CASANARE
A través del diálogo, casanareños inciden en la política minera de Colombia
Entendiendo que el diálogo no es un fin como tal pero sí es el medio o camino, diversos miembros de organizaciones sociales, del sector privado empresarial y del gobierno departamental y municipales de Casanare, iniciaron su participación en el diálogo territorial minero energético En Casanare Todos Cabemos, el cual ha permitido que se empiece a construir una agenda de intereses comunes y, especialmente, conceptos de gobernanza y confianza.
Los encuentros correspondientes a este año tuvieron lugar entre junio y noviembre, los cuales arrojan como resultado la necesidad de consolidar inicialmente un proyecto concreto que permita el objetivo de formar el capital social o humano, el cual es fundamental para abordar las demás temáticas con sus complejidades.
Esta es una iniciativa conjunta del Ministerio de Minas y Energía, la Fundación Paz & Reconciliación –Pares-, y la Red Nacional de Programas de Desarrollo y Paz –Redprodepaz-, en la búsqueda de nuevas y mejores formas de relacionamiento entre las partes involucradas en el desarrollo regional, en este caso sobre el eje de la actividad minero energética.
Los actores allí reunidos empezaron el diálogo esta vez al derecho, es decir con la identificación y respeto por las diferencias del interlocutor, pero también las coincidencias que permitan avanzar hacia un mejor entorno y desarrollo para todos.
Para el coordinador de este proceso en Casanare, Enrique Galán, el diálogo es realmente eso cuando personas que no piensan igual aprenden a compartir espacios, solo así surgen cosas nuevas e interesantes, solo así se producen cambios; de otra manera, en el encuentro de solo individuos homogéneos no pasa mayor cosa a lo ya repetido.
El encuentro también fue un espacio propicio para suscribir un acuerdo de voluntades entre los múltiples actores. El documento reafirmó el compromiso de contribuir, a partir del diálogo, a la puesta en marcha de una agenda de desarrollo construida y validada colectivamente.
Posterior a ello, se pudo dar paso a la identificación de las múltiples necesidades a corto, mediano y largo plazo para la región, tendiente a un desarrollo sostenible en el que todos cabemos y abarca contenidos como la diversificación productiva, el medio ambiente, y el mismo sector minero-energético.
Y aunque se identificó que en Casanare, al igual que otras regiones, se tienen problemas de carácter institucional y político, económicos, ambientales y sociales, se decidió que la prioridad a atender es la del desarrollo de capital social, con énfasis en la reconstrucción de principios y valores (códigos de ética) que permitan el acercamiento de individuos o de organizaciones para generar acción colectiva de organizaciones y redes.
Se ha planteado que, para el año que viene, se adelante un trabajo serio y profundo en este sentido para, de esta manera, facilitar el abordaje de los diálogos pendientes, en donde debe primar la inclusión y multiplicidad de voces de los actores sociales, institucionales y empresariales.
Fuente: Comunicaciones Redprodepaz
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
