CASANARE
Comerciantes frente al Hospital Regional en Yopal luchan para seguir trabajando
Comerciantes estacionarios ubicados frente al Hospital Regional de la Orinoquia, quienes llevan 11 años con sus negocios, han venido luchando contra una acción popular interpuesta por el Procurador 72, que busca desalojarlos pese a que los comerciantes tienen todos sus documentos en regla. Indican que este proceso es una presunta “persecución y que al parecer tienen “intereses personales”.
Indicó Carolina Ángel, presidenta de la Asociación de Comerciantes, que el desalojo se instauró basado en mentiras tales como: quienes están ocupando el predio son invasores, que tan solo llevan cuatro años en el lugar, que no cuentan con servicios públicos, que están ubicados en espacio público y que están haciendo uso de un agua de pésima calidad, la cual es la causante de una virosis a quienes visitan el HORO.
Desde el año 2015, dijo Ángel, inició lo que sería una persecución, porque viene un contrato de arrendamiento suscrito con la Alcaldía de Yopal, con el fin de arrendar el lote para poner en funcionamiento un parqueadero, el cual en su momento fue denunciado por algunos concejales debido a las altas tarifas “ahí empieza el proceso para intentar desalojarnos, como no pudieron decidieron conciliar con nosotros y terminamos firmando un contrato de arrendamiento donde nosotros íbamos a pagar un canon pero si ellos nos colocaban todos los servicios públicos, cosa que nunca cumplieron, por tal motivo el contrato no se llevó a cabo. Nosotros sí contamos con los servicios públicos, con energía, con acueducto, un agua limpia y potable, pero es porque lo hemos hecho con nuestros recursos propios”, dijo Carolina.
De otro lado, indicaron que han sido víctimas de Termomechero quien apareció en 2017 haciéndoles una socialización acerca de una red que ya estaba construida desde el año 2014 pero que no transportaba ninguna clase de energía “ellos vienen y la ponen en funcionamiento sabiendo que nosotros existíamos y sabiendo que le manifestamos de manera escrita y verbal que se manifestaran de quien se trataba, qué clase de expansión iban a realizar y que afectaciones nos traían a nosotros los comerciantes ubicados 24 horas del día y ellos contestan por escrito que no corremos ningún riesgo, que no pasa nada.
Por su parte, el abogado de estos comerciantes, Lenin Bustos, manifestó que ya se logró demostrar o por lo menos ya presentaron ante el Juez de la República que lleva la acción popular, que el predio no es espacio público, es un predio privado de la Alcaldía por lo tanto la acción popular no tendría asidero jurídico que es el respeto del espacio público y el uso del mismo, además presentaron copia de los servicios públicos que se pagan caseta por caseta, igualmente presentaron ante el juez certificados de la secretaría de Salud de las visitas técnicas que han hecho donde cada caseta tienen sus permisos de manipulación de alimentos, adicionalmente entregaron Cámara de Comercio, Rut y Nit.
Finalmente, Bustos indicó que están en aras de realizar un acercamiento con la nueva Administración Municipal y pedirle que tenga en cuenta la antigüedad, que las personas que se encuentran son decentes y que están prestando un buen servicio a la comunidad del Hospital y a sus usuarios.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Tragedia en Tauramena; conductor de la Alcaldía le quitó la vida a su hijo y se autoeliminó
Una tragedia enluta al municipio de Tauramena y la comunidad no sale de su estupor, luego del violento hecho ocurrido en la madrugada del sábado en una vivienda, donde perdió la vida un menor de 13 años y posteriormente falleció su padre, identificado como José Diomedes Montejo Celis, reconocido en la población por desempeñarse como conductor del alcalde municipal.
La víctima fue identificada como Juan Pablo Montejo Guerrero, estudiante de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano. Se conoció que el menor había salido desde el viernes 8 de mayo junto a su padre, con el compromiso de regresar a la casa de su madre. Como las horas pasaban y no regresaba, además el hombre no respondía el celular a la mujer, hubo preocupación por parte de esta. Sin embargo, durante la madrugada, familiares de José Diomedes escucharon detonaciones de arma de fuego al interior de la vivienda, por lo que ingresaron por la parte posterior de la misma, encontrando al menor tendido en una cama con un disparo de arma de fuero en la cabeza, y a su papá en el piso, también herido de arma de fuego en la cabeza.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional y personal del Cuerpo de Bomberos de Tauramena, quienes trasladaron herido a José Diomedes al hospital local, donde minutos después se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.
