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Compañía Gran Tierra reitera que ubicación de su plataforma no afecta nacederos de agua en Yopal

Compañía dice que ubicó la plataforma en un área arcillosa la cual no afecta de ninguna manera los nacederos.

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La Compañía Gran Tierra, que adelanta el proyecto de exploración y producción El Portón No. 24, el cual incluye el pozo exploratorio Prosperidad-1 en cercanías a Yopal, volvió a ratificar que está comprometida con el desarrollo sostenible de sus operaciones en Casanare. 

Señala la Compañía, que con el ánimo de dar cumplimiento al contrato de Exploración y Producción El Portón No. 24, que tiene con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, debe realizar la perforación del pozo exploratorio Prosperidad -1. Este proyecto, que cuenta con Licencia Ambiental emitida por el ANLA a través de la resolución No. 054 de 2009.

La compañía va a perforar el pozo exploratorio Prosperidad-1 en la vereda La Unión,  área de influencia específica del proyecto. Para determinar el alcance del proyecto y sus posibles impactos, se realizó el Plan de Manejo Ambiental que se radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, y ante la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía – CORPORINIQUÍA, para su seguimiento y control. De igual manera, este estudio también se entregó a las comunidades del área de influencia directa del proyecto, y a la Alcaldía Municipal de Yopal.

De igual manera, con el ánimo de informar a las comunidades sobre el proyecto y sus avances, desde el 31 de julio de 2016 y hasta el 7 de febrero de 2017, se han realizado aproximadamente 95 reuniones, donde se ha informado a más de 2.100 personas sobre el proyecto.

La compañía generó una instancia de diálogo, con las comunidades, donde se han aclarado las dudas relacionadas con el proyecto. Incluso Gran Tierra firmó en diciembre 03 de 2016, un acta de compromisos con la comunidad, que se han cumplido a cabalidad. El proyecto ha contado con el apoyo de la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector de Hidrocarburos-ETH, iniciativa del Gobierno Nacional bajo el liderazgo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos-ANH, el acompañamiento del Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior, el apoyo de Ecopetrol, y la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Es importante señalar que de acuerdo con la licencia, en la locación se pueden perforar máximo 5 pozos, pero la compañía solo perforará 1 y con los resultados que se obtengan de las pruebas, que aproximadamente durarán 6 meses, se evaluará la posibilidad de perforar un segundo pozo. De igual forma, cada decisión de la compañía será socializada debidamente con la comunidad.

Estamos convencidos de que el desarrollo de este tipo de proyectos genera desarrollo en la región, lo cual se refleja en la contratación de mano de obra, y bienes y servicios locales que se han requerido a lo largo del proyecto.

  • Para la construcción de las obras civiles, se contrató el 99% de personal de local y 1% de personal foráneo.
  • Todo el personal se está contratando a través del Servicio Público de Empleo con la Agencia de COMFACASANARE. La Mano de obra no calificada, se contrató el 100% del personal local, tal como lo indica la ley. Para la mano de obra calificada, se contrató el 94% del personal local, y la ley exige mínimo el 30%
  • La contratación de proveedores y contratistas locales ha sido, a la fecha, por valor aproximado de COP$6.500.000.000. en servicios ambientales y sociales, construcción de obras civiles, transporte de carga y personal, alojamiento y alimentación, entre otros.

Por último, atendiendo las diferentes inquietudes sobre los nacederos de agua presentes en el predio Palmarito y el uso de la vía pavimentada, antes de definir el área de perforación, la compañía realizó de la mano de una empresa local un Estudio Hidrogeológico para determinar las condiciones del agua subterránea, el flujo del agua, profundidad y calidad del agua, potencial acuífero, la zona de recarga de nacederos y la ubicación del Caño Agua Verde. Con base en los resultados de este estudio, se ubicó la plataforma en un área arcillosa la cual no afecta de ninguna manera los nacederos.

Fuente: Comunicaciones Gran Tierr

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Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras

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Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.

Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.

Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.

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Comunidad de Paz de Ariporo interviene jarillón afectado por bachacos

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Un jarillón de más de tres kilómetros que protege predios rurales en la vereda Elvecia, municipio de Paz de Ariporo, puso a prueba la unión de la comunidad. Durante la temporada seca, el gobierno de César Ortiz Zorro, mediante Gestión del Riesgo, rehabilitó y reforzó 2,5 kilómetros de esta estructura.

Sin embargo, un tramo cercano a los 500 metros, que había permanecido en buen estado por más de una década gracias al cuidado de campesinos como Arsenio Romero, fue afectado por la presencia de bachacos. Estos insectos provocaron filtraciones que debilitaron cerca de 20 metros del dique.

Ante el riesgo que esta situación representaba para varias viviendas y fincas del sector, los habitantes convocaron un convite comunitario durante el fin de semana. Esta iniciativa fue acompañada por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare y contó con el apoyo de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

Los trabajos actuales consisten en la construcción de un muro de contención utilizando sacos y material de río para recuperar el tramo afectado. Los sacos son llenados manualmente, trasladados hasta donde pueden ingresar las camionetas y, posteriormente, transportados en carretillas y al hombro hasta el punto de intervención.

A la fecha, se lleva un avance del 60% en la recuperación del jarillón, y esta semana se realizará otra jornada comunitaria para concluir la misión. La comunidad ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo, transportando bultos que superan las siete arrobas de peso.

Wilson Porras, director departamental de Gestión del Riesgo, lideró el convite y destacó el trabajo conjunto entre comunidad e instituciones. Señaló que los seis diques ejecutados por el gobierno departamental durante la temporada seca continúan cumpliendo su propósito de proteger a las familias casanareñas que por años sufrieron afectaciones.

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Casanare refuerza medidas contra tabaco y vapeadores para proteger a jóvenes

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La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

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