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Célula terrorista del ELN y disidencias de las Farc ejecutaron atentado contra Batallón de Granada
La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a los presuntos responsables del ataque a la sede del Batallón 21 Pantano de Vargas, en Granada (Meta), que dejó un civil y un soldado muertos, y nueve personas más heridas, el pasado 9 febrero.
El material de prueba permitió conocer que Isaid Alberto Angulo, un supuesto integrante del ELN conocido con el alias de Barbas, habría contactado a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, señalado cabecilla del frente Jorge Briceño de las disidencias de las Farc, y le propuso crear una célula terrorista para atentar contra la fuerza pública en Caquetá y Meta.
Este grupo se conformó con el nombre de FER (Fuerzas Especiales Residuales). Alias Barbas, al parecer, lo asumió y recibió el apoyo de otros tres hombres. Juntos, supuestamente, planearon el ingreso a las instalaciones militares de un motocarguero que ocultaba, en un bulto de papas y yucas, un artefacto de 17 kilogramos de pentolita que fue activado con el control de una alarma.
‘Barbas’ y sus tres presuntos cómplices, entre ellos un adolescente, fueron ubicados en una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional en Acacías y Vistahermosa (Meta). Adicionalmente, un hombre fue capturado en flagrancia con una granada, un arma de fuego y otra traumática, munición de diferente calibre y otros elementos.
Los mayores de edad fueron presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó, según el posible nivel de participación, delitos como: homicidio agravado, tentativa de homicidio, terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de defensa personal; y tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
Adicionalmente, a ‘Barbas’ le fue formulado el cargo de uso de documento público falso, en el entendido de que, durante la captura, presentó una cédula que pertenecía a otra persona.
Los procesados recibieron medida de aseguramiento privativas de la libertad en centro carcelario, ellos son: Isaid Alberto Angulo, alias Barbas; Sebastián Molina López, alias Sebastián; Jeyler Ferney Jara Patiño, alias Enano; y Eider Martínez Angulo, alias Negrito, detenido en flagrancia.
El adolescente también fue judicializado y recibió medida de internamiento preventivo.
Engaño criminal y atentado
La investigación estableció que, luego de la conformación de la célula terrorista, alias Barbas, al parecer, se hizo pasar como una mujer de nombre ‘Lorena’ y, mediante engaños, contactó vía telefónica a una empleada y al suboficial jefe del casino del batallón. En las conversaciones les ofreció víveres a un menor precio porque, supuestamente, pretendía abrir un supermercado de frutas y verduras.
Después de varios intercambios de mensajes, el uniformado, presuntamente, aceptó recibir una muestra de productos agrícolas y habló con la guardia de la sede militar para que permitieran su ingreso en un motocarguero, la tarde del pasado 9 de febrero.
Ese día, ‘Barbas’ y ‘Sebastián’, habrían ocultado los explosivos en un saco de yucas y papas en una finca de Vistahermosa (Meta) y lo enviaron en un vehículo de servicio público a Granada. Alias Enano y el adolescente, al parecer, acompañaron el automotor en su recorrido hasta la agencia de transportes, y contrataron a un motocarguero para que recogiera el bulto y lo llevara al batallón.
Al parecer, estas dos personas también siguieron en bicicleta el recorrido a las instalaciones militares. Finalmente, activaron el artefacto, con el conductor del motocarguero a bordo y justo cuando el automotor estaba rodeado por el personal de la guardia.
La evidencia técnica da cuenta de que, posterior a la acción ilegal, alias Enano tomó fotografías y las envió a los cabecillas del grupo residual. Asimismo, se conoció que los cuatro señalados responsables se reunieron en un asado para ‘celebrar’ lo ocurrido.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
