Con detención domiciliaria fueron cobijadas dos de las tres funcionarias de la Secretaría de Tránsito de Yopal, que según la investigación de la Fiscalía durante los años 2014 y 2015 habrían incurrido en delitos contra la Administración Pública, alterando u ocultando información de infractores de tránsito por conducir en estado de embriaguez. La tercera funcionaria quedó en libertad pero sigue vinculada al proceso.

El juez dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sustituida por detención domiciliaria, por cuanto demostraron que eran cabezas de hogar, a Indira Garrido Gualdrón y Maria Claudia Molina Rincón; para Yésica Yadira Salamanca Chipiaje se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en restricción de ir a la Alcaldía, Secretaría de Transito y con la obligación de hacer presentaciones.

Indira Garrido Gualdrón fungía como Auxiliar Administrativo de la Inspección de Tránsito de Yopal para el momento de los hechos; Maria Claudia Molina Rincón para entonces y actualmente se desempeñaba como Técnico Administrativo de la Secretaría de Transito de la capital casanareña y Yésica Yadira Salamanca, se desempeñaba entonces como Auxiliar de una concesión Transportadora de la región.

Las autoridades continúan en la búsqueda de Rocío Martínez Prieto, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Inspectora de Tránsito en Yopal y se considera como la persona con mayor responsabilidad en estos hechos, pero no ha sido posible ubicarla por parte de los investigadores. La prófuga ex funcionaria habría señalado a través de terceros que se entregaría ante las autoridades, pero hasta el momento no lo ha hecho y las autoridades persisten en su búsqueda para hacer efectiva la orden de captura en su contra.

La imputación

Las irregularidades que se les imputan tendrían que ver con el manejo del sistema SIMIT, a cargo de la Inspección de Transito de Yopal, con relación a comparendos expedidos por embriaguez que presentarían modificaciones y eliminación de las infracciones mediante resoluciones falsas a cambio, al parecer, de dádivas solicitadas a los infractores, que causaron  la pérdida de por lo menos $ 392’000.000 millones de pesos para el municipio, según un informe de auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare. La Fiscalía habría detectado que al parecer, se habrían devuelto licencias de tránsito a conductores infractores, que nunca fueron sancionados.

Las detenidas fueron imputadas por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación, concusión, falsedad Ideológica en documento público, prevaricato destrucción, supresión y ocultamiento de documento público, los cuales no fueron aceptados.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare