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REGIÓN

Casanare y Meta en riesgo de protestas, disturbios o asonadas en el marco de las elecciones territoriales

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Debido a diversos factores de riesgo que podrían generar alteraciones del orden público en 133 municipios de 24 departamentos, incluida la capital del país, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó su preocupación ante lo que podría ser el escalamiento de la conflictividad social en el marco del proceso electoral, durante o después de la jornada democrática que se avecina.

“De acuerdo con información acopiada por nuestro Observatorio de Conflictividad Social, identificamos que podrían suceder actos de perturbación al certamen democrático y alteraciones del orden público por una posible inconformidad de ciudadanos con los resultados electorales de este 29 de octubre. Esto, de ser así, derivaría en manifestaciones o protestas, disturbios y asonadas”, indicó el Defensor del Pueblo durante la presentación del informe de advertencia sobre riesgos de posibles escenarios de conflictividad social en el desarrollo de las elecciones territoriales.

Los 12 departamentos con más municipios en riesgo son Bolívar (13); Antioquia y Chocó (11 cada uno); Sucre y Magdalena (nueve cada uno); Caldas, Meta y Córdoba (siete cada uno), y Santander, Cauca, La Guajira y Boyacá (seis cada uno). Les siguen Norte de Santander (cinco); Cundinamarca, Nariño, Huila y Atlántico (cuatro cada uno); Casanare y Cesar (tres cada uno); Caquetá, Risaralda y Valle del Cauca (dos cada uno), y Guaviare y Tolima (uno cada departamento).

Para el caso de Bogotá, revisten riesgo las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz (en el sur de la ciudad), Kennedy (suroccidente) y Suba (noroccidente).

Los principales factores de riesgo a tener en cuenta para prever el escalamiento de la conflictividad electoral a situaciones de violencia durante la jornada democrática son:

1) Las irregularidades electorales, como el incremento atípico de inscripción de cédulas y trashumancia electoral.
2) Antecedentes de protestas, disturbios y asonadas en las elecciones regionales del 2011, 2015 y 2019.
3) Las movilizaciones, manifestaciones o plantones previos al certamen electoral, que durante los primeros nueve meses del 2023 aumentaron 26% en relación con el mismo periodo del año pasado.
4) Resoluciones sobre solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos, falta de confianza en las instituciones y en el proceso electoral.
5) La polarización política y pugnacidad entre las campañas.

Eventos de conflictividad previos al certamen electoral

En lo corrido del año, y en el desarrollo de las actuales campañas, se han presentado distintos tipos de expresiones y manifestaciones sociales. Este tipo de acciones tiene incidencia en la polarización social y política y puede, en el desarrollo de los comicios o posteriormente a ellos, repercutir en el reconocimiento de los resultados.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, titulado ‘Advertencia de riesgo de protestas, disturbios y/o asonadas en el marco de las elecciones del 29 de octubre de 2023’, se registraron 11 manifestaciones relacionadas específicamente con las elecciones en los departamentos de Atlántico, Valle de Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Casanare, Cesar, entre otros.

Estos casos se suman a los 1252 conflictos sociales registrados entre enero y septiembre de este año, lo cual significó un incremento del 26% en comparación con el mismo periodo del 2022, cuando fueron reportados 990 eventos de la mencionada naturaleza.

Pugnacidad entre campañas, candidatos y partidos

El aumento de tensiones sociales derivadas de ataques entre y hacia candidatos y movimientos políticos podría desencadenar en hechos de violencia durante o después de la jornada democrática. Un posible fraude por margen menor de votos sería un detonante de un episodio de violencia.

La Defensoría ha conocido y observado con preocupación los continuos ataques entre y hacia los candidatos en los departamentos de Santander, Córdoba y Casanare, y en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bogotá, además de otras ciudades. A ello se suman discursos que tienen como propósito deslegitimar el rol de los organismos electorales.

Recomendaciones a entidades y autoridades

El llamado de la institución nacional garante de los derechos humanos es a que tanto autoridades electorales y administrativas como la fuerza pública adopten medidas de prevención. “El fin primordial es evitar hechos que afecten la vida, integridad y libertad de los ciudadanos, como también es esencial evitar situaciones que vulneren los derechos a elegir y ser elegido”, señaló Carlos Camargo Assis.

