocho metros, una corona de cuatro metros y dos metros de altura. Se concibe como un dique externo que no soporta el embate directo del río, sino que actúa como una barrera de contención para el agua desbordada. Su función es permitir que las inundaciones retornen al cauce principal, evitando así que sigan afectando viviendas, cultivos y la carretera.
Con esta obra, la administración departamental busca ofrecer una solución duradera a una problemática que ha impactado negativamente la economía y calidad de vida de los habitantes de esta zona rural de Villanueva, blindándolos ante futuras crecientes del río Upía.
