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CASANARE

Instituciones Educativas de Casanare no están preparadas para tratar casos de abuso sexual

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Directivas del Colegio Centro Social bachillerato en Yopal, al parecer estarían desconociendo los derechos de  protección de una menor implicada en un presunto caso de abuso sexual que actualmente se encuentra en etapa de investigación (como muchos otros en Casanare).

Este hecho,  que se conoció el pasado viernes en horas de la tarde ha dejado bastantes interrogantes, en cuanto al manejo y los protocolos que las directivas del Colegio Centro Social le han dado.

Una vez interpuesta la denuncia penal por parte de la familia de la menor ante la Fiscalía, en contra de un Docente, las autoridades iniciaron horas después del hecho las respectivas investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido.

Tres días después de conocerse este caso, el cual reiteramos está debidamente denunciado y que se dio a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación, las directivas de la institución en cabeza de la Rectora María Teresa Prieto, citaron el martes en horas de la mañana a los familiares de la menor, para establecer acuerdos y compromisos frente a este hecho.

De esta reunión, quedó un sinsabor y bastante preocupación para con lo que en derecho se espera de las directivas en pro de la protección de la menor implicada, puesto que como sugerencia de las directivas del Centro Social, dieron como alternativa que la menor cumpliera con su calendario escolar en contra jornada, mientras que el implicado  pueda realizar su actividad laboral, en las instalaciones de la Secretaría de Educación o del Sindicato de Maestros.

Ante esta sugerencia, la familia de la menor no aceptó dicha alternativa y se sienten con pocas garantías durante el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que el docente hace parte de la subdirectiva Yopal del Sindicato de Maestros de Casanare.

Es de aclarar que rectores y coordinadores de las instituciones, no tienen la potestad de suspender laboralmente a ningún docente, pero también es claro que los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, no se cumplieron en los tiempos pertinentes por lo que se dilató bajo el argumento de que era fin de semana.

También se conoció que este hecho hasta el martes fue notificado a la Secretaría de Educación Municipal, a través de un oficio que emitió el CAIVAS, quien está a cargo de la investigación; puesto que por parte de las directivas de la Institución esta información no llegó a dicha dependencia.

En aras de darle neutralidad a los hechos, sostuvimos comunicación vía celular con María Teresa Prieto, Rectora de la Institución, quien aseguró no tener tiempo, ni estar interesada en dar declaraciones de lo sucedido, pero sí fue enfática en decir que los medios de comunicación en Casanare son “amarillistas” y lo que hicieron fue dañar la imagen a la Institución

Hay que resaltar que algunos padres de familia de este, uno de los más tradicionales colegios de Casanare se encuentran molestos pues en un chat de la Institución se les solicitó no compartir noticias del caso, ni creer en lo que se escriba del mismo, pues afecta su imagen. Lo cierto es que los padres de familia consultados piensan que lo correcto es que el docente se retire por su cuenta o sea suspendido mientras es investigado, en aras de la ética y la moral que se debe tener cuando el agravio ocurre sobre una menor de edad.

Muchos padres hoy no duermen tranquilos al saber que este caso ocurre en un colegio de renombre en la sociedad casanareña y que claramente no es el único, cuando en las aulas de casi todos los municipios han ocurrido situaciones como esta, mientras quienes realizan el acto se esconden en sindicatos y reuniones de maestros.

Conclusión… hasta ahora queda una importante y es que colegios e instituciones no conocen como se debe tratar un caso de abuso dentro de las aulas, mientras que interrogantes quedan muchos ¿Será que las Instituciones y Secretarías de Educación no conocen la ruta de casos urgentes y no se capacitan en lo que deben hacer  ante estas situaciones? Y… ¿de quién es la responsabilidad a la hora de capacitar rectores,  directivos y docentes sobre estos casos?.

Fuente: Alianza de Medios

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Capturados cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sur de Casanare

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Autoridades de Casanare adelantaron una operación contra el Clan del Golfo, en la que hicieron efectivas órdenes de captura en contra de cuatro presuntos delincuentes de esta estructura ilegal.

Los operativos se llevaron a cabo en Tauramena, Maní y Villanueva; estos sujetos eran requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, extorsión agravada y porte ilegal de armas.

De los cuatro capturados, dos son oriundos de Casanare, uno de Arauca y otro de origen venezolano, y son señalados de pertenecer a la comisión Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, que delinque en el sur del departamento de Casanare.

Según labores investigativas y de inteligencia, estos sujetos serían los encargados de procurar el control de la extorsión y el microtráfico, además de realizar inteligencia delictiva con fines extorsivos a empresarios, comerciantes, ganaderos y arroceros en la zona sur del departamento.

Las autoridades competentes adelantan las investigaciones pertinentes para establecer si tienen vínculos con los homicidios selectivos perpetrados en estos municipios a finales del año 2021 y comienzos del 2022.

Fuente: Ejército Nacional

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Se subió a un árbol para esconderse fue capturado y enviado a la cárcel

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La Fiscalía en Casanare logró que un juez con función de control de garantías enviara a la cárcel a Sebastián Alvarado Martínez en Trinidad.

Según la información entregada por la Fiscalía, este hombre  transitaba por una céntrica calle del municipio de Trinidad, y cuando vio una patrulla de la policía de manera sospechosa salió corriendo y se subió a un árbol para evitar el requerimiento de los uniformados.

Al ser consultados sus datos, arrojó que tenía una orden de captura en su contra por el delito de hurto calificado y gravado.

Los hechos que investiga la Fiscalía dan cuenta  que el 28 de abril de este año la víctima se desplazaba en su motocicleta hacia su residencia, ubicada en la finca Santa Bárbara, Vereda El Calvario de Trinidad, cuando fue alcanzada, presuntamente, por Alvarado Martínez y otra personas, quienes lo habrían  despojado de sus pertenencias y de  un mercado que llevaba para su casa.

El 23 de junio la Fiscalía lo imputó por el delito de hurto calificado y agravado, cargo al que se allanó, y el juez promiscuo de Trinidad legalizó su captura y le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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Aprobadas acciones del plan de retorno y reubicación de víctimas en Maní

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Acciones como la dotación de escuelas o salones comunales o las brigadas de salud, incluidas en el plan de retornos y reubicaciones, fueron aprobadas en el municipio de Maní, según confirmó la Mesa Departamental de Víctimas.

Los planes de retorno incluyen proyectos de generación de ingreso, entrega de kits con elementos y equipos de trabajo, así como animales para emprendimientos avícolas o porcinos y una metodología de acompañamiento a procesos comunitarios con apoyos didácticos a ludotecas, bibliotecas, salones comunales, salones culturales, construcción de placa huellas y respaldo con artículos a escuelas deportivas y artísticas.

Entre tanto, el subcomité de Retornos y Reubicaciones, responsable de los mencionados planes localmente en Casanare, registró que en 14 de los 19 municipios del departamento hay solicitudes para implementar los planes de retorno y reubicación.

Hasta la fecha están aprobados cuatros de esos planes en Orocué, Monterrey, Hato Corozal y Recetor, mientras que los demás se encuentran en diálogos comunitarios y en construcción”, explicó José Alirio Barrera, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas.

La estrategia en Casanare para su implementación cuenta con el apoyo de la Mesa departamental de Víctimas, de la Unidad para las Víctimas, de la Gobernación con asesoría y apoyo técnico desde la Secretaría de Gobierno y de los 19 alcaldes del Casanare.

Fuente: Unidad para las Víctimas

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