En tal sentido, la Defensoría del Pueblo recomienda:

1) A los ministerios del Interior y Defensa y a la fuerza pública, en el desarrollo del Plan Democracia, implementar medidas de contingencia que permitan prevenir posibles alteraciones del orden público durante y después de los comicios.
2) Al Ministerio del Interior, poner en marcha canales de comunicación para abordar eficazmente cualquier eventualidad que se pueda llegar a presentar y amenace la jornada de elecciones, el preconteo de votos y los escrutinios.
3) A la fuerza pública, trabajar en el refuerzo de los dispositivos de seguridad de los puestos de votación y sedes de la Registraduría Nacional, alcaldías y otras edificaciones y bienes públicos que pudieran resultar afectados por eventuales asonadas o disturbios.
4) A los candidatos, partidos y movimientos políticos, utilizar los mecanismos legales para interponer las respectivas denuncias de delitos o irregularidades electorales, y no incentivar o promover que sus militantes y seguidores recurran a la violencia o a acciones que alteren el normal desarrollo de la jornada y sus resultados.

Fuente: Defensoría del Pueblo

REGIÓN

Investigan a exgobernador de Arauca por irregularidades en proyecto financiado con regalías

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, (2019 – 2021), Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles.

Los mencionados son todos miembros del Órgano Colegiado de Decisión, OCAD Paz, por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de Regalías por $7.152 millones.

De acuerdo con la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, sin que al parecer contara con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyectos de regalías, de solo 18%, factores que hacían inviable su designación.

Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público a la administración municipal de Miranda Cauca están: el estudio previo realizado al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social para proponerlo como ejecutor del proyecto y una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia con las que este fue presentado ante el Ocad Paz.

También a la dirección del Fondo Mixto se le solicitó certificar las calidades técnicas con las que contaba al momento de asumir la ejecución de la obra, allegar las hojas de vida del personal (ingenieros civiles y de vías, arquitectos, geólogos y otros profesionales) dispuesto para cumplir con los términos del contrato y los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021, entre otras.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

 

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REGIÓN

En cementerio de Villavicencio hallaron restos de joven desaparecida hace más de 20 años

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Después de 22 años de una persistente búsqueda, la familia de Leidy Johana Pedreros recibió su cuerpo en un entrega digna realizada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) en articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por su parte, la Alcaldía de San Luis de Gaceno y la Gobernación de Boyacá acompañaron a dar el último adiós de esta joven.

Leidy Johana se convirtió en mamá a los 15 años. Ella y su pequeña hija vivían junto con su madre y sus hermanos en una zona rural del Guaviare, donde se habían establecido para vivir. Hilda Díaz, madre de la joven, recuerda que el 20 de enero de 2002 su hija desapareció.

A partir de esa fecha, Hilda se hizo cargo de su nieta, quien apenas tenía 15 meses de nacida. En los siguientes años, intentó rehacer su vida. Sin embargo, se vio nuevamente afectada por hechos relacionados al conflicto armado: fue víctima de abusos, secuestro y desplazamiento forzado.

Para salvaguardar su vida y la de sus tres pequeños, ella abandonó su hogar junto con su familia. Huyeron en medio de la noche, llevando consigo solo la ropa que tenían puesta. Se escondieron en un camión, entre canastas de envases y cerdos. Aunque Hilda pensó volver a San Luis de Gaceno, en Boyacá, donde nació y vive el resto de su familia, se enteró de que allí había presencia de grupos armados al margen de la ley, por lo que decidió establecerse en Tunja.

En 2011, Hilda recibió una llamada de un número desconocido. Para sorpresa suya, era Leidy Johana. “Volvimos a tener noticias de ella porque me llamó y me dijo que estaba en un sitio donde era imposible la comunicación. Me alcanzó a decir que le cuidara mucho a la niña. Fueron dos minutos de conversación y nunca más”.

