CASANARE
Citan a Audiencia Pública a exgobernador Nelson Mariño por contrato de pozos profundos en Yopal
Decisión también cobija a Gustavo Lara, como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación para la época.
Por posibles irregularidades en la construcción de cuatro pozos profundos para el Acueducto de Yopal y su interventoría, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a Helver Martínez, y Nelson Ricardo Mariño, como gobernador (e) y gobernador de Casanare para la época.
La decisión también cobija a Gustavo Adolfo Lara Sepúlveda, en su calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación de Casanare para la época de los hechos.
Al parecer, Mariño Velandia suscribió el mencionado contrato de construcción y de interventoría sin verificar la capacidad, idoneidad, experiencia directamente relacionada de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Yopal para realizar estas obras.
Agrega el pliego de cargos, que siempre fue claro que la EAAAY no era quien iba a ejecutar directamente las obras. Por tanto, el entonces Gobernador habría permitido que ésta subcontratara las obras civiles pactadas. Además, el contrato se habría celebrado de manera directa, cuando lo procedente para escoger al contratista era realizar un proceso de Licitación Pública.
Se advierte que mediante resolución firmada por el exgobernador encargado, Helver Rossell Martínez Bohórquez, se invocó la señalada causal de contratación directa para celebrar este Convenio, tras señalar que el objeto de la EAAAY tiene relación directa con las obligaciones estipuladas.
Al respecto, el Ministerio Público reprochó la conducta del entonces jefe de la oficina Jurídica, Gustavo Lara Sepúlveda, quien habría asesorado jurídicamente e impartido su visto bueno a la citada resolución, así como a la solicitud de oferta hecha por la gobernación de Casanare a la EAAAY y al contrato interadministrativo, sin verificar previamente la capacidad, idoneidad y experiencia relacionada de la firma contratista.
En el marco de este proceso los investigados podrán presentar su versión libre de los hechos, y solicitar, directamente o a través de sus defensores, la práctica de pruebas que resulten conducentes y pertinentes para esclarecer los hechos objeto de investigación.
La audiencia pública se llevará a cabo este viernes 17 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana, en la sala de Audiencias de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
