CASANARE
Con agilidad avanzan metas de restitución de tierras en Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras territorial Bogotá, compartió con los asistentes al Comité que gracias a las jornadas de socialización del proceso y de recepción de solicitudes desarrolladas por profesionales de la entidad, en un año de operación en el territorio, se han recibido 1.600 solicitudes, de las cuales 245 fueron inscritas en el Sistema de Registro y de estas, 194 tienen demanda ante los jueces especializados.
Los representantes de las entidades que hacen parte de esta instancia recibieron capacitación sobre las tres etapas del proceso de restitución de tierras. La primera es la administrativa, en la cual la URT recibe las solicitudes, realiza actividades en campo como georreferenciación, práctica de pruebas sociales con la comunidad, y con base en esta información decide si el caso cumple con los requisitos establecidos en la ley para inscribir el caso en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonas para avanzar a la etapa judicial, con la presentación de la demanda ante los jueces.
En la segunda etapa, la judicial, los jueces o magistrados analizan el caso presentado por la URT y toman la decisión de reconocer, o no, el derecho fundamental a la restitución a través de una sentencia. Cuando hay una sentencia a favor de las víctimas inicia la tercera etapa, denominada, pos- fallo, y en esta la URT se articula con entidades departamentales y nacionales para dar cumplimiento a las órdenes dadas en la sentencia.
“En Casanare los jueces han proferido 16 sentencias de restitución, las cuales favorecen a 40 familias de 8 municipios de Casanare y se restituyen alrededor de 842 hectáreas. Es importante destacar que durante este gobierno las víctimas de despojo y abandono en este departamento han fortalecido su confianza en la política de restitución de tierras, lo que ha llevado que a diario se reciban al menos 10 solicitudes en el punto de atención de la URT, ubicada en la carrera 16 No 15 -.02, edificio San Miguel – Piso 1”, informó Martha Arévalo, directora territorial Bogotá, durante su intervención en el Comité de Justicia Transicional.
De igual manera, la directora Arévalo manifestó ante los asistentes la importancia de trabajar de manera articulada con las alcaldías del departamento, para conocer las necesidades de la población en materia de restitución de tierras y de esta manera, llegar hasta los territorios en donde las personas que no tienen los medios económicos para acercarse hasta la oficina en Yopal, puedan recibir atención gratuita por parte de la URT y presentar su solicitud.
La URT sigue comprometida con todas las víctimas de despojo y abandono para que recuperen su tierra o territorio, y para ello las condiciones de seguridad son fundamentales para avanzar con este propósito. La URT recalca que los procesos de restitución de tierras no tienen ningún costo y no se necesitan intermediarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
