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Con ganadería, ocho personas afectaron la Sierra de La Macarena
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías de Guaviare a ocho personas señaladas de realizar una agresiva actividad de ganadería extensiva, que sería una de las principales causas del deterioro ambiental del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los procesados por los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica agravada, incendio e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales.
Adicionalmente, a tres de los procesados se les formularon cargos por porte ilegal de armas de fuego.
El material probatorio da cuenta de que en seis puntos distintos de la Sierra de La Macarena se realizaron quemas y tala de bosque nativo para ampliar la frontera agrícola y tomar posesión de 248 hectáreas para la cría de ganado.
Los peritos ambientales constataron el grave daño ocasionado por esta actividad que, además de la deforestación, afectó el suelo con sustancias contaminantes producto del cuidado de las reses.
En la investigación se estableció que una de las imputadas, una mujer de 73 años, aseguró ser la propietaria de 200 hectáreas en el parque natural.
En este terreno dispuso de corrales e infraestructura para criar entre 40 y 50 cabezas de ganado, así como otras laborares que están prohibidas en una zona de especial protección, declarada como reserva biológica del país.
Por solicitud de las Fiscalía, las tres personas involucradas con el porte de armas de fuego recibieron medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia.
Los demás procesados no podrán ingresar a cualquiera de los Parques Nacionales Naturales de Colombia y deberán atender todos los llamados de las autoridades judiciales.
Capturas Las ocho personas llevadas ante un juez de control de garantías fueron capturadas gracias a la acción articulada de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Fuerzas Militares, en diligencias realizadas en jurisdicción de Puerto Rico (Meta). Siete de las detenciones fueron en flagrancia y una, la de la mujer de 73 años, fue por orden judicial.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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