META
Senadora Maritza Martínez pide pronto levantamiento de medida de cierre de la vía Bogotá – Villavicencio
Como una decisión preocupante, calificó la Senadora Maritza Martínez, la decisión adoptada por el Ministerio de Transportes, de cerrar de manera preventiva la vía Bogotá-Villavicencio, hasta tanto Coviandes no tome una decisión respecto a la demolición del puente atirantado de Chirajara.
“No podemos olvidar que estamos hablando del corredor más importante de la Media Colombia. Las afectaciones en materia económica y social para la región son gravísimas. Por eso hemos solicitado al concesionario que emita de manera inmediata un pronunciamiento en el cual informe a la ciudadanía qué sucederá con el puente atirantado parcialmente colapsado, y hasta cuándo tendrá cerrada la vía (…) No vamos a permitir ninguna clase de improvisación en esta materia, en esta vía se pagan las tarifas de peaje más costosas del país y ahora hay que sumar los perjuicios que tienen que asumir los llaneros debido a una improvisación manifiesta (…) Una vez se inicien las sesiones en el Congreso de la República, adelantaremos debate de control político para determinar responsables y encontrar soluciones. Entre tanto, reiteramos nuestra solicitud a Coviandes para que nos certifique la calidad de todas y cada una de las obras que se han desarrollado en este corredor vial”, manifestó Martínez Aristizábal.
Quebradablanca y Puente Caridad deben ser intervenidos:
En el mismo sentido, señaló que no sólo debe darse una solución de fondo al tema del puente atirantado, sino que se debe intervenir de manera urgente, tal y como señaló desde junio de 2017 la firma interventora al Contrato 444 de 1994, los túneles de Quebradablanca, dadas las fallas estructurales que podrían ocasionar desprendimiento de rocas y amenazar la vida y la seguridad de miles de viajeros que transitan diariamente por la vía.
Frente al tema del Puente Caridad, la Senadora manifestó su satisfacción ante el anuncio del Ministro de Transporte de destinar recursos para el mantenimiento de puentes en la red vial nacional, en ese sentido señaló que “Celebramos que el Ministerio de Transporte haya solicitado 45.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para realizar mantenimiento de puentes (…) Solicitaremos de manera formal a dicha cartera que se destinen los 14.000 millones de pesos que se requieren para realizar el mantenimiento al puente Caridad, también ubicado en el corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio, dadas las graves condiciones en las que actualmente se encuentra y que fueron denunciadas ante al ANI esta misma semana.
Fuente: Comunicaciones Senadora Maritza Martínez
META
Histórica sentencia ordena compensar a familia desplazada cuyo predio ocupó el Ejército

En un fallo sin precedentes, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio reconoció el derecho fundamental a la restitución de tierras de una pareja de esposos y sus hijos, víctimas de desplazamiento forzado en La Macarena (Meta), y ordenó su compensación, tras establecer que su predio fue ocupado ilegalmente por el Ejército Nacional.
La familia había adquirido en 1975 el terreno conocido como ‘Estadero Nápoles’, de 5.687 metros cuadrados, ubicado en la vereda Los Cristales, donde construyeron un hotel con discoteca y zona de recreación. Sin embargo, en 2002 fueron obligados a huir por amenazas de las Farc, y un año después, el inmueble fue incinerado y ocupado por tropas del Ejército, que instalaron allí una base militar de forma indefinida.
“Es un despojo imputable al Estado”
El juez Alejandro Barreto señaló que dicha ocupación constituye un acto de despojo imputable al Estado, al violar el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, al no existir legalidad ni compensación por el uso de un bien civil. Pese a las solicitudes de la familia, la institución castrense nunca reconoció su responsabilidad ni ofreció reparación.
Debido a la imposibilidad material de restituir el predio —estratégicamente ubicado junto al aeropuerto de La Macarena—, la sentencia ordenó una compensación a través de un nuevo terreno, el cual será entregado en la ciudad que elija la familia. También se garantizará su inclusión en la oferta institucional del Estado, como parte de su reparación integral.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta, destacó que este fallo representa un hito en el reconocimiento del papel del Estado en algunos despojos, y reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos de las víctimas, incluso en contextos complejos.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Reclaman más de 15 mil hectáreas en favor del Resguardo Indígena Wacoyo, en Puerto Gaitán

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) radicó una demanda ante el Juzgado Primero Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio, con el propósito de restablecer los derechos territoriales del Resguardo Indígena Wacoyo, ubicado en Puerto Gaitán (Meta).
A la fecha, el territorio colectivo está conformado por tres comunidades, integradas por 801 familias que pertenecen al pueblo ancestral Sikuani. Con esta acción judicial, se pretende la restitución de las 15.855 hectáreas más 9.453 metros cuadrados del resguardo. Así mismo se busca la reparación integral de estas personas, que han sufrido confinamiento, despojo y abandono.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, indicó que entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: la culminación del proceso administrativo de ampliación, actualmente tramitado en la ANT, en concertación con la comunidad indígena; en caso de llegarse a presentar alguna situación de orden legal que impida hacerlo, que se adelante el trámite con predios que satisfagan sus necesidades y tengan viabilidad jurídica.
También se solicitó la formulación de planes integrales de reparación colectiva, para evitar vectores de contaminación ambiental; fomentar acciones tendientes a la reforestación y a reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales; la gestión de proyectos de desarrollo sostenible; así como la implementación de una política de etnoeducación, acceso a la salud con enfoque étnico y acceso a tecnología.
“Para el cumplimiento de la petición, la Unidad solicitó al ente judicial que ordene a las entidades competentes la adopción de dichas medidas, para garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales de las tres comunidades del Resguardo Indígena Wacoyo”, informó Barreto Lara.
Fuente: Comunicaciones URT
META
Llevaban 22 kilos de marihuana camuflados en varas de guadua, en Puerto Gaitán

La Policía Nacional en el departamento del Meta, en una operación adelantada en zona rural del municipio de Puerto Gaitán, capturó a tres hombres por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
El procedimiento se desarrolló gracias a información suministrada por una fuente humana, clave para interceptar una camioneta a la altura del kilómetro 106, en la vereda La Campiña del mencionado municipio.
Durante el registro al automotor, los uniformados hallaron 43 paquetes compactados de marihuana tipo creepy ocultos al interior de varas de guadua encapsuladas. El peso total del alijo fue de 21.500 gramos, con un valor estimado de 24 millones de pesos en el mercado ilegal.
Las investigaciones adelantadas por la SIJIN revelan que el cargamento tenía como destino final el departamento del Meta, y que su procedencia era el departamento del Cauca, con tránsito por el Quindío, según la guía de movilización. La droga estaba destinada al microtráfico, y se calcula que podrían haberse producido hasta 43.000 dosis individuales, lo que triplicaría su valor económico.
Los capturados, de 36, 40 y 45 años de edad, junto con el vehículo y la sustancia incautada, fueron dejados a disposición de la Fiscalía Séptima Local de Puerto Gaitán por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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