CASANARE
Con medida cautelar JEP ordenó no intervenir cementerio antiguo de Paz de Ariporo
Desde el 6 de mayo del 2021 La jurisdicción Especial Para La Paz (JEP), expidió la medida cautelar 026, mediante la cual se prohíbe hacer cualquier tipo de intervención en ese predio.
El Cementerio San José funcionó hasta el año 1999 cuando se trasladó a un lugar más amplio a las afueras del municipio.
En el año 2020 se hizo la gestión por parte de la administración municipal para que en el capitulo de regalías de la gobernación, pudiese quedar incluido un parque en este lugar, denominado: “Parque del Chiguiro”. Un espacio de connotación cultural cuya invesión sería de 2,500 millones de pesos, que ya contaba con estudios y diseños, y estaba listo para iniciar su construcción.
La Empresa de Servicios Públicos, Paz de Ariporo S.A. E.S.P. realizó el cerramiento y se realizan limpiezas periódicas sin que se pueda realizar ningún tipo de intervención adicional, siguiendo las instrucciones de la JEP.
El secretario de gobierno del municipio de Paz de Ariporo, Nicolás Pérez, advirtió que, en la búsqueda que inicia la Fiscalia 67 de justicia transicional de Bogota se visitó el cementerio y se halló que, dentro de los restos óseos que se encontraban tras el traslado de los cuerpos al nuevo cementario, hallaron tumbas que habían sido profanadas y personas sin identificar. Esta es la razón principal por la cual la JEP decidió expedir una medida cautelar con la prohibición de cualquier tipo de intervención en ese predio. Para la JEP estos podrían ser restos de personas dadas por desaparecidas.
Inicialmente la medida era por 6 meses, pero se ha venido prorrogando. La misión es encontrar unos cuerpos que, por solicitud de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello a la JEP, se encuentran en proceso de búsqueda.
Fuente: Alcaldía de Paz de Ariporo
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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