No recibió más noticias de Hilda, por lo que decidió involucrarse en procesos de defensa por los derechos humanos y participar en comités, mesas de participación efectivas de víctimas, organizaciones y grupos de buscadoras y buscadores para hacer visible la desaparición de su hija y encontrarla.

Ese camino la convirtió en una lideresa de apoyo y soporte para otras víctimas del conflicto armado que siempre conserven viva la esperanza, como lo hizo ella por más de dos décadas. Pese a los escasos recursos y gracias a rifas y apoyos económicos, Hilda viajaba a cualquier lugar donde podría encontrar a Leidy Johana. “Buscaba la verdad porque no sabía nada de mi hija, eran años de incertidumbre. Por lo menos yo quería saber si estaba viva o muerta”, recuerda.

Para 2016, se compró un celular. Sin saberlo manejar muy bien, lo utilizó para llegar hasta la zona veredal de Mesetas, en el Meta, donde indagó, tomó fotografías y recogió información valiosa para la búsqueda. En ese año se firmó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc. En ese mismo viaje, ella se entrevistó con alguien que conoció a su hija y quien le confirmó que Leidy Johana había muerto en 2012 en zona rural de Vista Hermosa, también en el Meta.

A partir de allí, Hilda estuvo indagando de la mano de las entidades del Sistema Integral de Paz: la Comisión de la Verdad, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda (UBPD). Igualmente, logró acercamientos con la Corporación Humanitaria Reencuentros, que también participa en procesos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Sus aportes de información fueron valiosos para la investigación humanitaria y extrajudicial en el caso de Leidy Johana.

Posterior a la documentación del caso, se realizaron las muestras genéticas para cotejar el ADN. Luego, en una articulación con la Corporación Humanitaria Reencuentros, se realizó en el Cementerio Central de Villavicencio la localización y exhumación del cuerpo de Leidy Johana, el cual fue enviado al Instituto de Medicina Legal para su identificación.

La cita para la entrega digna del cuerpo de Leidy Johana fue en San Luis de Gaceno, en Boyacá. Hasta ese municipio llegó Hilda junto con su nieta, a quien considera también su hija. Así fue como Leidy Johana volvió al seno de su hogar tras 22 años de búsqueda.

Carolina Olmos, coordinadora de la UBPD en el Casanare, entregó un reconocimiento a la madre y la hija de Leidy Johana por su incansable búsqueda que duró más de dos décadas. Olmos también enfatizó en la misionalidad de la Unidad de Búsqueda: no descansar hasta encontrar a todas las personas desaparecidas en Colombia.

La familia dio sepultura a Leidy Johana, de quien su hija no tiene recuerdos y a quien ha podido conocer a través de su abuela. Después de la eucaristía, todas y todos caminaron por las calles de San Luis de Gaceno, vestían camisetas con la foto de la joven y cargaban un parlante por el que sonaba la canción ‘Los caminos de la vida’, esa misma que siempre tarareaba Leidy Johana en vida.

Fuente:  Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD)

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REGIÓN

Dos municipios de Boyacá deben inmunizar a toda su población contra la fiebre amarilla

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vacuna aplicar

El Ministerio de Salud emitió una alerta en Colombia por fiebre amarilla como consecuencia de algunos casos que se presentaron en Putumayo a principio de año.

Se trata de una enfermedad que se propaga por un mosquito y que puede causar fiebre, dolor de cabeza, náuseas, trastornos renales, hepáticos y cardíacos fatales. Para evitarla se recomienda vacunarse una única vez en la vida.

“Solo en dos municipios de Boyacá se necesita vacunar a todas las personas entre 1 y 59 años. Se trata de Páez y Paya, debido a que localidades de departamentos vecinos que limitan con estas poblaciones han reportado en casos positivos años anteriores”, informó Sandra Milena Antolinez Aunta, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del departamento, quien subrayó que en todo el territorio se deben inmunizar a los niños y niñas de 18 meses.

La Secretaría de Salud de la Boyacá hace un llamado a que todos los boyacenses revisen su esquema de vacunación y si nunca se han vacunado contra la fiebre amarilla acudan al puesto de vacunación más cercano. Este biológico es gratuito y hace parte del esquema regular de todos los colombianos.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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