CASANARE
Concejales proponen moción de censura contra Secretario General de la Alcaldía de Yopal, el 2 de agosto se votaría
Enorme disgusto causó entre los Concejales de Yopal, el hecho que el Secretario General de la Alcaldía, Luis Carlos Aponte, se hubiese retirado del recinto de la Corporación sin causa justificada alegando falta de garantías, cuando se cumplía el debate de control político en su contra.
El funcionario, quien además estaba cumpliendo funciones de Alcalde, se retiró alegando que debía cumplir compromisos de las funciones que tenía delegadas, lo cual disgustó seriamente a los cabildantes que manifestaron su descontento por la displicencia del Secretario General. El primer vicepresidente del Concejo, Christian Rodrigo Pérez, manifestó claramente que tanto al Secretario General como al Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica se les brindaron todas las garantías necesarias, por lo que no se explicó la razón de Luis Carlos Aponte para retirarse del recinto.
El disgusto de Aponte
A Luis Carlos Aponte no le gustó que un ciudadano que había solicitado la palabra para intervenir en el debate, le recordara su paso por la Administración del exgobernador Raúl Flórez Chávez y los nefastos resultados en materia de vivienda, política que el direccionó en su momento en la Gobernación de Casanare, por lo que argumentó falta de garantías y se retiró de las instalaciones del Concejo.
A su turno el Concejal citante del debate de control político, José Humberto Barrios, fue claro en señalar que las respuestas entregadas tanto por el Secretario General como por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica durante el debate no lo dejaban plenamente satisfecho, por lo que consideró que estos dos funcionarios cometieron hechos graves relacionados con sus cargos, en situaciones como la famosa “fe de erratas” con la que se corrigió la resolución de encargo de la Alcaldesa el pasado 8 de julio.
Funcionarios cuestionados
Ante todas las situaciones que se cuestionaron a los dos funcionarios por parte de los Concejales, un grupo de 12 de éstos propuso la moción de censura para el Secretario General Luis Carlos Aponte, y la moción de observación para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Juan Carlos Suárez, por diferentes situaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones, las cuales fueron aprobadas por la plenaria del Concejo.
Así las cosas, el próximo 27 de julio en sesión plenaria serán escuchados los descargos de parte de los dos funcionarios por las situaciones que se les endilgan, y el 2 de agosto se votarían también en sesión plenaria estas dos iniciativas para ver si prosperan. De prosperar la moción de censura contra el Secretario General el Concejo solicitará de inmediato la separación de su cargo la cual es de obligatorio cumplimiento; mientras que si prospera la moción de observación contra el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, también se solicitará la separación de su cargo pero no es obligatoria para el Alcalde o Alcaldesa (e).
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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