CASANARE
Casa por cárcel para dos de las capturadas por escándalo en Secretaría de Tránsito de Yopal
Con detención domiciliaria fueron cobijadas dos de las tres funcionarias de la Secretaría de Tránsito de Yopal, que según la investigación de la Fiscalía durante los años 2014 y 2015 habrían incurrido en delitos contra la Administración Pública, alterando u ocultando información de infractores de tránsito por conducir en estado de embriaguez. La tercera funcionaria quedó en libertad pero sigue vinculada al proceso.
El juez dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria, por cuanto demostraron que eran cabezas de hogar, a Indira Garrido Gualdrón y Maria Claudia Molina Rincón; para Yésica Yadira Salamanca Chipiaje se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en restricción de ir a la Alcaldía, Secretaría de Transito y con la obligación de hacer presentaciones.

Indira Garrido Gualdrón fungía como Auxiliar Administrativo de la Inspección de Tránsito de Yopal para el momento de los hechos; Maria Claudia Molina Rincón para entonces y actualmente se desempeñaba como Técnico Administrativo de la Secretaría de Transito de la capital casanareña y Yésica Yadira Salamanca, se desempeñaba entonces como Auxiliar de una concesión Transportadora de la región.
Las autoridades continúan en la búsqueda de Rocío Martínez Prieto, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Inspectora de Tránsito en Yopal y se considera como la persona con mayor responsabilidad en estos hechos, pero no ha sido posible ubicarla por parte de los investigadores. La prófuga ex funcionaria habría señalado a través de terceros que se entregaría ante las autoridades, pero hasta el momento no lo ha hecho y las autoridades persisten en su búsqueda para hacer efectiva la orden de captura en su contra.
La imputación
Las irregularidades que se les imputan tendrían que ver con el manejo del sistema SIMIT, a cargo de la Inspección de Transito de Yopal, con relación a comparendos expedidos por embriaguez que presentarían modificaciones y eliminación de las infracciones mediante resoluciones falsas a cambio, al parecer, de dádivas solicitadas a los infractores, que causaron la pérdida de por lo menos $ 392’000.000 millones de pesos para el municipio, según un informe de auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare. La Fiscalía habría detectado que al parecer, se habrían devuelto licencias de tránsito a conductores infractores, que nunca fueron sancionados.
Las detenidas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, concusión, falsedad Ideológica en documento público, prevaricato destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, los cuales no fueron aceptados.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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