CASANARE
Con agilidad avanzan metas de restitución de tierras en Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras territorial Bogotá, compartió con los asistentes al Comité que gracias a las jornadas de socialización del proceso y de recepción de solicitudes desarrolladas por profesionales de la entidad, en un año de operación en el territorio, se han recibido 1.600 solicitudes, de las cuales 245 fueron inscritas en el Sistema de Registro y de estas, 194 tienen demanda ante los jueces especializados.
Los representantes de las entidades que hacen parte de esta instancia recibieron capacitación sobre las tres etapas del proceso de restitución de tierras. La primera es la administrativa, en la cual la URT recibe las solicitudes, realiza actividades en campo como georreferenciación, práctica de pruebas sociales con la comunidad, y con base en esta información decide si el caso cumple con los requisitos establecidos en la ley para inscribir el caso en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonas para avanzar a la etapa judicial, con la presentación de la demanda ante los jueces.
En la segunda etapa, la judicial, los jueces o magistrados analizan el caso presentado por la URT y toman la decisión de reconocer, o no, el derecho fundamental a la restitución a través de una sentencia. Cuando hay una sentencia a favor de las víctimas inicia la tercera etapa, denominada, pos- fallo, y en esta la URT se articula con entidades departamentales y nacionales para dar cumplimiento a las órdenes dadas en la sentencia.
“En Casanare los jueces han proferido 16 sentencias de restitución, las cuales favorecen a 40 familias de 8 municipios de Casanare y se restituyen alrededor de 842 hectáreas. Es importante destacar que durante este gobierno las víctimas de despojo y abandono en este departamento han fortalecido su confianza en la política de restitución de tierras, lo que ha llevado que a diario se reciban al menos 10 solicitudes en el punto de atención de la URT, ubicada en la carrera 16 No 15 -.02, edificio San Miguel – Piso 1”, informó Martha Arévalo, directora territorial Bogotá, durante su intervención en el Comité de Justicia Transicional.
De igual manera, la directora Arévalo manifestó ante los asistentes la importancia de trabajar de manera articulada con las alcaldías del departamento, para conocer las necesidades de la población en materia de restitución de tierras y de esta manera, llegar hasta los territorios en donde las personas que no tienen los medios económicos para acercarse hasta la oficina en Yopal, puedan recibir atención gratuita por parte de la URT y presentar su solicitud.
La URT sigue comprometida con todas las víctimas de despojo y abandono para que recuperen su tierra o territorio, y para ello las condiciones de seguridad son fundamentales para avanzar con este propósito. La URT recalca que los procesos de restitución de tierras no tienen ningún costo y no se necesitan intermediarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
