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Instituciones Educativas de Casanare no están preparadas para tratar casos de abuso sexual

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Directivas del Colegio Centro Social bachillerato en Yopal, al parecer estarían desconociendo los derechos de  protección de una menor implicada en un presunto caso de abuso sexual que actualmente se encuentra en etapa de investigación (como muchos otros en Casanare).

Este hecho,  que se conoció el pasado viernes en horas de la tarde ha dejado bastantes interrogantes, en cuanto al manejo y los protocolos que las directivas del Colegio Centro Social le han dado.

Una vez interpuesta la denuncia penal por parte de la familia de la menor ante la Fiscalía, en contra de un Docente, las autoridades iniciaron horas después del hecho las respectivas investigaciones con el fin de esclarecer lo sucedido.

Tres días después de conocerse este caso, el cual reiteramos está debidamente denunciado y que se dio a conocer a la opinión pública a través de los medios de comunicación, las directivas de la institución en cabeza de la Rectora María Teresa Prieto, citaron el martes en horas de la mañana a los familiares de la menor, para establecer acuerdos y compromisos frente a este hecho.

De esta reunión, quedó un sinsabor y bastante preocupación para con lo que en derecho se espera de las directivas en pro de la protección de la menor implicada, puesto que como sugerencia de las directivas del Centro Social, dieron como alternativa que la menor cumpliera con su calendario escolar en contra jornada, mientras que el implicado  pueda realizar su actividad laboral, en las instalaciones de la Secretaría de Educación o del Sindicato de Maestros.

Ante esta sugerencia, la familia de la menor no aceptó dicha alternativa y se sienten con pocas garantías durante el desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que el docente hace parte de la subdirectiva Yopal del Sindicato de Maestros de Casanare.

Es de aclarar que rectores y coordinadores de las instituciones, no tienen la potestad de suspender laboralmente a ningún docente, pero también es claro que los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, no se cumplieron en los tiempos pertinentes por lo que se dilató bajo el argumento de que era fin de semana.

También se conoció que este hecho hasta el martes fue notificado a la Secretaría de Educación Municipal, a través de un oficio que emitió el CAIVAS, quien está a cargo de la investigación; puesto que por parte de las directivas de la Institución esta información no llegó a dicha dependencia.

En aras de darle neutralidad a los hechos, sostuvimos comunicación vía celular con María Teresa Prieto, Rectora de la Institución, quien aseguró no tener tiempo, ni estar interesada en dar declaraciones de lo sucedido, pero sí fue enfática en decir que los medios de comunicación en Casanare son “amarillistas” y lo que hicieron fue dañar la imagen a la Institución

Hay que resaltar que algunos padres de familia de este, uno de los más tradicionales colegios de Casanare se encuentran molestos pues en un chat de la Institución se les solicitó no compartir noticias del caso, ni creer en lo que se escriba del mismo, pues afecta su imagen. Lo cierto es que los padres de familia consultados piensan que lo correcto es que el docente se retire por su cuenta o sea suspendido mientras es investigado, en aras de la ética y la moral que se debe tener cuando el agravio ocurre sobre una menor de edad.

Muchos padres hoy no duermen tranquilos al saber que este caso ocurre en un colegio de renombre en la sociedad casanareña y que claramente no es el único, cuando en las aulas de casi todos los municipios han ocurrido situaciones como esta, mientras quienes realizan el acto se esconden en sindicatos y reuniones de maestros.

Conclusión… hasta ahora queda una importante y es que colegios e instituciones no conocen como se debe tratar un caso de abuso dentro de las aulas, mientras que interrogantes quedan muchos ¿Será que las Instituciones y Secretarías de Educación no conocen la ruta de casos urgentes y no se capacitan en lo que deben hacer  ante estas situaciones? Y… ¿de quién es la responsabilidad a la hora de capacitar rectores,  directivos y docentes sobre estos casos?.

Fuente: Alianza de Medios

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En Yopal ponen a punto el Comité Local de Urgencias Médicas

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Como parte de la implementación del Sistema de Emergencias Médicas en Yopal, adoptado mediante el Decreto 056 de 2025, se desarrolló en la Secretaría de Salud la primera sesión ordinaria del Comité Local de Urgencias Médicas. Este espacio nace como un mecanismo de articulación interinstitucional para fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la vida de los yopaleños.

Durante la jornada, apoyada por la Fundación Meditech, se socializaron los alcances del nuevo Sistema de Emergencias Médicas, el cual operará las 24 horas del día para atender de manera oportuna casos de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismos y paros cardiorrespiratorios. En la sesión participaron entidades como la Alcaldía de Yopal, a través de las secretarías de Salud, Gobierno, Movilidad y TIC, la Oficina Territorial de Gestión del Riesgo, representantes de IPS públicas y privadas, y las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPB).

Las autoridades destacaron el papel de cada institución vinculada, desde los prestadores del servicio de ambulancias y organismos de socorro, hasta la fuerza pública y el CRUE Casanare, resaltando la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar una atención eficaz ante cualquier emergencia o urgencia en salud.

El secretario de Salud de Yopal, Nicasio Mariño, aseguró que ya se adelantan acciones para que el Sistema de Emergencias Médicas opere con altos estándares de eficiencia y se consolide como un modelo articulado entre todas las entidades involucradas, con el fin de mejorar la respuesta del municipio frente a emergencias y desastres.

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Impresionantes resultados de gestión dio a conocer la Directora del Sena en Casanare

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El SENA Casanare presentó los resultados de Gestión correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025. El balance destaca avances significativos en formación, empleabilidad, emprendimiento, inclusión social e infraestructura, generando un impacto directo en la calidad de vida de los casanareños.

