META
Cayó “Katrina” líder de finanzas de Los Puntilleros en el Meta
Autoridades en el Meta lograron la captura de ‘Katrina’ uno de los sujetos más buscados e importantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Puntilleros’, conocido estructuralmente en la región de los Llanos Orientales como ‘Bloque Meta’ y ‘Bloque Libertadores del Vichada’.
Fue sorprendido por unidades de Policía Judicial departiendo en un establecimiento público de El Dorado. Para lograr su plena identificación, fue necesario el análisis técnico a través de la obtención y registro dactilar en base de datos de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol adscritos al Departamento de Policía Meta.
Katrina se encuentra requerido por solicitud del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Lleras desde el pasado mes de diciembre del año 2020, por los delitos de concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.
Investigación
De acuerdo con las investigaciones adelantadas contra ‘Katrina’, sería el cabecilla de finanzas del grupo delincuencial ‘Los Puntilleros’, encargado de la recolección de dineros mediante la imposición de cobros a expendios de droga y a los llamados “jíbaros”; otra fuente de financiación se centra en la extorsión a todos los sectores económicos como: comerciantes, ganaderos, empresarios y pequeños productores de la región, algunas de estas acciones criminales derivaban en amenazas contra la vida de aquellas personas que no accedían a sus pretensiones ilícitas.
El Poder criminal de este sujeto creció a partir del 28 de mayo del año 2019 hasta la actualidad, luego de la captura de su hermano quien es conocido como alias ‘Caracho’, y que se desempeñaba como líder de esta organización criminal con injerencia en los municipios del alto y bajo Ariari, asimismo, en el área metropolitana de Villavicencio, Acacías y la región de la altillanura tras el control del corredor vial que conduce hacia el departamento del Vichada.
Más resultados
Este sería ya el tercer avance de la operación ‘Renacer’, destacando en la primera de ellas, la cual fue ejecutada en el mes de diciembre del año 2020, la captura de cinco integrantes, afectando la cadena criminal en Villavicencio, Acacías, San Martín, Granada y San Juan de Arama. Para este hecho, ‘Katrina’ con apoyo de algunos de unos colaboradores habría huido hacía el departamento del Guaviare.
Sin embargo, una segunda operación se desarrolló el mes de marzo de este año, donde se logró la captura de otros cuatro integrantes; de acuerdo a información aportada de fuente humana, ‘Katrina’ se ocultaba en una finca ubicada en zona rural de El Dorado, pero sus colaboradores más cercanos le avisaron para que huyera por la parte trasera del inmueble y posteriormente fue recogido y conducido en una camioneta hacia Villavicencio, donde se ocultó por varios meses.
En este tercer avance de la operación, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía No. 110 Dirección Nacional Especializada contra el Crimen Organizado en la ciudad de Villavicencio, donde un Juez de la República lo envió a la cárcel.
Otro de los procesos judiciales adelantados contra ‘Katrina’ se encuentra delitos como concierto para delinquir, extorsión, homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar, los cuales se derivan de su trayectoria criminal que data desde el año 2001 a la fecha.
Fuente: Policía Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