El caso ha causado profunda conmoción entre la comunidad educativa y habitantes del municipio. Directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa Técnica Empresarial del Llano expresaron mensajes de solidaridad y dolor por la muerte del menor. Según versiones conocidas preliminarmente, el hombre atravesaba un proceso de separación sentimental, situación que sería materia de análisis dentro de la investigación que adelantan las autoridades para esclarecer plenamente lo ocurrido.
La actualización catastral urbana adelantada en Yopal por la empresa Catasig sigue enfrentando fuertes cuestionamientos jurídicos. En las últimas horas se conoció la radicación de dos demandas de nulidad simple ante Juzgados y una denuncia penal en la Fiscalía, relacionadas con el proceso que generó inconformidad entre miles de propietarios por los altos incrementos en el avalúo predial.
Por un lado, voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians confirmaron la presentación de una acción de nulidad contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, mediante las cuales se inició, aprobó y clausuró la actualización catastral en la capital casanareña. Según Luis Pérez, representante de la organización, existen presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal, debido a que la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) correspondería al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora.
La acción judicial busca suspender los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse temporalmente con la base catastral anterior mientras avanza el proceso. Además, la veeduría anunció la radicación de una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.
A estas acciones se sumó el diputado de Casanare Omar Ortega, quien también instauró demanda de nulidad simple contra Catasig, argumentando que la empresa no tenía competencia ni habilitación legal para adelantar la actualización catastral urbana en Yopal. El corporado sostiene que Catasig actúa únicamente como operador y no como gestor catastral, por lo que solo estaría facultada para operar dentro de la jurisdicción de Sabanalarga, Atlántico.
Ortega respaldó sus señalamientos en un informe emitido por la Superintendencia de Notariado y Registro en febrero de 2026, en el que se advierte que los actos administrativos expedidos por Catasig habrían sido emitidos “sin la competencia legal” por carecer de habilitación otorgada por el IGAC. En su demanda solicita declarar la nulidad de las resoluciones YPL-001, YPL-002 y YPL-003, dejando sin efectos toda la actualización catastral urbana adelantada en la ciudad.
Tanto la veeduría como el diputado pidieron que, mientras se resuelven las acciones judiciales, se suspendan los cobros coactivos e intereses moratorios derivados del nuevo avalúo predial. Asimismo, Ortega solicitó que el IGAC, en calidad de gestor catastral subsidiario, asuma nuevamente el proceso con base en la última información catastral legalmente expedida.
Con la denuncia ante la Fiscalía, se pide que el ente investigue desde la óptica penal, a todos los funcionarios que en su momento tuvieron que ver con la firma del convenio interadministrativo suscrito entre la Alcaldía de Yopal y Catasig, que derivó en una actualización catastral con altísimos avalúos, lo cual generó facturas del Impuesto Predial impagables para una gran cantidad de contribuyentes.
El Grupo Anticontrabando de la Gobernación de Casanare llevó a cabo una jornada de inspección y control en los municipios de Nunchía y Maní, con el objetivo primordial de proteger la salud de la ciudadanía. La Secretaría de Hacienda continúa promoviendo un mensaje de prevención entre comerciantes y consumidores sobre la importancia de adquirir productos legales.
Durante el recorrido por diversos establecimientos comerciales, el equipo de la Secretaría de Hacienda verificó el estado de licores, cervezas y cigarrillos. Simultáneamente, se generaron espacios de diálogo para concienciar y prevenir la circulación de productos de dudosa procedencia, aquellos sin el pago de impuestos correspondientes o con posibles alteraciones que puedan afectar la salud pública.
Estas visitas se realizaron con un enfoque de asesoría técnica, explicando a los comerciantes cómo identificar una estampilla auténtica y la relevancia de exigir la factura legal al momento de abastecer sus negocios. Esta capacitación busca fortalecer las prácticas responsables y la cadena de legalidad en los municipios.
Los técnicos del Grupo Anticontrabando resaltaron que la entrada legal de productos garantiza que los recursos generados por impuestos permanezcan en el departamento. Estos fondos se transforman directamente en inversión pública, impactando positivamente en áreas fundamentales para la ciudadanía.
Finalmente, se enfatizó que el control al contrabando es una herramienta clave para asegurar que los recursos provenientes del impuesto al consumo se destinen eficazmente a hospitales, instituciones educativas y escenarios deportivos, mejorando directamente la calidad de vida en los municipios de Casanare.