En el ámbito de la formación, la entidad atendió a más de 58.000 aprendices en programas titulados y complementarios. El 57% fueron mujeres (32.954), consolidando el compromiso institucional con el cierre de brechas y la equidad de género. Durante esta vigencia, el SENA amplió su presencia territorial con la puesta en funcionamiento de la subsede Túa, en Monterrey, llevando más oportunidades educativas a comunidades que históricamente habían contado con menor acceso a formación técnica y tecnológica.

En empleabilidad, la Agencia Pública de Empleo logró colocar laboralmente a 6.858 personas, superando la meta en un 139%. Este resultado fue posible gracias a la gestión de 37.006 vacantes, así como a procesos de orientación ocupacional que beneficiaron a 16.257 casanareños, incluyendo jóvenes, comunidades étnicas y población vulnerable.

En materia de emprendimiento, la Regional registró la creación de 27 nuevas empresas, el fortalecimiento de 50 unidades productivas y la financiación de 42 iniciativas mediante Fondo Emprender, impulsando el crecimiento económico local y la generación de empleo.

Más de 4 mil personas certificadas en competencias

Durante la vigencia el SENA Casanare también fortaleció los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, alcanzando 4.799 certificaciones expedidas a trabajadores y productores de diversos sectores. Este proceso benefició a personas con discapacidad, campesinos, mujeres, población de la economía popular y comunidades étnicas, contribuyendo a la cualificación del talento humano en el territorio.

En inclusión social, el SENA brindó atención integral a víctimas del conflicto armado: 1.029 personas lograron vincularse laboralmente, y 3.191 recibieron orientación ocupacional. En el sector rural, la estrategia CampeSENA atendió a 4.377 campesinos, impactando a 178 asociaciones y promoviendo la creación de 26 unidades productivas. Por su parte, Full Popular —estrategia nacional que impulsa la formación y el fortalecimiento de iniciativas de economía popular— formó a 2.832 personas, contribuyendo al crecimiento de emprendimientos familiares y comunitarios.

Más Obras por Impuestos

En infraestructura, la Regional destacó importantes avances. En Paz de Ariporo, se ejecutó un proyecto de modernización de 26 ambientes de formación y la dotación de 6 aulas móviles, gracias al mecanismo de obras por impuestos, financiado por la empresa Parex Resources, con una inversión superior a $12.300 millones.

También en esta subsede se implementó un moderno sistema solar fotovoltaico, financiado con recursos propios por más de $1.900 millones, que contribuye a la generación de energía limpia, la reducción de costos operativos, la descarbonización del sector energético, y permite la formación especializada mediante dos entrenadores modulares para el aprendizaje en tecnologías solares.

La entidad también reportó un 90% de avance en el proyecto de ampliación del Centro Agroindustrial de Yopal, que fortalecerá la infraestructura educativa regional.

Finalmente, en transparencia y atención al ciudadano, el SENA respondió 2.441 peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias dentro de los tiempos establecidos. La ejecución presupuestal alcanzó niveles óptimos: 98% en 2024 y 87% en lo corrido de 2025, con 107 procesos de contratación desarrollados bajo criterios de eficiencia y transparencia.

El balance de gestión demuestra que el SENA Casanare continúa consolidándose como un motor de desarrollo para el departamento, impulsando la formación, la productividad, la innovación y las oportunidades para miles de ciudadanos.

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Alcaldía de Yopal presentó proyecto para corregir titulación en La Bendición y Alameda Marta Mojica

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La secretaria de Planeación de Yopal, Narda Consuelo Perilla, explicó las razones que motivaron la presentación de un proyecto de acuerdo al Concejo Municipal, que busca otorgar facultades al alcalde para adelantar un proceso de englobe y posterior desenglobe de los predios correspondientes a La Bendición y Alameda Marta Mojica, con el fin de corregir inconsistencias detectadas en la titulación.

Según la funcionaria, cuando se realizó la asignación inicial de los lotes no se adelantó un estudio de títulos profundo, situación que generó un inconveniente al momento de inscribir en la Oficina de Registro el Decreto 248, el cual fue rechazado. A partir de este hecho, la Administración Municipal, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, realizó el estudio detallado de los títulos y encontró varias imprecisiones jurídicas que obligan a reiniciar parte del proceso.

“Nos tocó hacer el estudio de títulos con el Ministerio de Vivienda y hallamos imprecisiones. Por eso debemos solicitar estas facultades, volver a asignar —a las mismas personas— y reiniciar el proceso de titulación”, indicó Perilla.

Aunque el trámite debe arrancar prácticamente desde cero, la Secretaría enfatizó que no se requiere adquirir nuevos predios, pues el trabajo se centrará en unificar (englobe) y luego dividir nuevamente (desenglobe) los terrenos para proceder con el registro correcto, expedir una nueva resolución de asignación y remitir finalmente los expedientes a escrituración.

Estaría listo entre marzo y abril

La funcionaria señaló que el proceso no es inmediato debido a los tiempos de registro, pero estima que la protocolización podría concretarse entre marzo y abril del próximo año, siempre que el Concejo otorgue las facultades solicitadas.

Respecto al impacto que este ajuste podría tener en otros proyectos vinculados a Alameda Marta Mojica, Perilla aseguró que no existe afectación en las iniciativas que avanzan de manera paralela. Añadió que una vez se consolide el procedimiento de La Bendición, Planeación Municipal revisará Alameda Marta Mojica y, si es necesario, se harán ajustes al plan parcial correspondiente.

La Secretaría destacó que el objetivo es garantizar un proceso de titulación seguro, transparente y sustentado jurídicamente para las familias beneficiarias, evitando futuros rechazos o irregularidades en la inscripción de los actos administrativos.

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