META
Comenzaron las obras para mitigar afectaciones por el río Guatiquía en Villavicencio
Con una inversión de 14.045 millones de pesos, se llevan a cabo en el río Guatiquía las obras con las cuales se pretende mitigar el impacto que causan tradicionalmente las lluvias en este sector de Villavicencio. Así lo anunció el gobernador Juan Guillermo Zuluaga.
Uno de los principales retos para ejecutar los trabajos es el tiempo, actualmente el gobierno departamental aspira a que en 100 días este lista la obra. El tiempo de ejecución de la obra es de seis meses, pero ya se logró en el trasvase Guayuriba- Negrito hacerlo en menos de 50 días.
La obra se desarrolla en el sector de La Aurora – Manaure, de la capital del Meta; está compuesta por un dique de protección de 650 metros que va a tener una profundidad o punto de socavación de 5 metros y 3 metros de superficie o cresta, que en total suman 8 metros, lo cual, según los estudios, son suficientes para garantizar la protección del sector.
También incluye un canal de 1.300 metros de largo, 40 metros de ancho y 2 metros de profundidad que tiene por objeto centralizar el río y con apoyo de frenos hidráulicos que tiene la construcción permitir que descargue en el canal evitando así la salida de agua a los lados y las inundaciones.
Esta obra ha contado con la participación de la comunidad y cuenta con una inversión de $4.000 millones por parte de la alcaldía de Villavicencio y $10.045 millones aportados por la gobernación del Meta. Inició el día 25 de abril de este año, contando ya con 20 equipos trabajando en campo para garantizar la protección de las personas que históricamente han sido afectadas por estos puntos críticos del río.
El 19 de mayo del año anterior hubo un desbordamiento del río Guatiquía y muchos damnificados. Afectaciones que no van a volver a presentarse una vez se tenga ejecutada esta obra de protección.
Fuente: Gobernación del Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
