CASANARE
Con agilidad avanzan metas de restitución de tierras en Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras territorial Bogotá, compartió con los asistentes al Comité que gracias a las jornadas de socialización del proceso y de recepción de solicitudes desarrolladas por profesionales de la entidad, en un año de operación en el territorio, se han recibido 1.600 solicitudes, de las cuales 245 fueron inscritas en el Sistema de Registro y de estas, 194 tienen demanda ante los jueces especializados.
Los representantes de las entidades que hacen parte de esta instancia recibieron capacitación sobre las tres etapas del proceso de restitución de tierras. La primera es la administrativa, en la cual la URT recibe las solicitudes, realiza actividades en campo como georreferenciación, práctica de pruebas sociales con la comunidad, y con base en esta información decide si el caso cumple con los requisitos establecidos en la ley para inscribir el caso en el Registro de Tierras Despojadas o Abandonas para avanzar a la etapa judicial, con la presentación de la demanda ante los jueces.
En la segunda etapa, la judicial, los jueces o magistrados analizan el caso presentado por la URT y toman la decisión de reconocer, o no, el derecho fundamental a la restitución a través de una sentencia. Cuando hay una sentencia a favor de las víctimas inicia la tercera etapa, denominada, pos- fallo, y en esta la URT se articula con entidades departamentales y nacionales para dar cumplimiento a las órdenes dadas en la sentencia.
“En Casanare los jueces han proferido 16 sentencias de restitución, las cuales favorecen a 40 familias de 8 municipios de Casanare y se restituyen alrededor de 842 hectáreas. Es importante destacar que durante este gobierno las víctimas de despojo y abandono en este departamento han fortalecido su confianza en la política de restitución de tierras, lo que ha llevado que a diario se reciban al menos 10 solicitudes en el punto de atención de la URT, ubicada en la carrera 16 No 15 -.02, edificio San Miguel – Piso 1”, informó Martha Arévalo, directora territorial Bogotá, durante su intervención en el Comité de Justicia Transicional.
De igual manera, la directora Arévalo manifestó ante los asistentes la importancia de trabajar de manera articulada con las alcaldías del departamento, para conocer las necesidades de la población en materia de restitución de tierras y de esta manera, llegar hasta los territorios en donde las personas que no tienen los medios económicos para acercarse hasta la oficina en Yopal, puedan recibir atención gratuita por parte de la URT y presentar su solicitud.
La URT sigue comprometida con todas las víctimas de despojo y abandono para que recuperen su tierra o territorio, y para ello las condiciones de seguridad son fundamentales para avanzar con este propósito. La URT recalca que los procesos de restitución de tierras no tienen ningún costo y no se necesitan intermediarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
