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Con ganadería, ocho personas afectaron la Sierra de La Macarena
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Guaviare a ocho personas señaladas de realizar una agresiva actividad de ganadería extensiva, que sería una de las principales causas del deterioro ambiental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los procesados por los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica agravada, incendio e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales.
Adicionalmente, a tres de los procesados se les formularon cargos por porte ilegal de armas de fuego.
El material probatorio da cuenta de que en seis puntos distintos de la Sierra de La Macarena se realizaron quemas y tala de bosque nativo para ampliar la frontera agrícola y tomar posesión de 248 hectáreas para la cría de ganado.
Los peritos ambientales constataron el grave daño ocasionado por esta actividad que, además de la deforestación, afectó el suelo con sustancias contaminantes producto del cuidado de las reses.
En la investigación se estableció que una de las imputadas, una mujer de 73 años, aseguró ser la propietaria de 200 hectáreas en el parque natural.
En este terreno dispuso de corrales e infraestructura para criar entre 40 y 50 cabezas de ganado, así como otras laborares que están prohibidas en una zona de especial protección, declarada como reserva biológica del país.
Por solicitud de las Fiscalía, las tres personas involucradas con el porte de armas de fuego recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia.
Los demás procesados no podrán ingresar a cualquiera de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y deberán atender todos los llamados de las autoridades judiciales.
Capturas Las ocho personas llevadas ante un juez de control de garantías fueron capturadas gracias a la acción articulada de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Fuerzas Militares, en diligencias realizadas en jurisdicción de Puerto Rico (Meta). Siete de las detenciones fueron en flagrancia y una, la de la mujer de 73 años, fue por orden judicial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
