META
Célula terrorista del ELN y disidencias de las Farc ejecutaron atentado contra Batallón de Granada
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a los presuntos responsables del ataque a la sede del Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada (Meta), que dejó un civil y un soldado muertos, y nueve personas más heridas, el pasado 9 febrero.
El material de prueba permitió conocer que Isaid Alberto Angulo, un supuesto integrante del ELN conocido con el alias de Barbas, habría contactado a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del frente Jorge Briceño de las disidencias de las Farc, y le propuso crear una célula terrorista para atentar contra la fuerza pública en Caquetá y Meta.
Este grupo se conformó con el nombre de FER (Fuerzas Especiales Residuales). Alias Barbas, al parecer, lo asumió y recibió el apoyo de otros tres hombres. Juntos, supuestamente, planearon el ingreso a las instalaciones militares de un motocarguero que ocultaba, en un bulto de papas y yucas, un artefacto de 17 kilogramos de pentolita que fue activado con el control de una alarma.
‘Barbas’ y sus tres presuntos cómplices, entre ellos un adolescente, fueron ubicados en una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Acacías y Vistahermosa (Meta). Adicionalmente, un hombre fue capturado en flagrancia con una granada, un arma de fuego y otra traumática, munición de diferente calibre y otros elementos.
Los mayores de edad fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como: homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de defensa personal; y tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, a ‘Barbas’ le fue formulado el cargo de uso de documento público falso, en el entendido de que, durante la captura, presentó una cédula que pertenecía a otra persona.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, ellos son: Isaid Alberto Angulo, alias Barbas; Sebastián Molina López, alias Sebastián; Jeyler Ferney Jara Patiño, alias Enano; y Eider Martínez Angulo, alias Negrito, detenido en flagrancia.
El adolescente también fue judicializado y recibió medida de internamiento preventivo.
Engaño criminal y atentado
La investigación estableció que, luego de la conformación de la célula terrorista, alias Barbas, al parecer, se hizo pasar como una mujer de nombre ‘Lorena’ y, mediante engaños, contactó vía telefónica a una empleada y al suboficial jefe del casino del batallón. En las conversaciones les ofreció víveres a un menor precio porque, supuestamente, pretendía abrir un supermercado de frutas y verduras.
Después de varios intercambios de mensajes, el uniformado, presuntamente, aceptó recibir una muestra de productos agrícolas y habló con la guardia de la sede militar para que permitieran su ingreso en un motocarguero, la tarde del pasado 9 de febrero.
Ese día, ‘Barbas’ y ‘Sebastián’, habrían ocultado los explosivos en un saco de yucas y papas en una finca de Vistahermosa (Meta) y lo enviaron en un vehículo de servicio público a Granada. Alias Enano y el adolescente, al parecer, acompañaron el automotor en su recorrido hasta la agencia de transportes, y contrataron a un motocarguero para que recogiera el bulto y lo llevara al batallón.
Al parecer, estas dos personas también siguieron en bicicleta el recorrido a las instalaciones militares. Finalmente, activaron el artefacto, con el conductor del motocarguero a bordo y justo cuando el automotor estaba rodeado por el personal de la guardia.
La evidencia técnica da cuenta de que, posterior a la acción ilegal, alias Enano tomó fotografías y las envió a los cabecillas del grupo residual. Asimismo, se conoció que los cuatro señalados responsables se reunieron en un asado para ‘celebrar’ lo ocurrido.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
