META
Célula terrorista del ELN y disidencias de las Farc ejecutaron atentado contra Batallón de Granada
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a los presuntos responsables del ataque a la sede del Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada (Meta), que dejó un civil y un soldado muertos, y nueve personas más heridas, el pasado 9 febrero.
El material de prueba permitió conocer que Isaid Alberto Angulo, un supuesto integrante del ELN conocido con el alias de Barbas, habría contactado a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del frente Jorge Briceño de las disidencias de las Farc, y le propuso crear una célula terrorista para atentar contra la fuerza pública en Caquetá y Meta.
Este grupo se conformó con el nombre de FER (Fuerzas Especiales Residuales). Alias Barbas, al parecer, lo asumió y recibió el apoyo de otros tres hombres. Juntos, supuestamente, planearon el ingreso a las instalaciones militares de un motocarguero que ocultaba, en un bulto de papas y yucas, un artefacto de 17 kilogramos de pentolita que fue activado con el control de una alarma.
‘Barbas’ y sus tres presuntos cómplices, entre ellos un adolescente, fueron ubicados en una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Acacías y Vistahermosa (Meta). Adicionalmente, un hombre fue capturado en flagrancia con una granada, un arma de fuego y otra traumática, munición de diferente calibre y otros elementos.
Los mayores de edad fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como: homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de defensa personal; y tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, a ‘Barbas’ le fue formulado el cargo de uso de documento público falso, en el entendido de que, durante la captura, presentó una cédula que pertenecía a otra persona.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, ellos son: Isaid Alberto Angulo, alias Barbas; Sebastián Molina López, alias Sebastián; Jeyler Ferney Jara Patiño, alias Enano; y Eider Martínez Angulo, alias Negrito, detenido en flagrancia.
El adolescente también fue judicializado y recibió medida de internamiento preventivo.
Engaño criminal y atentado
La investigación estableció que, luego de la conformación de la célula terrorista, alias Barbas, al parecer, se hizo pasar como una mujer de nombre ‘Lorena’ y, mediante engaños, contactó vía telefónica a una empleada y al suboficial jefe del casino del batallón. En las conversaciones les ofreció víveres a un menor precio porque, supuestamente, pretendía abrir un supermercado de frutas y verduras.
Después de varios intercambios de mensajes, el uniformado, presuntamente, aceptó recibir una muestra de productos agrícolas y habló con la guardia de la sede militar para que permitieran su ingreso en un motocarguero, la tarde del pasado 9 de febrero.
Ese día, ‘Barbas’ y ‘Sebastián’, habrían ocultado los explosivos en un saco de yucas y papas en una finca de Vistahermosa (Meta) y lo enviaron en un vehículo de servicio público a Granada. Alias Enano y el adolescente, al parecer, acompañaron el automotor en su recorrido hasta la agencia de transportes, y contrataron a un motocarguero para que recogiera el bulto y lo llevara al batallón.
Al parecer, estas dos personas también siguieron en bicicleta el recorrido a las instalaciones militares. Finalmente, activaron el artefacto, con el conductor del motocarguero a bordo y justo cuando el automotor estaba rodeado por el personal de la guardia.
La evidencia técnica da cuenta de que, posterior a la acción ilegal, alias Enano tomó fotografías y las envió a los cabecillas del grupo residual. Asimismo, se conoció que los cuatro señalados responsables se reunieron en un asado para ‘celebrar’ lo ocurrido.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
