REGIÓN
Centros de enseñanza automovilística en Sogamoso expedían documentos falsos
La Policía Nacional en el departamento de Boyacá, logró identificar la existencia de un grupo de delincuencia común organizado encargado de expedir certificados de conducción sin el lleno de los requisitos exigidos, para lo que utilizaban dos centros de enseñanza automovilística en Sogamoso.
Luego de una investigación de varios meses, en la que se adelantaron interceptaciones de comunicaciones, búsqueda selectiva en base de datos, declaraciones juradas y entrevistas, se logró recolectar suficiente material probatorio para solicitar las órdenes de captura.
Las autoridades ejecutaron 4 diligencias de registro y allanamiento en Sogamoso, donde capturaron a 7 personas por los delitos de fraude procesal y concierto para delinquir, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente.
En el allanamiento a los dos inmuebles utilizados como centros de enseñanza automovilística, se incautaron varios elementos materiales probatorios y evidencia física, como: celulares, llaves de seguridad tipo USB, computadores, token, controladores USB, memoria USB, carpetas AZ con documentación y pad de firmas con cable USB y lápiz. Así mismo, fueron allanados dos establecimientos comerciales de asesorías y trámites en materia de tránsito, en los que se incautaron elementos como computadores y documentos.
¿Cómo operaban los delincuentes?
Los aspirantes a obtener su licencia de conducción por primera vez, recategorizar o refrendar eran captados por la organización, manifestándoles que no era necesario que asistieran a las clases teórico prácticas en conducción que deberían tomar, pidiéndoles que por un periodo de tres días promedio (no necesariamente consecutivos) tenían que ir al centro de enseñanza automovilístico desde las 8 de la mañana cada dos horas, en donde solo deberían colocar la huella en un lector biométrico o mediante video, con lo cual daban apertura y cierre a cada clase, sin recibir ninguna inducción y ni siquiera preguntar si el aspirante sabía conducir, iniciando un proceso de formación ficticio, en el que se registran en el sistema horas prácticas y teóricas de conducción que por supuesto el aspirante nunca recibía.
Este resultado operativo contribuye a la seguridad vial en Boyacá, teniendo en cuenta el alto índice de accidentalidad en el departamento, provocado en algunas ocasiones por personas inexpertas en la conducción de vehículos, quienes se encuentran certificados y registrados ante el “RUNT” como conductores, sin cumplir con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Tránsito.
Fuente: Policía Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
