CASANARE
Con agilidad avanzan metas de restitución de tierras en Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras territorial Bogotá, compartió con los asistentes al Comité que gracias a las jornadas de socialización del proceso y de recepción de solicitudes desarrolladas por profesionales de la entidad, en un año de operación en el territorio, se han recibido 1.600 solicitudes, de las cuales 245 fueron inscritas en el Sistema de Registro y de estas, 194 tienen demanda ante los jueces especializados.
Los representantes de las entidades que hacen parte de esta instancia recibieron capacitación sobre las tres etapas del proceso de restitución de tierras. La primera es la administrativa, en la cual la URT recibe las solicitudes, realiza actividades en campo como georreferenciación, práctica de pruebas sociales con la comunidad, y con base en esta información decide si el caso cumple con los requisitos establecidos en la ley para inscribir el caso en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonas para avanzar a la etapa judicial, con la presentación de la demanda ante los jueces.
En la segunda etapa, la judicial, los jueces o magistrados analizan el caso presentado por la URT y toman la decisión de reconocer, o no, el derecho fundamental a la restitución a través de una sentencia. Cuando hay una sentencia a favor de las víctimas inicia la tercera etapa, denominada, pos- fallo, y en esta la URT se articula con entidades departamentales y nacionales para dar cumplimiento a las órdenes dadas en la sentencia.
“En Casanare los jueces han proferido 16 sentencias de restitución, las cuales favorecen a 40 familias de 8 municipios de Casanare y se restituyen alrededor de 842 hectáreas. Es importante destacar que durante este gobierno las víctimas de despojo y abandono en este departamento han fortalecido su confianza en la política de restitución de tierras, lo que ha llevado que a diario se reciban al menos 10 solicitudes en el punto de atención de la URT, ubicada en la carrera 16 No 15 -.02, edificio San Miguel – Piso 1”, informó Martha Arévalo, directora territorial Bogotá, durante su intervención en el Comité de Justicia Transicional.
De igual manera, la directora Arévalo manifestó ante los asistentes la importancia de trabajar de manera articulada con las alcaldías del departamento, para conocer las necesidades de la población en materia de restitución de tierras y de esta manera, llegar hasta los territorios en donde las personas que no tienen los medios económicos para acercarse hasta la oficina en Yopal, puedan recibir atención gratuita por parte de la URT y presentar su solicitud.
La URT sigue comprometida con todas las víctimas de despojo y abandono para que recuperen su tierra o territorio, y para ello las condiciones de seguridad son fundamentales para avanzar con este propósito. La URT recalca que los procesos de restitución de tierras no tienen ningún costo y no se necesitan intermediarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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