META
Célula terrorista del ELN y disidencias de las Farc ejecutaron atentado contra Batallón de Granada
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a los presuntos responsables del ataque a la sede del Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada (Meta), que dejó un civil y un soldado muertos, y nueve personas más heridas, el pasado 9 febrero.
El material de prueba permitió conocer que Isaid Alberto Angulo, un supuesto integrante del ELN conocido con el alias de Barbas, habría contactado a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del frente Jorge Briceño de las disidencias de las Farc, y le propuso crear una célula terrorista para atentar contra la fuerza pública en Caquetá y Meta.
Este grupo se conformó con el nombre de FER (Fuerzas Especiales Residuales). Alias Barbas, al parecer, lo asumió y recibió el apoyo de otros tres hombres. Juntos, supuestamente, planearon el ingreso a las instalaciones militares de un motocarguero que ocultaba, en un bulto de papas y yucas, un artefacto de 17 kilogramos de pentolita que fue activado con el control de una alarma.
‘Barbas’ y sus tres presuntos cómplices, entre ellos un adolescente, fueron ubicados en una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Acacías y Vistahermosa (Meta). Adicionalmente, un hombre fue capturado en flagrancia con una granada, un arma de fuego y otra traumática, munición de diferente calibre y otros elementos.
Los mayores de edad fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como: homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de defensa personal; y tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, a ‘Barbas’ le fue formulado el cargo de uso de documento público falso, en el entendido de que, durante la captura, presentó una cédula que pertenecía a otra persona.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, ellos son: Isaid Alberto Angulo, alias Barbas; Sebastián Molina López, alias Sebastián; Jeyler Ferney Jara Patiño, alias Enano; y Eider Martínez Angulo, alias Negrito, detenido en flagrancia.
El adolescente también fue judicializado y recibió medida de internamiento preventivo.
Engaño criminal y atentado
La investigación estableció que, luego de la conformación de la célula terrorista, alias Barbas, al parecer, se hizo pasar como una mujer de nombre ‘Lorena’ y, mediante engaños, contactó vía telefónica a una empleada y al suboficial jefe del casino del batallón. En las conversaciones les ofreció víveres a un menor precio porque, supuestamente, pretendía abrir un supermercado de frutas y verduras.
Después de varios intercambios de mensajes, el uniformado, presuntamente, aceptó recibir una muestra de productos agrícolas y habló con la guardia de la sede militar para que permitieran su ingreso en un motocarguero, la tarde del pasado 9 de febrero.
Ese día, ‘Barbas’ y ‘Sebastián’, habrían ocultado los explosivos en un saco de yucas y papas en una finca de Vistahermosa (Meta) y lo enviaron en un vehículo de servicio público a Granada. Alias Enano y el adolescente, al parecer, acompañaron el automotor en su recorrido hasta la agencia de transportes, y contrataron a un motocarguero para que recogiera el bulto y lo llevara al batallón.
Al parecer, estas dos personas también siguieron en bicicleta el recorrido a las instalaciones militares. Finalmente, activaron el artefacto, con el conductor del motocarguero a bordo y justo cuando el automotor estaba rodeado por el personal de la guardia.
La evidencia técnica da cuenta de que, posterior a la acción ilegal, alias Enano tomó fotografías y las envió a los cabecillas del grupo residual. Asimismo, se conoció que los cuatro señalados responsables se reunieron en un asado para ‘celebrar’ lo ocurrido.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
