CASANARE
Catastralmente Casanare está avaluado en 5,5 billones de pesos, dice el IGAC
El más reciente estudio catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reveló que las 4,4 millones de hectáreas y los 19 municipios del departamento del Casanare ahora tienen un valor de $5,5 billones.
Con esta cifra, este departamento de la Orinoquia colombiana superó en un 3,2% al avalúo registrado en el año 2016, cuando fue de aproximadamente $5,3 billones, informó el director Territorial Casanare Niyer Lozano Vallejo.
El 59,3% del nuevo valor catastral pertenece a las zonas urbanas ($3,2 billones), mientras que el 40,6% restante es aportado por los territorios rurales ($2,2 billones). Según Lozano Vallejo, este departamento cuenta con el segundo avalúo más alto en la Orinoquia.
“De los $28,3 billones de avalúo de los cuatro departamentos de la región, Casanare aportó el 19,5%. Por su parte, Meta fue el líder con más del 70%”, señaló el funcionario.
Los cinco municipios que más se destacaron por sus valores catastrales fueron Yopal ($2,4 billones), Aguazul ($978 mil millones), Tauramena ($692 mil millones), Maní ($400 mil millones) y Paz de Ariporo ($202 mil millones). Por su parte, Recetor ($4,1 mil millones), La Salina ($4,6 mil millones) y Sácama ($7,2 mil millones), registraron los avalúos más bajos.
Casanare logró consolidar 6.057 predios nuevos, alcanzando así un total de 163 mil. En cuanto al área construida, el departamento llegó a 10,4 millones de metros cuadrados, de los cuales 18 mil son recientes.
Solo dos municipios actualizados
De los 19 municipios del departamento, 17 tienen desactualizado su catastro rural y urbano; es decir que el 89,4% de su territorio no realiza este ejercicio en los últimos cinco años.
Los municipios desactualizados son Chámeza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchía, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Trinidad, Villanueva y Yopal.
Según el Director Territorial del IGAC, este es uno de los pocos departamentos del país en los cuales su propia capital está desactualizada. “Yopal no actualiza su catastro rural y urbano desde hace 7 años”.
Los casos más críticos en el departamento son Recetor, con 14 años de desactualización urbana, y Trinidad y Villanueva, con 15 y 14 años en lo rural respectivamente. Solo dos municipios han hecho la tarea: Aguazul y Tauramena, territorios que actualizaron sus zonas urbanas y rurales en 2015.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
