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Instituciones Educativas de Casanare no están preparadas para tratar casos de abuso sexual

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Directivas del Colegio Centro Social bachillerato en Yopal, al parecer estarían desconociendo los derechos de  protección de una menor implicada en un presunto caso de abuso sexual que actualmente se encuentra en etapa de investigación (como muchos otros en Casanare).

Este hecho,  que se conoció el pasado viernes en horas de la tarde ha dejado bastantes interrogantes, en cuanto al manejo y los protocolos que las directivas del Colegio Centro Social le han dado.

Una vez interpuesta la denuncia penal por parte de la familia de la menor ante la Fiscalía, en contra de un Docente, las autoridades iniciaron horas después del hecho las respectivas investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido.

Tres días después de conocerse este caso, el cual reiteramos está debidamente denunciado y que se dio a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación, las directivas de la institución en cabeza de la Rectora María Teresa Prieto, citaron el martes en horas de la mañana a los familiares de la menor, para establecer acuerdos y compromisos frente a este hecho.

De esta reunión, quedó un sinsabor y bastante preocupación para con lo que en derecho se espera de las directivas en pro de la protección de la menor implicada, puesto que como sugerencia de las directivas del Centro Social, dieron como alternativa que la menor cumpliera con su calendario escolar en contra jornada, mientras que el implicado  pueda realizar su actividad laboral, en las instalaciones de la Secretaría de Educación o del Sindicato de Maestros.

Ante esta sugerencia, la familia de la menor no aceptó dicha alternativa y se sienten con pocas garantías durante el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que el docente hace parte de la subdirectiva Yopal del Sindicato de Maestros de Casanare.

Es de aclarar que rectores y coordinadores de las instituciones, no tienen la potestad de suspender laboralmente a ningún docente, pero también es claro que los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, no se cumplieron en los tiempos pertinentes por lo que se dilató bajo el argumento de que era fin de semana.

También se conoció que este hecho hasta el martes fue notificado a la Secretaría de Educación Municipal, a través de un oficio que emitió el CAIVAS, quien está a cargo de la investigación; puesto que por parte de las directivas de la Institución esta información no llegó a dicha dependencia.

En aras de darle neutralidad a los hechos, sostuvimos comunicación vía celular con María Teresa Prieto, Rectora de la Institución, quien aseguró no tener tiempo, ni estar interesada en dar declaraciones de lo sucedido, pero sí fue enfática en decir que los medios de comunicación en Casanare son “amarillistas” y lo que hicieron fue dañar la imagen a la Institución

Hay que resaltar que algunos padres de familia de este, uno de los más tradicionales colegios de Casanare se encuentran molestos pues en un chat de la Institución se les solicitó no compartir noticias del caso, ni creer en lo que se escriba del mismo, pues afecta su imagen. Lo cierto es que los padres de familia consultados piensan que lo correcto es que el docente se retire por su cuenta o sea suspendido mientras es investigado, en aras de la ética y la moral que se debe tener cuando el agravio ocurre sobre una menor de edad.

Muchos padres hoy no duermen tranquilos al saber que este caso ocurre en un colegio de renombre en la sociedad casanareña y que claramente no es el único, cuando en las aulas de casi todos los municipios han ocurrido situaciones como esta, mientras quienes realizan el acto se esconden en sindicatos y reuniones de maestros.

Conclusión… hasta ahora queda una importante y es que colegios e instituciones no conocen como se debe tratar un caso de abuso dentro de las aulas, mientras que interrogantes quedan muchos ¿Será que las Instituciones y Secretarías de Educación no conocen la ruta de casos urgentes y no se capacitan en lo que deben hacer  ante estas situaciones? Y… ¿de quién es la responsabilidad a la hora de capacitar rectores,  directivos y docentes sobre estos casos?.

Fuente: Alianza de Medios

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Inician obras de mantenimiento vial en 13 kilómetros de vías rurales de Aguazul

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En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.

Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.

Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.

Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.

Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.

Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.

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PAE en Yopal: 14.300 estudiantes con alimentación escolar de calidad y nutritiva

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Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.

Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.

La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.

El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.

Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.

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Millonaria contratación de Capresoca despierta alertas por presuntas irregularidades

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Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.

Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.

La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.

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