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Senadora Maritza Martínez pide pronto levantamiento de medida de cierre de la vía Bogotá – Villavicencio

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Como una decisión preocupante, calificó la Senadora Maritza Martínez, la decisión adoptada por el Ministerio de Transportes, de cerrar de manera preventiva la vía Bogotá-Villavicencio, hasta tanto Coviandes no tome una decisión respecto a la demolición del puente atirantado de Chirajara.

“No podemos olvidar que estamos hablando del corredor más importante de la Media Colombia. Las afectaciones en materia económica y social para la región son gravísimas. Por eso hemos solicitado al concesionario que emita de manera inmediata un pronunciamiento en el cual informe a la ciudadanía qué sucederá con el puente atirantado parcialmente colapsado, y hasta cuándo tendrá cerrada la vía (…) No vamos a permitir ninguna clase de improvisación en esta materia, en esta vía se pagan las tarifas de peaje más costosas del país y ahora hay que sumar los perjuicios que tienen que asumir los llaneros debido a una improvisación manifiesta (…) Una vez se inicien las sesiones en el Congreso de la República, adelantaremos debate de control político para determinar responsables y encontrar soluciones. Entre tanto, reiteramos nuestra solicitud a Coviandes para que nos certifique la calidad de todas y cada una de las obras que se han desarrollado en este corredor vial”, manifestó Martínez Aristizábal.

Quebradablanca y Puente Caridad deben ser intervenidos:

En el mismo sentido, señaló que no sólo debe darse una solución de fondo al tema del puente atirantado, sino que se debe intervenir de manera urgente, tal y como señaló desde junio de 2017 la firma interventora al Contrato 444 de 1994, los túneles de Quebradablanca, dadas las fallas estructurales que podrían ocasionar desprendimiento de rocas y amenazar la vida y la seguridad de miles de viajeros que transitan diariamente por la vía.

Frente al tema del Puente Caridad, la Senadora manifestó su satisfacción ante el anuncio del Ministro de Transporte de destinar recursos para el mantenimiento de puentes en la red vial nacional, en ese sentido señaló que “Celebramos que el Ministerio de Transporte haya solicitado 45.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda para realizar mantenimiento de puentes (…) Solicitaremos de manera formal a dicha cartera que se destinen los 14.000 millones de pesos que se requieren para realizar el mantenimiento al puente Caridad, también ubicado en el corredor que conecta a Bogotá con Villavicencio, dadas las graves condiciones en las que actualmente se encuentra y que fueron denunciadas ante al ANI esta misma semana.

Fuente: Comunicaciones Senadora Maritza Martínez

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Meta, cárcel para sujeto señalado de agredir sexualmente a una niña de 11 años

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Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre que habría agredido sexualmente a una menor de 11 años, en hechos ocurridos en 2022, en un sector urbano de Puerto Gaitán.

Un fiscal seccional, imputó al procesado de 31 años, el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargo que no fue aceptado.

De acuerdo con la investigación, el hombre que vivía en el mismo sector de la víctima, la habría abordado en el momento que la menor se encontraba sola y la sometió a vejámenes sexuales.

El presunto agresor fue capturado por uniformados de la Policía, la Armada y el Ejército Nacional, en zona rural del municipio, donde intentó esconderse.

La Fiscalía investiga si hay más personas que serían víctimas de este actuar delincuencial.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Meta, niña de 5 años fue hallada sin vida en confusos hechos

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La Policía Nacional en el departamento del Meta señaló que investiga los hechos registrados en la mañana del lunes, 18 de noviembre en el municipio de Guamal, donde una menor de 5 años de edad identificada como Sara Natalia Camacho fue hallada sin signos vitales al interior de una su vivienda.

Uniformados de la Estación de Policía de ese municipio al recibir una llamada telefónica sobre este hecho, se desplazaron de manera inmediata hacia el domicilio ubicado en la vereda Santa Bárbara, donde ya hacía presencia personal médico local quienes confirman el deceso de la menor.

Se conoció que fue el padrastro de la menor quien denunció la situación, indicando a las autoridades que la niña salió de la vivienda sobre las 11 de la noche y regresó en la madrugada del 18 de noviembre.

Un equipo especializado de la SIJIN fue designado para iniciar las investigaciones correspondientes a este caso, con el objetivo de conocer las posibles causas del fallecimiento de la infante de tan solo cinco años de edad.

La Fiscalía General de la Nación junto con Comisaría de Familia, llegaron a la vivienda en aras de apoyar el proceso de investigación y acompañamiento a los familiares.

Fuente: Policía Meta

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Judicializadas dos personas por la falsa venta de casas y carros en el Meta

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Sonia Paola Montoya Narváez y Anwar Zamir Abdala Herrera, como presuntos responsables del delito de estafa agravada masa, debido a su eventual responsabilidad en los hechos ocurridos entre 2015 y 2022 en Villavicencio y Puerto López (Meta).

En uno de los casos ocurrido entre diciembre de 2017 y septiembre de 2020, Montoya Narváez, como representante legal de una sociedad y directora comercial de un concesionario automotriz, habría recibido 297’300.000 de pesos por la venta de vehículos, los cuales nunca entregó a los compradores. Por estos hechos la mujer fue capturada en el barrio San Fernando de Villavicencio (Meta).

Por otra parte, entre noviembre de 2015 y agosto de 2022, Abdala Herrera se habría hecho pasar por comerciante de vehículos y viviendas, que no eran de su propiedad. El procesado habría firmado los contratos de compraventa y traspasos como si fuera el dueño de los bienes por los cuales se cree recibió 232’000.000 de pesos. El hombre fue capturado en vía pública del barrio San Antonio de la capital del Meta.

Las detenciones fueron realizadas por servidores del CTI en articulación con la Policía Nacional. En audiencias preliminares, los procesados aceptaron su responsabilidad en los cargos imputados por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA).

Jueces de control de garantías impusieron medidas privativas de la libertad en los lugares de domicilio de cada uno de los investigados.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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