CASANARE
Código Nacional de Policía que entra hoy en vigencia genera obligaciones a los comerciantes
Hoy, primero de agosto de 2017, entra en vigencia el Código Nacional de Policía y Convivencia que busca la interacción pacifica, respetuosa y armónica entre las personas, es preventivo y apunta a corregir comportamientos que afectan las buenas relaciones humanas y su entorno.
De los 243 artículos del Código, 12 tienen relación con la actividad económica y su reglamentación (del 83 al 94), en lo mencionado esta que cualquier modificación del nombre, datos de ubicación del empresario o el establecimiento de comercio, cambio de domicilio o de la actividad económica con actividades de alto impacto, se requerirá aportar certificación de uso del suelo para el desarrollo de estas actividades mercantiles, el cual deberá ser expedido por la Oficina de Planeación Municipal; mantener vigente la matrícula mercantil, la comunicación de la apertura del establecimiento al Comando de Policía de cada departamento o municipio.
Además, la Policía Nacional podrá revisar que el objeto registrado en la Matrícula Mercantil corresponda al que desarrolla, para las empresas turísticas verificarán que cuenten con el Registro Nacional de Turismo, también trae reglamentación para los estacionamientos o parqueaderos que van desde tener póliza de responsabilidad civil extracontractual para la protección de los bienes depositados y de las personas, hasta adecuar o habilitar plazas para el estacionamiento de bicicletas.
Los comerciantes y empresarios que desobedezcan, estarán expuestos a sanciones monetarias que van desde los $98.362 a los $786.898 pesos o la suspensión temporal y definitiva de la actividad económica y establecimiento de comercio. Con esta nueva norma la potestad de controlar, imponer sanciones a los comerciantes que infrinjan las normas del Código, queda en manos de la Policía Nacional.
Multas
Tipo 1, corresponde a un valor de 98.362 pesos
Tipo 2 tienen un costo de 196.724 pesos
Tipo 3 contemplan una sanción de 393.499
Las multas tipo 4 son las más altas y tienen un costo de 786.898 pesos.
Los dos primeros tipos de multas (1 y 2), les permiten a los ciudadanos la posibilidad de conmutarlas por otras medidas correctivas, como la participación en programas comunitarios, jornadas de ornato y embellecimiento, o en actividades pedagógicas, que consisten en la participación en programas educativos determinados y desarrollados por las Alcaldías Municipales. Estas medidas deben realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la orden de comparendo.
Las multas tipos 3 y 4 pueden llegar a tener un descuento del 50 por ciento, siempre y cuando los infractores las cancelen dentro de los cinco días hábiles siguientes a la imposición de la sanción.
Fuente: Prensa Cámara de Comercio de Casanare
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles 30 de abril en la vía Aguazul – Maní. Inicialmente el caso se reportó como accidente de tránsito, pero al llegar bomberos y agentes de tránsito al sitio, hallaron el cuerpo sin vida con impactos de bala.
La víctima fue identificada como Luis Enrique Hernández Alfonso, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha V80 de placa YAR85A por la vereda El Sural de Aguazul. Según la inspección al cuerpo, presentaba tres heridas por arma de fuego.
Hernández Alfonso era propietario de la finca donde en noviembre de 2025 se realizó un allanamiento que dejó la captura de alias ‘Tobías’, integrante del Clan del Golfo y sobrino del hoy occiso. Se dedicaba a la agricultura y a la venta de ganado.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a una motocicleta NKD con un sujeto que iba detrás de la moto de la víctima.
La investigación tomó un nuevo rumbo, lo que inició como accidente de tránsito pasó a ser homicidio.
Luego de cumplir con los exigentes requerimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó la planta de licores artesanales de Casanare.
Este es el resultado de más de 20 años de investigación en la producción de bebidas fermentadas y destiladas, elaboradas con productos naturales del llano, tal como lo hicieron los antiguos artesanos llaneros, quienes, en alambiques caseros, lograron producir bebidas espirituosas de alta calidad.
La planta autorizada por el Invima, está ubicada en la zona rural de Yopal, desde donde se ha logrado destilar alcoholes tipo premium, que, previo a la aprobación del Instituto, logró calificaciones meritorias en catas que se realizaron en afamados centros académicos y en mercados especializados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la nueva planta que ahora tiene permiso de operación del gobierno colombiano, se pueden destilar bebidas consideradas de alta calidad para los mercados de licores, tipos whiskys, rones, ginebras, aguardientes y cervezas, entre otros productos, donde se utiliza materia prima de origen campesino casanareño y esto apunta, a que los labriegos productores de cañas, frutas, granos y otras plantas regionales como algarrobo, sarrapia, mastranto, maíz y otros, de origen rural, tengan una importante nueva ventana de mercadeo.
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido la nueva planta de licores, se puede mencionar las bebidas elaboradas con arroz, que fueron calificadas por expertos de la república de China, con un altísimo grado de calidad, situación que le abre la puerta a exportar a esa república, licores fabricados en Casanare.
Por otra parte, la aprobación de esta planta, le abre el camino para que, por los menos 10 empresarios de cervezas artesanales de Casanare, aspiren a obtener los permisos y licencias por parte del Invima.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, aseguró que la situación financiera de Capresoca EPS es crítica y que durante años se habrían maquillado los estados financieros para ocultar su verdadera crisis. Según el mandatario, la entidad fue sostenida artificialmente con cifras que no reflejaban la realidad, lo que hoy tiene a la EPS en una condición cercana a la quiebra.
El gobernador indicó que ya solicitó una auditoría integral para esclarecer el historial financiero de la entidad y determinar responsabilidades. Señaló que este proceso busca establecer cómo se llegó a la actual situación y que sea la justicia la encargada de definir quiénes llevaron a Capresoca a este punto.
En medio de este panorama, Ortiz Zorro reveló que sostuvo conversaciones con el Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes le habrían dado un parte de tranquilidad al manifestar que, por ahora, no se contempla la liquidación de la EPS.
No obstante, el mandatario insistió en que cualquier intervención debe estar orientada a un verdadero plan de salvamento, con un agente que articule esfuerzos con el departamento. Reconoció que, aunque Capresoca sigue prestando servicios, estos no cumplen con las expectativas, y reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que solucione los problemas históricos del país.
