CASANARE
Casa por cárcel para dos de las capturadas por escándalo en Secretaría de Tránsito de Yopal
Con detención domiciliaria fueron cobijadas dos de las tres funcionarias de la Secretaría de Tránsito de Yopal, que según la investigación de la Fiscalía durante los años 2014 y 2015 habrían incurrido en delitos contra la Administración Pública, alterando u ocultando información de infractores de tránsito por conducir en estado de embriaguez. La tercera funcionaria quedó en libertad pero sigue vinculada al proceso.
El juez dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria, por cuanto demostraron que eran cabezas de hogar, a Indira Garrido Gualdrón y Maria Claudia Molina Rincón; para Yésica Yadira Salamanca Chipiaje se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en restricción de ir a la Alcaldía, Secretaría de Transito y con la obligación de hacer presentaciones.
Indira Garrido Gualdrón fungía como Auxiliar Administrativo de la Inspección de Tránsito de Yopal para el momento de los hechos; Maria Claudia Molina Rincón para entonces y actualmente se desempeñaba como Técnico Administrativo de la Secretaría de Transito de la capital casanareña y Yésica Yadira Salamanca, se desempeñaba entonces como Auxiliar de una concesión Transportadora de la región.
Las autoridades continúan en la búsqueda de Rocío Martínez Prieto, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Inspectora de Tránsito en Yopal y se considera como la persona con mayor responsabilidad en estos hechos, pero no ha sido posible ubicarla por parte de los investigadores. La prófuga ex funcionaria habría señalado a través de terceros que se entregaría ante las autoridades, pero hasta el momento no lo ha hecho y las autoridades persisten en su búsqueda para hacer efectiva la orden de captura en su contra.
La imputación
Las irregularidades que se les imputan tendrían que ver con el manejo del sistema SIMIT, a cargo de la Inspección de Transito de Yopal, con relación a comparendos expedidos por embriaguez que presentarían modificaciones y eliminación de las infracciones mediante resoluciones falsas a cambio, al parecer, de dádivas solicitadas a los infractores, que causaron la pérdida de por lo menos $ 392’000.000 millones de pesos para el municipio, según un informe de auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare. La Fiscalía habría detectado que al parecer, se habrían devuelto licencias de tránsito a conductores infractores, que nunca fueron sancionados.
Las detenidas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, concusión, falsedad Ideológica en documento público, prevaricato destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, los cuales no fueron aceptados.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
