CASANARE
Comerciantes frente al Hospital Regional en Yopal luchan para seguir trabajando
Comerciantes estacionarios ubicados frente al Hospital Regional de la Orinoquia, quienes llevan 11 años con sus negocios, han venido luchando contra una acción popular interpuesta por el Procurador 72, que busca desalojarlos pese a que los comerciantes tienen todos sus documentos en regla. Indican que este proceso es una presunta “persecución y que al parecer tienen “intereses personales”.
Indicó Carolina Ángel, presidenta de la Asociación de Comerciantes, que el desalojo se instauró basado en mentiras tales como: quienes están ocupando el predio son invasores, que tan solo llevan cuatro años en el lugar, que no cuentan con servicios públicos, que están ubicados en espacio público y que están haciendo uso de un agua de pésima calidad, la cual es la causante de una virosis a quienes visitan el HORO.
Desde el año 2015, dijo Ángel, inició lo que sería una persecución, porque viene un contrato de arrendamiento suscrito con la Alcaldía de Yopal, con el fin de arrendar el lote para poner en funcionamiento un parqueadero, el cual en su momento fue denunciado por algunos concejales debido a las altas tarifas “ahí empieza el proceso para intentar desalojarnos, como no pudieron decidieron conciliar con nosotros y terminamos firmando un contrato de arrendamiento donde nosotros íbamos a pagar un canon pero si ellos nos colocaban todos los servicios públicos, cosa que nunca cumplieron, por tal motivo el contrato no se llevó a cabo. Nosotros sí contamos con los servicios públicos, con energía, con acueducto, un agua limpia y potable, pero es porque lo hemos hecho con nuestros recursos propios”, dijo Carolina.
De otro lado, indicaron que han sido víctimas de Termomechero quien apareció en 2017 haciéndoles una socialización acerca de una red que ya estaba construida desde el año 2014 pero que no transportaba ninguna clase de energía “ellos vienen y la ponen en funcionamiento sabiendo que nosotros existíamos y sabiendo que le manifestamos de manera escrita y verbal que se manifestaran de quien se trataba, qué clase de expansión iban a realizar y que afectaciones nos traían a nosotros los comerciantes ubicados 24 horas del día y ellos contestan por escrito que no corremos ningún riesgo, que no pasa nada.
Por su parte, el abogado de estos comerciantes, Lenin Bustos, manifestó que ya se logró demostrar o por lo menos ya presentaron ante el Juez de la República que lleva la acción popular, que el predio no es espacio público, es un predio privado de la Alcaldía por lo tanto la acción popular no tendría asidero jurídico que es el respeto del espacio público y el uso del mismo, además presentaron copia de los servicios públicos que se pagan caseta por caseta, igualmente presentaron ante el juez certificados de la secretaría de Salud de las visitas técnicas que han hecho donde cada caseta tienen sus permisos de manipulación de alimentos, adicionalmente entregaron Cámara de Comercio, Rut y Nit.
Finalmente, Bustos indicó que están en aras de realizar un acercamiento con la nueva Administración Municipal y pedirle que tenga en cuenta la antigüedad, que las personas que se encuentran son decentes y que están prestando un buen servicio a la comunidad del Hospital y a sus usuarios.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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