CASANARE
Comerciantes frente al Hospital Regional en Yopal luchan para seguir trabajando
Comerciantes estacionarios ubicados frente al Hospital Regional de la Orinoquia, quienes llevan 11 años con sus negocios, han venido luchando contra una acción popular interpuesta por el Procurador 72, que busca desalojarlos pese a que los comerciantes tienen todos sus documentos en regla. Indican que este proceso es una presunta “persecución y que al parecer tienen “intereses personales”.
Indicó Carolina Ángel, presidenta de la Asociación de Comerciantes, que el desalojo se instauró basado en mentiras tales como: quienes están ocupando el predio son invasores, que tan solo llevan cuatro años en el lugar, que no cuentan con servicios públicos, que están ubicados en espacio público y que están haciendo uso de un agua de pésima calidad, la cual es la causante de una virosis a quienes visitan el HORO.
Desde el año 2015, dijo Ángel, inició lo que sería una persecución, porque viene un contrato de arrendamiento suscrito con la Alcaldía de Yopal, con el fin de arrendar el lote para poner en funcionamiento un parqueadero, el cual en su momento fue denunciado por algunos concejales debido a las altas tarifas “ahí empieza el proceso para intentar desalojarnos, como no pudieron decidieron conciliar con nosotros y terminamos firmando un contrato de arrendamiento donde nosotros íbamos a pagar un canon pero si ellos nos colocaban todos los servicios públicos, cosa que nunca cumplieron, por tal motivo el contrato no se llevó a cabo. Nosotros sí contamos con los servicios públicos, con energía, con acueducto, un agua limpia y potable, pero es porque lo hemos hecho con nuestros recursos propios”, dijo Carolina.
De otro lado, indicaron que han sido víctimas de Termomechero quien apareció en 2017 haciéndoles una socialización acerca de una red que ya estaba construida desde el año 2014 pero que no transportaba ninguna clase de energía “ellos vienen y la ponen en funcionamiento sabiendo que nosotros existíamos y sabiendo que le manifestamos de manera escrita y verbal que se manifestaran de quien se trataba, qué clase de expansión iban a realizar y que afectaciones nos traían a nosotros los comerciantes ubicados 24 horas del día y ellos contestan por escrito que no corremos ningún riesgo, que no pasa nada.
Por su parte, el abogado de estos comerciantes, Lenin Bustos, manifestó que ya se logró demostrar o por lo menos ya presentaron ante el Juez de la República que lleva la acción popular, que el predio no es espacio público, es un predio privado de la Alcaldía por lo tanto la acción popular no tendría asidero jurídico que es el respeto del espacio público y el uso del mismo, además presentaron copia de los servicios públicos que se pagan caseta por caseta, igualmente presentaron ante el juez certificados de la secretaría de Salud de las visitas técnicas que han hecho donde cada caseta tienen sus permisos de manipulación de alimentos, adicionalmente entregaron Cámara de Comercio, Rut y Nit.
Finalmente, Bustos indicó que están en aras de realizar un acercamiento con la nueva Administración Municipal y pedirle que tenga en cuenta la antigüedad, que las personas que se encuentran son decentes y que están prestando un buen servicio a la comunidad del Hospital y a sus usuarios.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
